Tal como informamos en días pasados, continúa en Nicaragua el conflicto suscitado por la orden de embargo contra el Hotel Barceló Montelimar, ubicado en el municipio de San Rafael del Sur y propiedad del Grupo Barceló, de capital español. El pasado 28 de mayo de 2008, representantes del Grupo Barceló ofrecieron una rueda de prensa en la Cámara de Comercio Española – Nicaragüense en Managua en la que argumentaron que no debían nada al Estado nicaragüense, según el contrato firmado en 1993. Por su parte, el Procurador General de la República, Hermán Estrada, hizo público un comunicado de prensa el 4 de junio y, en declaraciones a los medios, contradijo los argumentos del Grupo Barceló. Por su parte, las autoridades españolas en Nicaragua, a través de su embajador, Antonio Pérez Hernández, siguen en lo que ha sido la tónica de su actuación en el exterior: defender los intereses del capital español sin atender a otras razones. A continuación adjuntamos varios de los documentos que dan cuenta de la evolución del conflicto.
Por Giorgio Truchi, Rel-UITA, 5 de junio de 2008
La Procuraduría General de la República (PGR) decidió ejecutar un secuestro preventivo del complejo turístico Barceló Montelimar, propiedad del Grupo Barceló, por una deuda que la transnacional española vendría arrastrando desde que, en 1993, el Estado le vendió lo que se conocía como Complejo Turístico Montelimar.
Después de la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, que terminó con el período del gobierno revolucionario que había tomado el poder en 1979 derrotando por medio de la lucha armada a la dinastía de los Somoza, comenzó un rápido, y a veces poco claro, proceso de privatización de las más de 350 empresas estatales que existían en el país.
Con el Acuerdo Presidencial No 102-93 del 5 de mayo de 1993, la entonces Presidenta de la República, Violeta Barrios de Chamorro, acogió la propuesta presentada por la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), dictando la autorización para negociar y ejecutar la privatización del Complejo Turístico Montelimar, que en aquel entonces estaba bajo el control y administración del Estado por medio de la Empresa Hoteles Internacionales SA (HOTELINSA).
Ese complejo turístico está asentado en un lote de terreno de 209 hectáreas que fue desmembrado del fondo principal, constituido por una finca de 4.983 hectáreas que se encuentra en el municipio de San Rafael del Sur, en la costa sobre el Pacífico, a 65 kilómetros de Managua, y que estaba bajo dominio y posesión del Estado por medio de la confiscación de todos los bienes, los derechos y acciones de la Sociedad Empresa Azucarera Montelimar SA, propiedad de la familia Somoza.
Negocio claro, cuentas turbias
El 18 de mayo de 1993, el Estado nicaragüense vendió ese lote, con todos los bienes muebles e inmuebles existentes, a Auxiliar SA o Grupo Barceló, por la exigua cantidad de 3 millones de dólares, al mismo tiempo que la empresa española reconocía “tener un saldo del precio de venta a favor del vendedor HOTELINSA, el que se compromete a pagar en diez cuotas anuales consecutivas (…), que se determinarán en función del porcentaje de ocupación de las instalaciones existentes a la fecha de este contrato”, cita textualmente la escritura de compraventa.
Según lo acordado en la escritura, el Grupo Barceló iba a gozar de tres años de gracia, comenzando a pagar sus cuotas a partir del cuarto año desde la firma del contrato y por diez años consecutivos, terminando sus pagos eventuales en 2006.
El pago de cada cuota dependía del porcentaje de ocupación alcanzado, estableciendo un mínimo del 65 por ciento para el primero y segundo año y del 60 por ciento para los restantes ocho.
