Los propietarios de los amarres de los puertos deportivos del puerto de Ibiza no lo son. En realidad sólo tienen la concesión. Una concesión entregada en su día al exclusivo Club Náutico de Ibiza y del cual ahora termina su concesión. Según estipula la ley, tocaría abrir una convocatoria pública, pero los socios del Club Náutico, entre los que se encuentran empresarios como Abel Matutes, exministro del Partido Popular y empresario de una de las transnacionales hoteleras con sede balear, no aceptan esta situación. Forzando la legalidad vigente están viendo cómo convertir una concesión de una infraestructura turística pública en propiedad “de facto”. Precisamente, y no por casualidad, el Partido Popular encabeza la presión política necesaria para llevar a cabo este proceso.
A continuación reproducimos varios artículos publicados en diferentes medios de comunicación que explican esta polémica.
Guillermo Sánchez Vega. Cinco Días. 14/12/2009
El Real Club Náutico de Ibiza se ha situado en el centro de la polémica en la isla balear. La concesión con que cuenta la institución fundada en 1925 para gestionar los muelles de amarre vencerá en octubre de 2010, tras expirar el plazo de 40 años que se le concedió en 1970. En este caso, la legislación vigente obliga a que la Autoridad Portuaria de Baleares, el dueño de las instalaciones, abra un concurso público al que puedan optar todos los inversores que lo deseen. Incluido el propio Club Náutico de Ibiza.
La posibilidad, sin embargo, de que haya un concurso que puedan perder y que suponga desalojar unas instalaciones que han venido explotando desde 1927 -fecha de la primera concesión- ha alarmado a los socios y ha generado un debate inusitado en el archipiélago. Y la polémica ha llegado al Congreso de los Diputados de la mano del PP.
Petición
El club presentó en agosto pasado una solicitud para que se le prorrogue la concesión. El Grupo Popular, por su parte, registró en octubre una proposición no de ley para tratar de aprovechar la única vía legal que se ha abierto para evitar que el temido concurso le pueda despojar de la razón de ser del club: que el Náutico de Ibiza sea declarado de interés estratégico y relevante para el Puerto de la isla, tal y como se recoge en la Ley del Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General. De aprobarse, este caso podría abrir un precedente para otros clubes alojados dentro de puertos nacionales.
Las instalaciones no sólo sirven como sociedad deportiva dedicada a la vela y al amarre de yates de recreo, aseguran los baleares. Además, funciona como club social que cuenta entre sus afiliados con destacados empresarios de la isla, entre ellos el ex ministro Abel Matutes, según aseguran fuentes conocedoras. Su presidente, Julián Vilás Ferrer, es el administrador de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, además de gestionar dos inmobiliarias (Espartar y Gaxespar) y otras cuatro sociedades más.
"El club ha representado todos estos años el eje de la vida social, incluso para aquellos que no tenían barco", afirmó el diputado del PP por el Partido Popular, Enrique Fajarnés, quien calificó de "grave hecho" la posibilidad de que se pueda abrir un concurso público. "El club es el único agente social que se ha preocupado por promover y potenciar las actividades náuticas".
Según la proposición no de ley del PP, "el aprovechamiento mercantil podría estar por encima del interés social y romper con más de 80 años de historia". El Grupo Socialista rehusó explicar su posición ante el asunto. La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados tiene previsto estudiar el caso el próximo miércoles 16 de diciembre. El Consejo Insular de Ibiza y el Parlamento regional aprobaron recientemente por unanimidad sendas mociones que respaldan la prórroga.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Jiménez de Cisneros recibió el encargo de una de las partes de dar su opinión sobre si el Club Náutico de Ibiza tiene derecho a una nueva prórroga y si la Autoridad Portuaria de Baleares puede eludir convocar un concurso y prorrogar la concesión. En opinión del catedrático, desde un punto de vista legal, no puede caber "ninguna duda sobre la obligatoriedad de convocar el concurso" al que se opone el club y el PP, y asegura que en ningún caso las actividades del club náutico pueden considerarse de interés estratégico.
El Preferente. 14/12/2009
El Club Náutico de Ibiza, titular de la concesión para gestionar los muelles de amarre, está en el centro de la polémica. La concesión vencerá en octubre de 2010, tras expirar el plazo de 40 años que se le concedió en 1970. La legislación obliga a la Autoridad Portuaria de Baleares a abrir un concurso público al que puedan optar todos los inversores que lo deseen. Sin embargo, ante la posibilidad de perder el concurso, el club presentó en agosto una solicitud para que se eluda esta figura y se prorrogue su concesión.
La situación ha generado un fuerte debate. El Grupo Popular en el Congreso presentó en octubre una proposición no de Ley para que el club sea declarado de interés estratégico y relevante para el puerto, al amparo de la Ley del Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General. De aprobarse, este caso abriría un precedente para otros clubes alojados dentro de puertos nacionales.
El ibicenco Enrique Fajarnés, diputado nacional del PP, defiende que el club es el único agente social que se ha preocupado de potenciar las actividades náuticas. Según el texto de la iniciativa parlamentaria, el aprovechamiento mercantil podría estar por encima del interés social y supondría romper con más de 80 años de historia. La Comisión de Fomento del Congreso estudiará el caso el 16 de diciembre.
Baleares cuenta ya con un precedente de una instalación gestionada por un club privado que salió a concurso tras vencer la concesión pese a la resistencia de buena parte de la sociedad. Se trata del Club Marítimo de Mahón (Menorca). En agosto de 2008, la Autoridad Portuaria adjudicó a Trapsa Yates (filial de Marsans) la gestión de los muelles durante 14 años, con una inversión de 3,4 millones para 155 amarres. La adjudicación no fue bien recibida por muchos usuarios. Las tarifas se han encarecido y los propietarios de embarcaciones menores de diez metros se han quedado sin plaza.
Diciembre de 2009