El Estado argentino ha recuperado su compañía aérea de bandera, que fue en su día malvendida durante el infausto gobierno de Carlos Saul Menem. Termina, así, un proceso de 18 años que ha demostrado, de nuevo, que las privatizaciones de los bienes públicos ni mejoran la eficiencia de estos bienes ni genera beneficios para la ciuadadanía.
A finales de 1990, Aereolineas Argentinas facturaba 1.600 millones de dólares al año y tenía ganancias netas estimadas en 90 millones de dólares. Sin ninguna deuda (el Estado argentino asumió los 700 millones de deuda acumulados) y en estas óptimas condiciones de funcionamiento, la compañía argentina pasó a manos de la empresa pública española Iberia, en el proceso de privatizaciones que vendió media América Latina al capital internacional, y que con tanto afán se aplicó en la Argentina gobernada por Carlos Saul Menem.
Iberia se comprometió a pagar 260 millones de dólares y 1.610 millones en títulos de la deuda argentina en pago… cuando estos títulos se cotizaban al 20% en el mercado internacional. En otras palabras, Iberia se “ahorró” aproximadamente un 70% del precio tasado por la empresa: compró deuda pública argentina en las bolsas internacionales y con ella pagó al Estado argentino por el 100% de su valor nominal. Además, una extraña cláusula del contrato permitió a Iberia cargar en el pasivo de Aerolíneas la deuda contraída para comprarla. Así, en el primer año de administración privada la compañía tenía ya 550 millones de pasivo.
A partir de ahí, la historia de la, en tiempos, floreciente Aerolineas Argentinas, ha sido la de una larga crisis: en 1994, aún propiedad de Iberia, acabó en la bancarrota; pasa a manos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, un ente público de participaciones industriales del Estado español; a finales de los ’90, la empresa volvía al borde de la bancarrota, y el Estado español se lo intenta vender a American Airlines, sin éxito; en el 2001 hace suspensión de pagos; ese mismo año es adquirida por un consorcio de empresas españolas en cabezado por la multinacional española Grupo Marsans, iniciando un periodo en el que se ha mantenido esta tónica de funcionamiento.
Hoy, la empresa especializada española explica el proceso poco menos que como un robo del Estado argentino a una decente empresa española… que no pagaba a sus trabajadores y que cancelaba decenas de vuelos sin explicación alguna. Paciencia.
Lo cierto es que América Latina parece que está dejando de ser esa frontera salvaje del que las transnacionales turísticas de capital español han sabido sacar tanto provecho en los últimos 15 o 20 años. Los problemas de Riu en Jamaica, de Barceló en Nicaragua, de Occidental en Costa Rica, y ahora de Marsans en Argentina, lo pone en evidencia.
Reproducimos algunos artículos periodísticos que narran el último capítulo de esta telenovela.
Clarin. 17 de julio de 2008
El Gobierno anunció ayer la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, a casi 18 años desde su privatización por parte de Carlos Menem. El Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, firmó un acta acuerdo con el actual propietario, el grupo español Marsans, en la que establecieron un período de dos meses durante el cual Aerolíneas será gerenciada por una Consejo de Transición mixta, de cinco integrantes, encabezada por el ex intendente de La Plata y actual director de la empresa en representación del Estado, Julio Alak.
El día 61, el Estado recibirá el 94,41% de Aerolíneas y 97% de Austral, que suman pasivos por 890 millones de dólares, según admitió Marsans el martes ante el juez Jorge Sícoli. Las dos empresas vienen perdiendo desde comienzos de este año unos 30 millones de dólares mensuales.
"Todos conocemos la grave situación por la que atraviesan" dijo Jaime, durante el anuncio en el piso 10 del Palacio de Hacienda. "Es un paso importantísimo que estamos dando desde el Gobierno nacional para que estas empresas sigan volando en nuestro territorio y en el exterior", señaló el funcionario, que dijo que además dará participación a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Precisó que Aerolíneas y Austral serán "puestas en valor y capitalizadas" y que recién luego "veremos si transferimos o no parte del paquete accionario al capital privado". Por la noche, la presidenta Cristina Kirchner dijo que se llamará a una licitación "nacional e internacional".
El lunes el acuerdo será firmado por el Ministro de Planificación, Julio De Vido, y los dueños de Marsans, los españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán. Pero ayer mismo comenzó la cuenta de 60 días para establecer la transición, encabezada por Alak, dos delegados del Estado y dos de Marsans. Hasta anoche, además de Alak, sólo había sido confirmada en esa comisión la actual directora de Aerolínas por el Estado, Vilma Castillo. El tercer integrante del Estado sería un abogado especialista en derecho administrativo.
Sólo en la última semana, el Estado ya asignó US$ 34 millones para pagar sueldos, combustible, cuotas de alquiler y repuestos. Las dos empresas tienen dos tercios de sus aviones sin volar. Clarín preguntó a Jaime si sabe cuánto deberá poner el Estado en los próximos dos meses sólo para gastos operativos. "Es algo que deberá estimar el Consejo", respondió.