El valor de las cuotas variaban según el porcentaje alcanzado, e iban desde un mínimo de 50 mil dólares a un máximo de 250 mil, y ese porcentaje de ocupación debía ser verificado cada año por una firma de auditores internacionalmente reconocida y registrada en Nicaragua, a opción de Auxiliar SA. La escritura preveía también que por cada retraso en el pago, la compañía española iba a ser penalizada con un 10 por ciento anual de mora “desde la fecha de incumplimiento y hasta el total y efectivo pago”, como refleja la escritura misma. Auxiliar SA se comprometía también a invertir en el sector turístico del país por lo menos 5 millones de dólares, y en caso de no cumplir esta cláusula, el Estado podía pedir la rescisión inmediata del contrato.
No hay mejor defensa…
Según declaraciones del Procurador General, Hernán Estrada, a El Nuevo Diario, el Grupo Barceló no habría cumplido con la cancelación de la deuda, cuya última cuota venció en 2006 durante el gobierno de Enrique Bolaños.
Tomás Delaney es actualmente representante legal de Barceló Montelimar, y, ¡vaya coincidencia!, en 1993, al momento de la venta del Complejo Turístico Montelimar al Grupo Barceló, se desempeñaba como ¡director de Asuntos Legales de la Presidencia de la República! El pasado 20 de noviembre de 2006 Delaney envió una carta a CORNAP pidiendo un documento de liberación definitiva de la obligación, pero ese finiquito nunca fue entregado.
Durante una conferencia de prensa brindada la semana pasada, los representantes del Grupo Barceló rechazaron el embargo preventivo contra el complejo turístico, ya que las auditorías realizadas por Price Waterhouse a lo largo de diez años mostraron que nunca se alcanzaron los niveles ocupacionales mínimos necesarios para exigirle el pago de las cuotas.
Presentaron también una auditoria que comprueba inversiones por un monto superior a los 5 millones de dólares, cumpliendo de esta manera otra cláusula del contrato.
Para Tomás Delaney “no hay nada que negociar porque el Grupo Barceló demostró a lo largo de los años que no le debe nada al Estado de Nicaragua. Todavía no hemos logrado reunirnos con el Procurador y no sabemos exactamente por qué dictó el secuestro preventivo”, detalló el representante legal de la empresa transnacional española.
Estas declaraciones contrastan con una carta fechada el 13 de diciembre de 2007 enviada por el procurador Estrada a Tomás Delaney, referente a la “solicitud de finiquito de compra venta relacionada con la Sociedad Auxiliar SA del complejo turístico Montelimar (Grupo Barceló)”. En esa carta el Procurador aclara que “siendo que CORNAP me ha pedido que intervenga en esta evidente lesión al patrimonio del Estado, le informo que mientras la deuda no sea cancelada el referido instrumento está en pleno vigor, por lo que lo insto a cancelar la deuda pendiente favor del Estado”.
Madre patrona
El conflicto con el Grupo Barceló, al que se suman las difíciles relaciones que el actual gobierno está teniendo con otra empresa española, Unión Fenosa, que controla en régimen de monopolio la distribución de energía eléctrica en el país, ha trascendido a nivel de relaciones entre gobiernos. En las semanas pasadas, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, saliendo en cerrada defensa del capital español en el extranjero, aprovechó la visita a la península ibérica de su homólogo nicaragüense Samuel Santos, para solicitarle al gobierno de Nicaragua “seguridad jurídica de las inversiones españolas”. Mucho más fuertes han sido las declaraciones de José Escalante Alvarado, presidente de la Cámara de Comercio Española en Nicaragua, quien advirtió al gobierno de Daniel Ortega de “no jugar con el fuego, porque parece que últimamente las empresas españolas están como de moda en el país, y estamos sintiendo algo muy parecido al acoso”.
Hasta la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) no ha respondido de manera formal a los argumentos expuestos por el Grupo Barceló en conferencia de prensa, pero a través de algunas declaraciones del procurador Estrada se supo que se estaría demandando un pago de 1,4 millones de dólares por la deuda existente, y que se considera que lo que se pagó en 1993 (3 millones de dólares) resulta ser un “precio vil” por un terreno de 209 hectáreas, más todos los muebles e inmuebles del complejo turístico. Además, esta cotización fue hecha por la misma compañía auditora que, años más tarde, fue llamada por el mismo Grupo Barceló a auditar los niveles de ocupación de los cuales dependía el pago de las cuotas anuales a pagar al Estado.
