Pocos sectores económicos reciben tantos beneficios del sector público (es decir, de toda la ciudadanía) como el sector turístico: impuestos bajos o inexistentes (el combustible de los aviones comerciales que realizan vuelos internacionales, por ejemplo, no paga ni un céntimo en impuestos), prerrogativas medioambientales (igualmente, la contaminación aérea no está incluida en los acuerdos de Kyoto de reducción de CO2), y ayudas de todo tipo. La última es que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido préstamos por 157 millones de euros para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas. Un esfuerzo que pagarán todos los españoles. Si para mantener unos sectores, el de la construcción y el hotelero, caracterizados por ofrecer trabajos en pésimas condiciones laborales y generar una fuerte dependencia de la economía nacional, hay que destinar tantos recursos públicos, alguien en ese ministerio tendría que hacer números: tal vez las cuentas no salen.
A continuación reproducimos un artículo publicado en el diario económico Cinco Días que explica este tema. Y a continuación, otro publicado en el diario Público que explica como el sector de la construcción español, que creció a la sombra del desarrollo turístico, no tiene suficiente con estas medidas y pide más abogando al “derecho de la vivienda”, que precisamente ellos llegaron a establecer en unos precios inalcanzables para la mayoría de la población.
Cinco Días. 15/04/2009
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido préstamos por valor de 157 millones de euros, con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (Fomit), a 65 municipios de once comunidades autónomas para la modernización de sus infraestructuras turísticas.
Esta medida tiene como objetivo potenciar actuaciones que cuenten con la participación activa del resto de administraciones territoriales y del sector privado, según explicó en un comunicado el Ministerio, que además destacó que la presente convocatoria ha sido la de "mayor presupuesto" desde que en 2005 se pusiera en marcha la iniciativa.
Por Comunidades, Cataluña cuenta con el mayor número de proyectos (27), con un importe total de 83,6 millones de euros, el 53,58% del total. Le sigue Andalucía, con 14 proyectos valorados en 28,1 millones de euros, el 18% del total, y Comunidad Valenciana, con siete proyectos por importe de 16,5 millones de euros, el 10% del total.
El archipiélago canario emprenderá tres proyectos por un importe de 11,3 millones de euros (7% del total), mientras que Castilla y León destinará 2,7 millones de euros a la ejecución de otros cuatro; Extremadura 5,4 millones de euros a tres proyectos; y Baleares 2,89 millones de euros a tres proyectos.
Por su parte, Castilla La Mancha realizará dos proyectos por un importe de 2,4 millones de euros; Asturias uno por valor de 2,6 millones de euros, mientras que Murcia y Galicia, contarán con un proyecto cada una de 930.000 euros y 700.000 euros, respectivamente.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio recordó que en las cuatro convocatorias resueltas con anterioridad se aprobaron un total de 421 millones de euros, repartidos entre 73,1 millones en 2005, 80 millones en 2006 y 110,7 millones en 2007.
El Fomit es un instrumento de colaboración entre las administraciones y el sector privado para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria turística. Son susceptibles de financiación con cargo a este fondo actuaciones en infraestructuras, como adecuación de paseos marítimos o planes de accesibilidad, la instalación de contenedores soterrados, o la modificación del alumbrado público.
Para la próxima convocatoria (2009), que se presentará en los próximos meses y se resolverá en marzo de 2010, el Gobierno ha eliminado el tope de población de 100.000 habitantes exigido a los municipios para poder acceder a los préstamos y ha aumentado desde seis millones hasta 25 millones de euros el volumen de estos créditos para determinados solicitantes.
El Ejecutivo aprobó el pasado mes de noviembre un Real Decreto para flexibilizar el acceso a esta fuente de financiación a todo tipo de destinos turísticos maduros, tanto por razones de equidad como por el efecto demostración que puedan tener las actuaciones financiadas en municipios de mayor dimensión.
Público. 17/4/2009
Pretenden que el Gobierno central, los autonómicos y los ayuntamientos gasten parte de sus dotaciones para sacarles de la crisis.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) propone que el Estado adquiera pisos de los que hay en 'stock', y que a cierre de año ascenderá a 796.395 unidades, a través de una oferta pública, similar a la de Sepes con el suelo. Pero desde el Ejecutivo central no se baraja esta posibilidad, es más la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, se ha apresurado en comunicar que "desde el Gobierno no se va a comprar el 'stock' existente" de los promotores. Por otro lado los promotores inmobiliarios advirtieron hoy de que bancos y cajas pueden incurrir en "competencia desleal" por vender los pisos con que se quedan por impagos de deudas de forma directa o mediante la creación de sociedades, fundamentalmente si lo hacen con determinadas condiciones en cuanto a precio o financiación.
La APCE solicitó la intervención del Estado para drenar el 'stock' de casi 800.000 pisos sin vender que se estima habrá a finales de este año. Para ello apelaron al derecho constitucional a una vivienda digna.
La patronal propone crear por las distintas administraciones una sociedad pública que se quede con parte de estos pisos para realizar política de vivienda, esto es, para venderlos o alquilaros.
APCE reiteró que drenar los pisos terminados sin vender es el punto de partida para la recuperación del sector y la generación de empleo. Según sus datos, la caída en la construcción de nuevos pisos en 2008 y 2009 supondrá la destrucción de casi un millón de empleos, mientras que mantener el actual 'stock' de pisos supone un coste para el sector de unos 4.600 millones de euros.
Desde el Ministerio se insiste en que "no se ha planteado en ningún momento la compra del stock existente"
Desde el Ministerio se insiste en que "no se ha planteado en ningún momento la compra del stock existente" y se asegura que el Ejecutivo jamás ha barajado esa posibilidad. La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero indicó que "les hemos puesto en bandeja una serie de medidas" para que conviertan la vivienda libre en protegida y dar así salida al stock, algo que "deben aprovechar y no dejar pasar".
Apuesta por el alquiler
En cualquier caso, Romero instó también a levantar la vista más allá del mercado de compraventa e indicó que es necesario "empezar a apostar por el alquiler", ya que "puede ser una buena solución" para el problema del 'stock'.
Según justificó el presidente de la APCE, José Manuel Galindo, el coste para el Estado de la compra de pisos sería muy bajo, ya que no supondría presupuestar cantidad alguna y sólo sería necesario subrogar el préstamo. Así, supondría riesgo pero no gasto para el Estado. Además, las entidades, según Galindo, estarían "encantadas", pues el riesgo del promotor de bancos y cajas pasa a ser "garantía" del Estado.
Para Galindo, su propuesta permitiría atender de vez a un conjunto de intereses: dar salida a un 'stock' "injusto desde el punto de vista social e ineficiente económicamente", eliminar riesgo a los bancos, prestar política social de vivienda y ayudar a las empresas inmobiliarias y, por ende, al empleo.
El presidente de la patronal reconoció que por parte del Gobierno por el momento "no ha habido receptividad", aunque insistió en el fin social de la medida.
Abril de 2009