El pasado 12 de mayo de 2008 la Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua solicitó el embargo preventivo de las instalaciones del Hotel Barceló Montelimar, ubicado a 55 Km. de Managua, en el municipio de San Rafael del Sur. El Grupo Barceló adquirió en 1993 las instalaciones del Hotel Montelimar, una antigua residencia del dictador Somoza reconvertida en hotel durante los años ochenta, a un precio muy bajo en el contexto de fiebre privatizadora del Estado nicaragüense durante el gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro, que alcanzó el poder tras derrotar a los sandinistas en las elecciones de 1990.
El contrato firmado entre el Grupo Barceló y el Gobierno de Nicaragua incluía un primer pago de 3 millones de dólares y un segundo pago cuando fuera superado determinado nivel de ocupación. Más de una década después de su adquisición, el Grupo Barceló no ha realizado ese segundo desembolso, aduciendo que todavía no han superado la cantidad de huéspedes prevista.
La noticia ha provocado el escándalo entre la gran mayoría de los medios de comunicación, tanto nicaragüenses como españoles, y en los representantes del sector turístico. Por su parte, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha corrido a ofrecer sus oficios diplomáticos en una sacrosanta defensa del capital español en el exterior. Mientras el Procurador General de la República de Nicaragua, Hernán Estrada, considera que el precio de venta fue abusivo y que no se trata de un problema de diplomacias, sino de que la compañía española pague lo que debe al Estado de Nicaragua.
A continuación reproducimos varios de los artículos de la prensa nicaragüense y española que ha provocado esta importante noticia.
Elízabeth Romero y Wilder Pérez R. La Prensa, 13 de mayo de 2008.
Mientras en Managua se conoció ayer que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó un secuestro preventivo de las instalaciones del Hotel Barceló Montelimar, en Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, aprovechó la visita de su homólogo nicaragüense Samuel Santos, para solicitar seguridad jurídica de las inversiones españolas, al Gobierno de Nicaragua.
Éste sería el segundo caso en que una empresa de capital español enfrenta problemas con el Gobierno de Nicaragua, ya que las relaciones con la distribuidora de energía, Unión Fenosa han sido tensas desde el inicio del mandato del sandinista Daniel Ortega.
España es el segundo país que más invierte en Nicaragua, sólo superado por Estados Unidos. También es el segundo donante más importante del país, detrás de la Unión Europea. El año pasado destinó 48.2 millones de euros (unos 72.3 millones de dólares) para proyectos de desarrollo.
Gerente dice que no sabe por qué el secuestro
El gerente general de Barceló, Walter C. Martino, confirmó a LA PRENSA que el secuestro les fue notificado hace 12 días. El funcionario dijo desconocer las causas de la medida judicial.
Sin embargo, expresó que esta situación promovida por el Estado de Nicaragua es del conocimiento de las representaciones diplomáticas de ambos países.
Fuentes extraoficiales aseguraron que durante 10 años Barceló no pagó al Estado.
Según las fuentes, el secuestro preventivo fue motivado porque la administración de Barceló pagó tres millones de dólares por 300 manzanas de tierra y por la infraestructura de lo que fue el Hotel Montelimar.
La administración de Barceló quedó de pagar según la ocupación, pero durante 10 años no pagó “ni un centavo”, aduciendo que sólo han tenido pérdidas, manifestó la fuente.
Sin embargo, se desconoce el monto total que Barceló debe pagar al Estado, pues Martino tampoco ofreció mayores detalles sobre el monto en que fueron adquiridas esas instalaciones, por considerarla información confidencial.
Al consultarle sobre señalamientos extraoficiales que indican que hubo ciertas anomalías en la privatización de lo que fue el complejo Montelimar, Martino insistió en que “no le puedo dar ninguna respuesta, porque no sabemos cuál es el tema de este secuestro preventivo”.