Acción de la Procuraduría General de la República (PGR). Managua, 4 de junio del 2008.
El Procurador General de la Republica, en uso de sus atribuciones que es representar los intereses de la Nación, inició proceso civil en la vía ordinaria y con acciones acumuladas de resolución de contrato de compraventa, daños y perjuicios, cancelación de cuenta registral a las sociedades mercantiles llamadas: Hotel Montelimar Sociedad Anónima y Auxiliar Sociedad Anónima y la restitución del complejo turístico Montelimar a patrimonio del Estado.
En cuanto a la posibilidad de que la Acción emprendida por la entidad que represento pueda significar una afectación a la inversión turística, el Gobierno considera que esta Acción esta destinada a brindar mayor seguridad jurídica en el futuro a las actuaciones de los servidores públicos y a ejercer con celo sus funciones en todas las transacciones relacionadas con el Patrimonio de la Nación.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el Comandante Daniel Ortega esta abierto a la inversión efectiva de los Grupos Nacionales y Extranjeros, Pequeños y Grandes y en especial la del sector turístico; razón por la cual, actualmente existe una cartera de inversiones pendiente de ejecutarse de alrededor de Mil Millones de US Dólares, de la cual espera que esa honorable Asamblea Nacional apruebe dos leyes importantes del sector : Ley de costas marítimas y Costeras, Ley del Registro Público-.
La demanda y acciones civiles contra estas entidades jurídicas, tienen sus orígenes en el incumplimiento de contrato en escritura pública número 67 el día 19 de mayo de 1993, suscrita en la ciudad de Managua y autorizada por el abogado José Denis Maltez Rivas.
Conforme a esta escritura se vendía, traspasaba y cedía el inmueble que consta de 297.7 Mzs, y sus mejoras (pese a que las bases de la Licitación establecieron 100 Manzanas menos).
Las mejoras consistieron en: aeropuerto, cien edificaciones: centro de convenciones, discotecas, 202 habitaciones, recepción, casona, gimnasio, habitaciones de edificio central y una cantidad de bienes muebles(televisores, refrigeradoras, camas, sillas, equipos de oficina, etc); todo por un precio en efectivo y a la suscripción del contrato por la suma de US $3,030.000.00 y diez cuotas anuales después de tres años de gracia por un monto de U$1,450,000.00. Esta ultima suma, se cancelaría de acuerdo a una tabla porcentual del nivel ocupacional de las 202 habitaciones y fiscalizada por una firma internacional que Hotel Montelimar escogería y financiaría.
Alega Hotel Montelimar, representado legalmente por el Dr. Tomas Delaney y Dr. Noel Vidaurre, ex funcionarios del Gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro, de la que es titular la Sociedad Auxiliar Sociedad Anónima, y de la que es socio el señor, Simón Barceló, que Hotel Montelimar, no le debe un centavo al Estado de Nicaragua, pese a numerosos requerimientos extrajudiciales y múltiples comunicaciones que se le hicieron en distintas ocasiones y durante el Gobierno de don Enrique Bolaños – al que le correspondía otorgar el finiquito, el 19 de mayo del 2006.
Existe un saldo pendiente en libros a favor del Estado de U$1,450,000.00, calculado en ese momento, más intereses, sin perjuicio de los derechos contractuales de Nicaragua a dejarlo sin efecto.