Jaime fue reiteradamente acusado por "hostigamiento" por parte de Marsans, y en más de una ocasión el funcionario acusó a Marsans de haber "incumplido" compromisos de inversión. Esos reproches quedaron fuera de la redacción del acuerdo de cuatro carillas, que negoció el delegado de Marsans, Vicente Muñoz con Jaime y funcionarios de Planificación. Establecieron que Marsans contratará a una consultora para valuar a Aerolíneas y Austral, en tanto el Estado lo hará a través del Tribunal de Tasaciones. Si hubiera diferencias, se contratará una tercera consultora "de prestigio internacional". Evitaron cuidadosamente mencionar si el Estado terminará o no pagando a Marsans por la cesión de acciones. Tampoco se mencionó el acuerdo de asociación que Marsans había anunciado en abril con el dueño de Buquebús, Juan López Mena.
La incorporación de López Mena, ahora aparentemente en suspenso, fue una gestión solicitada desde Transportes al titular de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez. El empresario, quien horas más tarde sería el anfitrión de Cristina Kirchner en Chaco, estuvo también por la mañana en el Palacio de Hacienda. "Los 200 millones de dólares que el Estado desembolsará en Aerolíneas estos meses -estimó ante este diario- se compensarán por los 10.000 millones de dólares que ingresarán por los turistas que llegarán con las empresas saneadas".
El Periodico de Catalunya. 15 de julio de 2008
El Gobierno argentino y el Grupo Marsans comenzaron a negociar la transferencia al Estado del 94,6% de las acciones de Aerolíneas Argentinas (AA) y del 97% de Austral en manos de la empresa española. Entre ambas tienen el 80% del negocio local. El fantasma de la expropiación sobrevuela unas discusiones que, según advierte la prensa local, dejarán su huella en los vínculos entre los dos países.
AA quedó de hecho a las puertas de la nacionalización después de que la secretaría de Transporte pidiera la intervención judicial de una compañía que en las últimas horas había cancelado decenas de vuelos, provocando enormes trastornos a los pasajeros. El representante del Estado en AA, Julio Alak, dijo el domingo que la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a tomar el control "para garantizar el servicio y las fuentes de trabajo".
EMISARIOS DE LOS ACCIONISTAS
"Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán no piensan volver a Argentina. Dicen, en reuniones reservadas, que el grupo fue expulsado del país", señaló el diario La Nacion, citando fuentes de la compañía. En su lugar, ha llegado a Buenos Aires Víctor Muñoz para reunirse con el ala dura del Gobierno: el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El valor de las acciones de AA y el método que se utilizará para realizar la transferencia tendrán prioridad en la espinosa agenda que se aborda estos días.
Pero esos no serán los únicos asuntos a resolver. Las autoridades políticas argentinas exigieron a Marsans que se abstenga de nombrar a un gerente general en esta nueva etapa de AA y que, en el documento de venta, deje a su vez constancia de que se desprende de las acciones debido a los problemas que enfrentaba el grupo debido a la mala gestión, un punto en el que el grupo español no quiere ceder por lo que puede suponer de cara al futuro desde el punto de vista legal.
El valor de la compañía es motivo de controversia. Los dueños actuales de AA estiman que existe una deuda de 151 millones de euros. El Gobierno la calcula en 561 millones. El precio de Austral, que domina los vuelos de mercancías, sería de 252 millones. Para fijar los números reales intervendrá un tribunal de tasación y una firma privada designada por Marsans. Si persiste la diferencia, intervendrá un agente neutral.
La crisis de AA se aceleró en los últimos días cuando el Grupo Marsans no pudo obtener respaldo crediticio de los bancos Nación y Galicia (privado) para pagar la nómina de junio de los empleados. La empresa sostiene que se le "cortó la financiación" en momentos en que sus condiciones económicas habían mejorado tras la aplicación de un incremento de tarifas. Desde su punto de vista, la respuesta negativa de los bancos no puede ser casual. Tampoco lo han sido las constantes presiones en contra de los sindicatos en todos estos años de gestión empresarial.
Durante el Gobierno de Néstor Kirchner, el Estado recuperó el servicio postal y el del agua potable, parte del negocio aeroportuario y de los ferrocarriles. La nacionalización de AA le toca ahora a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Cerca de la mandataria se oyen algunas voces a favor de una nueva privatización.
VICTORIA POLÍTICA
Pero, mientras eso no suceda, la vuelta de AA al Estado será presentada como una gran victoria política. Algo así como un desagravio que se remonta al año 91, cuando, durante el Gobierno de Carlos Menem, Iberia adquirió la compañía aérea. Más tarde la cedió, no sin antes hacerse cargo de 700 millones de deuda acumulados.
Julio de 2008