Recordó que el secuestro es para asegurarse que la persona (recurrida) no venda, o “paralizar un poco el objeto”, pero dijo que “administrativamente todo sigue igual, nosotros mantenemos nuestras cuentas, nuestros clientes y servicios sin ninguna interrupción”.
“Todos los pasos que se tuvieron que hacer en la privatización en la compra-venta de este hotel se han mantenido, tenemos todos los papeles en orden, también firmados por la Cornap en su momento (...) no sabemos cuál es el motivo (de la acción)”, manifestó Martino.
El funcionario reiteró que cuenta con los documentos de compra-venta con la Cornap, así como con las auditorías efectuadas en su momento.
Un acuerdo presidencial extendido el cinco de mayo de 1993, faculta a la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), a negociar y proceder a la privatización del Complejo Turístico Montelimar, en ese tiempo los bienes estaban bajo el control y administración del Estado por medio de la Empresa Hoteles Internacionales, Sociedad Anónima (Hotelinsa).
Martino se mostró preocupado por esta situación, pues recordó que “somos una empresa que apostó por Nicaragua y seguimos apostando por Nicaragua”. Indicó que durante el presente año pretenden abrir un segundo hotel en Managua.
“Aunque haya este secuestro preventivo de nuestras instalaciones, nosotros seguimos apostando y seguimos comercializando Nicaragua en el exterior”, reiteró el gerente de Barceló Montelimar.
En manos de diplomáticos
Dijo que tanto la Embajada española como las autoridades diplomáticas de Nicaragua están informadas sobre este tema.
“Nadie va a tomar ninguna reacción ni nada, hasta que efectivamente no sepamos de que va”, indicó Martino.
Agregó: “Nosotros como pensamos y creemos mucho en este país, creemos que las cosas se van a hacer como Dios manda; según las normas y las reglas del juego”.
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El gerente de Barceló Montelimar aseguró que han acordado con el embajador y Consulado español, que una vez sepan las causas que han llevado al Estado a este procedimiento Civil “empezaremos a movilizarnos en la dirección que hay que ir”.
Petición a Santos
La petición al Gobierno de Nicaragua, de seguridad jurídica de las inversiones españolas, la realizó Moratinos la semana pasada, durante una visita oficial realizada por el canciller Samuel Santos a España, como parte de una gira realizada por distintos países europeos para promover la candidatura de Miguel D’Escoto a la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Moratinos hizo la solicitud como condicionante para que las empresas españolas inviertan en Nicaragua y desarrollen sus negocios con garantías jurídicas, sobre todo en el sector del turismo y los servicios.
La agencia Europa Press informó que, aunque no fue confirmado, fuentes diplomáticas aseguraron que en la misma reunión los cancilleres conversaron también sobre el caso de la energética Unión Fenosa.
La distribuidora eléctrica mantiene relaciones de altibajos con el Gobierno nicaragüense, afectadas por la calidad del servicio por parte de la empresa, y políticas que no siempre son claras por parte del Ejecutivo.
El último enfrentamiento entre las partes fue el del acuerdo de la venta del 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa al Estado de Nicaragua, pero el Gobierno aparentemente cambió las reglas del juego cuando sólo faltaba que se firmara el documento, y al final la transacción quedó inconclusa.
En la misma reunión, el diplomático español mostró el interés de su país en mantener relaciones de negocios con Nicaragua, ya que propuso a Santos que una misión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) visite el país para conocer su potencial.
Luis Galeano. El Nuevo Diario, 14 de mayo de 2008.
La figura del secuestro plantea que el Estado sigue considerándose dueño de la parte no pagada por Barceló, según Hernán Estrada. Secuestro se basa en documento de la Cornap sobre enorme suma dejada de percibir por activos privatizados, afirma Procurador. “Precio de venta le da rabia, y la diplomacia nada tiene que ver”, expresa.