Afirman que el nivel ocupacional del Hotel Montelimar no lo lograron y que por ende, la obligaciones de pagar esas cuotas, U$1,450,000.00 no es posible (¡)
El Hotel Montelimar (Auxiliar S.A.) con ánimo de no pagar y quedarse con un complejo turístico valorado en la suma U$30,000,000.00., construyó noventa habitaciones mas de las 202 existentes con lo que el cálculo de medición porcentual de ocupación del hotel tergiversa el el informe de la firma supervisora (contratada por ellos) ocultándole a la autoridades nicaragüense la realidad sobre la que se pactó.
Según los antecedentes presentador por el PGR a la ASAMBLEA NACIONAL el 4 de junio del 2008, se demostró los sostenidos cobros en base a lo que establecía el contrato como forma de pago cuotas diferenciadas y condicionadas al porcentaje ocupacional que iban de un 65% a un 85% en el 4to y 5to año y a partir del 6to. año un porcentaje mínimo 60% y del 75% a más del nivel ocupacional y que según su auditoría (contratada por la Compradora según la escritura) no se logró. El Estado se dejó una garantía sobre el 10% de las acciones (Cláusula Séptima).
Analizada la situación, concluimos que la compradora Auxiliar S.A (Grupo Barceló), debe cumplir con el pago del saldo de venta pactado, el que quedó sujeto a una forma de pago condicionada, según tabla de porcentaje, desprendiéndose del instrumento jurídico la existencia real de un deuda (saldo), reconocida por la compradora, cuyo cumplimiento quedó sujeto a una forma de pago condicionada, o sea, lo que quedó condicionada fue la forma da pago y no la obligación real, por tanto, al no alcanzar la Compradora los porcentaje establecidos y pactados, no implica de forma alguna la exoneración, exención o condonación de la deuda.
Este contrato – ADICIONALMENTE - consagra algunas irregularidades: en principio se enajenò un bien inmueble en violación a la ley del agraria del 17 de abril del 1917; se dejó una obligación contraída bajo una condición que la hace depender de la pura voluntad del comprador (como la de comprobación de la ocupación por una Firma contratada por ellos) entre otras que no constituyen, sin embargo, el objeto de la litis.
La PGR en aras de defender al Estado y el Estado de Derecho que todos aspiramos ha demandado la resolución del contrato en virtud de los incumplimientos del mismo, siendo que el mismo contrato expresa que por el solo hecho de faltar al pago de una sola cuota, se tiene por resuelto el mismo, es decir de mero derecho.
Agencia ACAN-EFE. 5 de junio de 2008.
Con un lenguaje suave pero directo, el Procurador General de Justicia, Hernán Estrada, advirtió este jueves al grupo español Barceló que si no pagan lo que el Estado les reclama como adeudo e incumplimiento en el contrato de privatización del centro turístico de Montelimar, pueden perderlo todo.
Ante una batería de periodistas de diferentes medios de comunicación, Estrada reiteró que los españoles de Barceló recibieron 300 manzanas de tierra, un complejo construido en los años ochenta con 200 habitaciones y una pista de aterrizaje, por lo cual pagaron solamente 3 millones de dólares y todavía, como complemento de la ganga, se les concedió 3 años de gracia para comenzar a pagar un porcentaje de las ganancias una vez que lograran el 60% de las ocupaciones.
Los abogados de la compañía alegan que ellos ampliaron sus inversiones y construyeron el doble de habitaciones, pero que en 15 años nunca llegaron a tener ni siquiera el 60% de las habitaciones ocupadas y por tanto no son en deberle nada al estado de Nicaragua.
"Eso es vergonzante y lesivo para Nicaragua. Espero que esa obligación no sea necesaria cobrarla por las vías legales, y que no nos desgastemos por la vía judicial. Barceló adeuda en libros contables 3 millones de dólares. Si no reconocen esa deuda, el estado tiene la rescisión del contrato y el Estado no ha renunciado a sus derechos", manifestó el procurador.
Precisó que en ese contrato "se contemplaban pagos adicionales complementarios por ocupaciones de habitaciones y el Estado nunca recibió un córdoba".