El secuestro preventivo de las instalaciones del Hotel Barceló Montelimar, solicitado por la Procuraduría General de la República (PGR), es una acción del Estado para tratar de recuperar parte de ese bien que considera propio, pues el Grupo Auxiliar S.A. o Grupo Barceló, “debe varios millones de dólares por la compra de ese centro turístico”, dijo ayer el procurador Hernán Estrada.
El Grupo Barceló, según documentos en poder de END, debe más de 1 millón 450 mil dólares por la compra del centro turístico, “el cual adquirió a un precio ridículo que provoca rabia”, dijo el procurador.
La deuda del Grupo Barceló forma parte de una suma de 29 millones 403 mil 921 dólares, que el Estado dejó de percibir por el no pago de activos de empresas que formaban parte de su patrimonio y que fueron privatizadas, de acuerdo a un informe de las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).
El documento fechado en mayo de 2007 y que está en manos de este rotativo, fue una de las bases que tuvo Estrada para pedir el secuestro preventivo de las instalaciones del hotel, uno de los más visitados por los turistas nacionales y extranjeros.
De acuerdo con el informe, la Corporación de Turismo (Cotur) es una que aparece en la lista como deudora del Estado con 2 millones 331 mil 510 dólares.
Se entregó sin garantía
“De sus integrantes, el que posee la deuda más alta es Auxiliar S.A. o Grupo Barceló, que debe 1 millón 450 mil dólares por la venta de los activos del Hotel Montelimar. De acuerdo con el informe, quien firmó haciéndose responsable de la deuda fue Rodrigo Ortiz Salazar, y se entregó el bien sin ninguna garantía”, dice el documento, que habla de una deuda de más de 10 años.
“Se trata de esas cifras (US$ 1,450,000) y hay otros cálculos, otras estimaciones”, dijo el Procurador General.
El grupo Auxiliar o Barceló, según el informe, adquirió la deuda el 30 de julio de 1993, durante la Administración de doña Violeta Barrios de Chamorro. En ese entonces, la Cornap era presidida por Dayton Caldera, el procurador era Guillermo Vargas Sandino y el cargo de contralor lo ostentaba Agustín Jarquín.
Ayer intentamos conocer la versión del gerente del hotel Barceló, Walter Martino, sobre esta deuda, pero no fue posible que nos atendiera. En declaraciones brindadas a otros medios dijo desconocer las causas de la medida judicial.
“Lo vendieron a precios que dan rabia”, dice Estrada. Estrada confirmó ayer que solicitó el secuestro preventivo, y afirmó que actúa conforme la ley, “porque el Estado ha dejado de percibir muchos recursos por la falta de pago de estos señores”. A la vez, aseguró que es el informe de la Cornap, una a de las bases documentales que tiene para reclamar el pago de la deuda.
Estrada indicó que “Montelimar fue vendido en tres millones de dólares, lo cual nos parece que no cuadra, porque se trata de una propiedad de tres manzanas que de ninguna manera, creemos nosotros, fue una cifra justa para los intereses del Estado, y cuando uno se encuentra con este tipo de acciones, lo que da es rabia”.
“Nada que ver la diplomacia”
A la vez, dijo desconocer si el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos y su homólogo nicaragüense, Samuel Santos, hayan abordado el tema hace unos días, cuando se reunieron como parte de una gira realizada por el funcionario local en distintos países europeos para promover la candidatura de Miguel D’Escoto a la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Mirá, no sé si se ha tocado el tema o no, pero en esto nada tiene que ver la diplomacia, porque aquí lo que estamos haciendo es velando por el respeto de las leyes nicaragüenses, que según lo que hemos podido observar, fueron violentadas por un supuesto inversionista español”, dijo Estrada.
España es el segundo país que más invierte en Nicaragua, sólo superado por Estados Unidos. También es el segundo donante más importante del país, detrás de la Unión Europea. El año pasado destinó 48.2 millones de euros (unos 72.3 millones de dólares) para proyectos de desarrollo.
“Sabemos que nos apoyan económicamente, que son un país muy solidario con Nicaragua, pero eso no significa que vamos a cerrar los ojos frente a este tipo de hechos, que definitivamente dan rabia”, concluyó.
Agencia ACAN-EFE. Radio La Primerísima, 15 de mayo de 2008.
La Justicia nicaragüense aplicó el "embargó preventivo" de un Hotel del grupo empresarial español Barceló a petición de la presidencia de la República, confirmaron este jueves fuentes oficiales.
"El embargo preventivo no está basado en demanda alguna concreta, la cual debe ser presentada a partir de ahora en un plazo de 15 días", explicaron a Acan-Efe fuentes judiciales que pidieron mantenerse en el anonimato".
"El embargo fue solicitado por la Procuraduría Nacional de la República", que depende directamente de la Presidencia de la República, precisaron la mismas fuentes.
En Nicaragua se puede solicitar una orden de embargo preventivo sin mediar una demanda o acusación concreta, que sí debe ser presentada posteriormente en el plazo indicado para que el proceso siga abierto o sea rechazado.
Sin embargo, el procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, declaró a la prensa local que esa medida judicial se basa en una deuda que el Grupo Auxiliar S.A. o Grupo Barceló tiene con el Estado de Nicaragua, desde 1993, lo que el grupo español niega.
Según Estrada, el grupo hotelero español "debe varios millones de dólares por la compra de ese centro turístico", hotel Barceló Playa Montelimar Resort & Casino, ubicado en la costa del Pacífico de Nicaragua, 55 kilómetros al sur de Managua, y uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros.
La fuente agregó que "Montelimar fue vendido en tres millones de dólares, lo cual nos parece que no cuadra, porque se trata de una propiedad de tres manzanas que, de ninguna manera, creemos nosotros, fue una cifra justa para los intereses del Estado".
El Grupo Barceló, según el Estado nicaragüense, debe cerca de 1,5 millones de dólares por la compra de ese centro turístico, desde el 30 de julio de 1993, durante la administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
El gerente general del hotel Barceló en Nicaragua, Walter Martino, confirmó al diario La Prensa de Managua que ese secuestro les fue notificado hace 14 días y dijo desconocer las causas de esa medida judicial.
El representante legal de Barceló en Nicaragua, Tomás Delaney Solís, aseguró al diario La Prensa de Managua que no deben nada al Estado y consideró esa medida como una "agresión jurídica" y un "acoso" del Gobierno de Ortega.
Fuentes del grupo hotelero consideraron, en declaraciones a Acan-Efe, que "lo único que podría discutir" el Estado nicaragüense es el cumplimiento de una cláusula por la cual Barceló se comprometía a invertir una cantidad de dinero determinada si excedía el 60 por ciento de la ocupación del Hotel en cuestión, lo que no ha sucedido y así fue certificado por el anterior gobierno.
Las mismas fuentes subrayaron, no obstante, que no quieren "entrar a un intercambio de acusaciones" similar al que ha intentado iniciar, sin repuesta, el presidente Daniel Ortega, con la también española Unión Fenosa, encargada de la distribución de la electricidad en esta país centroamericano.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pidió recientemente a Nicaragua que las empresas españolas puedan gozar de seguridad jurídica para invertir en ese país centroamericano y desarrollar sus negocios con garantías.
Moratinos trasladó este mensaje a su homólogo nicaragüense, Samuel Santos López, en una reunión que ambos mantuvieron en Madrid.
España es el segundo inversor extranjero en Nicaragua por detrás de Estados Unidos.
Eduardo Cruz Sánchez. La Prensa, 15 de abril de 2008.
Los propietarios del Hotel Barceló Montelimar están preocupados y extrañados por la actitud del Gobierno de Daniel Ortega, porque a su juicio les secuestra el inmueble como si fueran delincuentes, cuando no le deben nada al Estado, explicó el representante legal de esa empresa, Tomás Delaney Solís.