Al tiempo de recordar que el problema de Barceló, Montelimar, no lo creó el gobierno sandinista sino que es una herencia de la administración anterior, el Procurador de Justicia, Hernán Estrada exigió a los empresarios que apliquen lo que predican, cumplir sus obligaciones y su responsabilidad social corporativa.
Remarcó que si no pagan, el Estado puede disolver este contrato. "(Rescindir el contrato) es una facultad a la cual no puede renunciar el demandante. Ayer (miércoles) le decía a los diputados de la Asamblea Nacional que no estamos facultados nosotros para exonerar, condonar o perdonar deudas, ahora si la Asamblea Nacional decide condonar pues ya le corresponderá a ellos", manifestó.
El alto cargo gubernamental señaló que si Barceló no reconoce la deuda solamente corresponderá dejar sin efecto el contrato y así lo establece uno de sus artículos.
Afirmó que al gobierno no le interesa cerrar ninguna empresa o inversión privada turística sino lograr un acuerdo para solventar este problema.
Preguntó cuál es el hotel que construyó Barceló en Nicaragua, porque lo que hicieron fue recibir el que dejó la revolución sandinista y en los últimos 16 años no construyeron ninguno, hasta ahora que han comenzado a construir uno en la capital.
"Yo los invitaría a que cumplan con su responsabilidad social corporativa y la primera responsabilidad social de una empresa es cumplir con sus contratos y la seguridad jurídica no es solamente para los inversionistas, sino también para el estado, para los nicaragüenses", dijo Estrada.
Barceló construirá su hotel
El grupo hotelero Barceló continuará con el proyecto de construir un nuevo hotel en Managua, a pesar de que el Gobierno insiste en cobrar una deuda que la empresa española reafirma no deber y no levanta un "secuestro preventivo" contra el centro turístico.
El representante legal y asesor jurídico del grupo Barceló, Tomas Delaney, así lo declaró este jueves a Acan-Efe, un día después de que el Procurador General de la República (PGR), Hernán Estrada, insistió ante una comisión parlamentaria, en que existe la deuda.
"El proyecto del nuevo hotel viene desde antes y nada tiene que ver (con el reclamo de la deuda) porque Barceló es una de las empresas que realmente cree en que Nicaragua tiene un enorme potencial (turístico)", señaló el jurista.
"Lo que pasa es que por todas las circunstancias y por la gran inestabilidad política de este país no ha podido salir adelante, como debería, y estamos a la zaga de todo Centroamérica", añadió.
Estrada dijo a los diputados que forman la Comisión de Turismo del Parlamento, que la deuda es por 1,45 millones de dólares, más intereses, que se pagaría en 15 años, a partir de 1996.
Estrada dijo que cree que el grupo hotelero español pagará la deuda de forma extrajudicial y que no será necesario llevar el caso a la vía judicial "para que no nos desgastemos el sector turismo y el Gobierno".
El grupo Barceló proyecta construir un nuevo hotel en Managua de 147 habitaciones.
Delaney dijo que las declaraciones del procurador Estrada "no cambian en absoluto la posición de Barceló", propietario del hotel Barceló Playa Montelimar Resort & Casino, ubicado en las costas del Pacífico, a 55 kilómetros de Managua.
El asesor jurídico señaló que esas cuotas supuestamente se iban a pagar sí el turismo en Nicaragua "llegaba a ciertos niveles a los que no llegó" en la década de los años noventa.
"Era condición sine qua nom que el turismo se levantara en Nicaragua (en esa década de los noventa) pero en esos tiempos a este país no venía ningún turista", enfatizó Delaney.
Señaló que en esa década Nicaragua prácticamente "estaba totalmente cerrada al turismo, porque el país estaba saliendo de una revolución y la idea era la de poner a Nicaragua en el mapa turístico" a lo cual Barceló contribuía con una inversión de 5,6 millones de dólares.