Pero el procurador General de la República, Hernán Estrada, insistió en que no es posible que trescientas manzanas de tierras a la orilla del mar y un hotel del que se beneficiaba todo el pueblo, hayan sido vendidos en sólo tres millones de dólares. “No cuadran los números. Un hotel que servía para la población, todos lo disfrutábamos”, expresó el procurador Estrada.
En 1993, mediante el acuerdo presidencial 104-93, el Gobierno autorizó a la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) a privatizar el Complejo Turístico Montelimar, que fue vendido luego a la española Barceló en poco más de tres millones de dólares.
Delaney Solís, ex asesor legal de la Presidencia, durante el Gobierno de Violeta Barrios, explicó que para privatizar esa propiedad del Estado la misma fue valorada por expertos.
“Incluso ni siquiera fue el Gobierno el que valoró, sino que fueron expertos quienes valoraron, dieron un precio y ése fue el precio que pagó Barceló”, dijo Delaney Solís.
El representante de Barceló indicó que tres millones de dólares fue el precio establecido por los expertos y ese monto fue pagado por Barceló en efectivo, “de un solo golpe”, en 1993.
El procurador Estrada indicó que sólo bastaría indagar cuánto vale la vara cuadrada de terreno donde ahora es Barceló Montelimar, a orillas del mar, para darse cuenta de “la gigantesca lesión que hubo al Estado”.
Estrada aclaró que la deuda por la cual el Estado procedió a realizar el secuestro judicial en contra de Barceló Montelimar no es por el precio original de compra que fue un poco más de tres millones de dólares, sino por un remanente de esa deuda, determinada por la ecuación de varios indicadores en concepto de ocupación, del cual el Estado no ha recibido ni un centavo y más bien con el tiempo se ha incrementado.
El funcionario expresó que no podía precisar con exactitud el monto de la deuda porque “hay varios estándares de cálculo y varias estimaciones para calcularla”, aunque señaló que “se trata de varios millones de dólares”.
“Lo que seguramente te puedo decir es que no puede ser lo que ha recibido el Estado”, dijo Estrada, refiriéndose a los tres millones de dólares que Barceló dice ya pagó por Montelimar.
“Lo curioso es que el que era secretario legal de la Presidencia, en ese entonces (1993), es el representante legal ahora de Barceló, el que era secretario legal de la Presidencia, Tomás Delaney. Curioso, sólo te dejo esa curiosidad, no estoy señalando nada más que una curiosidad”, añadió Estrada.
Consultado sobre las declaraciones del procurador Estrada, Delaney Solís indicó que cuando fue funcionario público no tuvo vínculos de ningún tipo con la empresa española.
“Yo soy representante de varias empresas ahora, yo ya no trabajo para el Estado. En ese entonces yo no era abogado de Montelimar, yo comencé a ser abogado de Montelimar mucho después”, dijo Delaney.
“No sabemos qué quiere el estado”
Tomás Delaney Solís, representante legal de Barceló Montelimar, explicó que aunque fueron notificados de un secuestro judicial al hotel promovido por la Procuraduría General de la República (PGR), todavía no conocen cuál es el objetivo del Gobierno con esa “agresión jurídica”.
“No sabemos qué es lo que quiere el Estado, no conocemos oficialmente qué es lo que quiere el Estado. Barceló cumple con sus obligaciones, paga sus impuestos al día, lo que tenía que pagar ya lo pagó, de manera que no es una forma de tratar a una empresa que fue una de las primeras empresas que vino a invertir a Nicaragua después del gobierno sandinista, que creyó en este país, sigue creyendo en este país y la prueba es que sigue invirtiendo, va a abrir otro hotel, a pesar del acoso que está teniendo de parte del Estado”, dijo Delaney.
Agregó que Barceló confía en que el problema se va aclarar, porque tiene todos sus documentos en regla y no tiene nada que temer.
“Los señores de Barceló están esperando que diga el Estado qué es lo que quiere, porque Barceló se siente que no debe nada”, sostuvo Delaney Solís.
Gustavo Álvarez y Luis Galeano. El Nuevo Diario, 15 de mayo de 2008.
“Si queremos no atraer inversión y que los empleos se sigan perdiendo, entonces ese es el tipo de política que tiene que seguir empujándose”, expresó titular de Cosep. Esta situación viene a poner en duda la seguridad jurídica, y los inversionistas reconsiderarán si realizan o no nuevas inversiones”, estima presidenta de Canatur.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expresó su desacuerdo con la decisión de la Procuraduría General de la República, PGR, que pidió ejecutar un secuestro preventivo de las instalaciones del hotel Barceló Montelimar, en base a una deuda del Grupo Auxiliar o Barceló con el Estado, que suma varios millones de dólares.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, afirmó que está preocupado por las señales contradictorias a los inversionistas. Dijo que el gobierno español está tratando de mediar para que se dé la firma del protocolo entre el gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, pero por otro lado se está viendo cómo inversiones españolas como Montelimar están afectadas por el manejo legal, pues según la Procuraduría hay una deuda que la empresa desconoce.
“Si queremos concentrarnos en el desarrollo de la economía de este país, no podemos seguir mandando este tipo de señales contradictorias”, subrayó.
Aguerri aseguró que ya el país está en una situación económica muy complicada, y si se quiere atraer la inversión, se tiene que mantener una política coherente. “Si queremos no atraer inversión y que los empleos se sigan perdiendo, entonces ese es el tipo de política que tiene que seguir empujándose”, expresó.
Que alguien nos explique, suplica Valenti
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, (Canatur), Lucy Valenti, consideró la acción de la Procuraduría como algo que no se entiende en este momento en el país.
Señaló que se ha hablado de brindar todas las garantías y seguridades para que la inversión se pueda dar con tranquilidad en Nicaragua, y sobre todo cuando el grupo Barceló está considerando nuevas inversiones, incluyendo un hotel en Managua.
“Pero una actitud como ésta de una institución como la Procuraduría, viene a sembrar incertidumbre en un grupo empresarial como Barceló, muy importante para el posicionamiento internacional de Nicaragua”, indicó.
La presidenta de Canatur manifestó que ha estado en comunicación permanente con la gerencia del hotel Barceló y que han tenido reuniones con el presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, pláticas en la que los españoles han mantenido su posición, que es respaldada por la Cámara de Turismo.
“Hoy (ayer) por la mañana hablé con el gerente del hotel (Barceló) y ni siquiera sabían a ciencia cierta la justificación del secuestro preventivo por parte de la Procuraduría General de la República, porque no les habían informado”, dijo.
La acción de embargo preventivo fue justificada por el procurador Hernán Estrada, porque supuestamente el hotel se vendió a un precio demasiado bajo, y el grupo español tiene una deuda de más de 1 millón 450 mil dólares de dólares.
Valenti afirmó que mucho se habla aquí de propiedades que fueron vendidas en determinada época a precio de guate mojado, y aunque reconoció que se pagó poco por las mismas, consideró que fue una transacción legal que incluso fue licitada.
“Los que vendieron son responsables”
Agregó que el Estado o cualquier institución que vendió a ese precio hay que reclamarle y no al empresario o inversionista que compró al que compró, porque eso es un caso cerrado.
La presidenta de Canatur consideró que se deben hacer las averiguaciones con las instancias responsables de haber hecho la venta, pero los inversionistas compraron en base a las reglas que el Estado puso en su momento.
“Una situación como ésta, que viene a poner en duda la seguridad jurídica como es Montelimar, seguramente viene a reconsiderar al grupo Barceló si realizan o no nuevas inversiones”, señaló.
Valenti afirmó que espera que el caso se resuelva con sensatez y que se les brinde la garantía necesaria jurídica a los empresarios, para que las inversiones del grupo español puedan continuar desarrollándose en Nicaragua.