Insistió que se estableció un compromiso en 1993 de que sí el turismo crecía según lo pactado, entonces se iban a pagar esas cuotas, de lo contrario no, ya que al comienzo la operación hotelera ni siquiera era rentable.
"El repunte en el turismo no ocurrió en 1996", sostuvo Delaney.
"Y eso está auditado. Los documentos los han estudiado abogados de España, Costa Rica y Nicaragua, y todo el mundo está claro y el Procurador puede decir lo que quiera".
El Procurador Estrada explicó que Barceló aumentó el número de habitaciones en el centro turístico para demostrar que no llegó a cubrir la demanda de su oferta, como decía el contrato, por lo que incumplió con lo establecido.
Sobre las versiones de prensa que señalan que el grupo Barceló comparecerá ante la Comisión de Turismo del Parlamento para explicar el tema del secuestro preventivo en bienes de la empresa española, a solicitud del Procurador, Delaney dijo que no han recibido ninguna invitación y aclaró que si los convocan, comparecerán.
El pasado 12 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua solicitó el embargo preventivo de las instalaciones del Hotel Barceló Montelimar, una antigua residencia del dictador Anastasio Somoza reconvertida en hotel en los años ochenta, que compró al Estado en 1993.
El contrato firmado entre el Grupo Barceló y el Gobierno de Nicaragua, que encabezaba entonces Violeta Chamorro, contemplaba un primer pago de 3 millones de dólares y un segundo pago a calcular cuando fuera superado determinado nivel de ocupación.
El estado a través de la Procuraduría General de la República, PGR, aseguró que se debe resarcir lo que le pertenece, por el supuesto incumplimiento de contrato de escritura pública firmado por Hotel Barceló Montelimar, suscrito en 1993, y que se venció en mayo de 2006, por lo tanto existe una deuda de casi tres millones de dólares.
El Procurador expresó que si el grupo Barceló no quiere pagar, el estado prepara los mecanismos necesarios para hacerlos cumplir.
Managua. Agencia AFP. 7 de junio de 2008.
El embajador de España en Nicaragua, Antonio Pérez Hernández, dijo confiar en que el conflicto surgido entre los inversionistas del grupo español Barceló y el gobierno, por un embargo en contra de la firma de hoteles, sea un "mal entendido" que se superará rápidamente.
Según declaraciones publicadas el sábado por el diario "La Prensa", Pérez Hernández dijo que un secuestro preventivo que realizó la Procuraduría General de la República contra Barceló por supuestos incumplimientos de contrato no tiene por qué deteriorar la amistad que existe entre España y Nicaragua.
"Yo creo que la inversión española es muy importante y requiere de un marco estable de cooperación y de seguridad jurídica", dijo el embajador español.
El Gobierno de Nicaragua solicitó a mediados de mayo un secuestro preventivo de las instalaciones del hotel Barceló Playa Montelimar ubicado en el Pacífico, por una supuesta deuda de la firma española con el Estado de más de tres millones de dólares, según informó el procurador Hernán Estrada.
De acuerdo con el procurador Estrada, Barceló no cumplió desde 1993 con el pago de 10 cuotas de 1.450.000 dólares al año, toda vez que la capacidad del hotel se cubriera en un 80 por ciento cada año, y para evadir esa responsabilidad aumentaron el número de habitaciones.
Gracias a la intermediación del Gobierno de España, el pasado mes de mayo el Gobierno de Nicaragua logró un entendimiento con la transnacional Unión Fenosa, mediante el cual adquirió el 16 por ciento de las acciones de la filial en Managua, a cambio del saldo de las deudas entre ambas partes.
"Nosotros queremos relaciones muy correctas con el Gobierno de Nicaragua y estas relaciones son muy antiguas y prevalecerán por siempre", dijo Pérez Hernández.
El año pasado España apoyó a Nicaragua con programas de inversión y cooperación, que superaron los 58 millones de dólares, según cifras oficiales.
Junio de 2008