Ayer, el gerente del hotel, Walter Martino, se excusó nuevamente de hablar con END, pues se encontraba en una reunión, pero nos hizo saber a través de la persona que atendió el teléfono en su despacho, que esperarán a que se desarrolle el proceso judicial, porque confían en que tienen la razón en el caso.
P. Carrión / W. Pérez Roque. Cinco Dias, 15 de junio de 2008.
El Gobierno nicaragüense ha procedido al embargo del único hotel que por ahora tiene el grupo Barceló en el país latinoamericano porque la hotelera le 'debe dinero'. La cadena, por su parte, asegura que realizaron las inversiones necesarias que estipulaba el contrato de compra y considera que se trata de un asunto 'político'.
La cadena hotelera Barceló puede quedarse sin el único hotel que por ahora tiene en territorio nicaragüense. Una orden judicial solicitada por la Procuraduría del país latinoamericano exige el embargo del hotel que Barceló tiene en la playa de Montelimar, a 65 kilómetros de la capital Managua.
Hernán Estrada, procurador general de Nicaragua, dijo ayer que los tres millones de dólares (1,95 millones de euros) que Barceló pagó por el terreno del hotel no fueron justos. La cifra que Barceló tendría que pagar de más, según el Estado nicaragüense, sería de 1,4 millones de dólares aproximadamente (906.000 euros).
Estrada comentó que el ressort de Montelimar se vendió a un precio 'ridículo' para una extensión tan grande de terreno Por ese motivo, el Estado exige unos pagos posteriores que, según aseguran desde la procuraduría nicaragüense, Barceló no ha efectuado en los 12 años que lleva el grupo hotelero en la región. El 'secuestro preventivo' del hotel se produjo a principios de mayo. Sin embargo, la investigación lleva abierta desde hace más de un año, según el Gobierno.
La cadena hotelera balear compró el Montelimar Beach Resort al Estado en 1993 durante la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro. En este periodo se privatizaron también la mayoría de las empresas del Estado.
El contrato de compra del hotel es, según Barceló, el punto de fricción con el estado nicaragüense. Según un portavoz de la hotelera, en el documento, Barceló se comprometía a más inversiones en el futuro para 'dinamizar el turismo de la zona'.
La cadena asegura que unos años más tarde de la compra amplió el ressort que ahora ocupa 210 hectáreas y por tanto invirtió el capital acordado. El grupo balear está convencido de que el conflicto es una cuestión más 'política que otra cosa' y compara su caso con el que le ocurrió a Unión Fenosa, que aún tiene problemas con el Gobierno nicaragüense.
El Montelimar Beach Resort, de 293 habitaciones, es el único hotel que por el momento Barceló tiene en el país centroamericano. Aunque el embargo supone un 'contratiempo' en las relaciones entre el Gobierno dirigido por Daniel Ortega, Barceló sigue en negociaciones para hacerse con la gestión de otro hotel en Managua, porque al ser sólo gestión 'no implica riesgo'.
Este incidente, junto a lo ocurrido con Unión Fenosa y con Repsol YPF en Bolivia, hace prever que la Cumbre Iberoamericana que comienza mañana en Lima (Perú) pueda iniciarse con relaciones tensas entre algunos de los países asistentes.
Relación con España
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, recordó la semana pasada a su colega nicaragüense, Samuel Santos, la importancia de 'ofrecer un marco de seguridad jurídica en las inversiones extranjeras en el país'.
Segundo conflicto con una empresa española en dos años
España es el segundo país que más invierte en Nicaragua, por detrás de Estados Unidos. Además de Barceló, otras empresas españolas como Telefónica y Unión Fenosa han visto potencial en el país centroamericano. Esta última tiene otro litigio con el Estado desde el año pasado cuando demandó al Gobierno por diferencias en la interpretación del contrato de la energética, quién aseguró que la falta de condiciones políticas le impedían operar en Nicaragua. El presidente, Daniel Ortega, acusó varias veces a Unión Fenosa de no cumplir el contrato por el que se le concedió la distribución de energía eléctrica. En su discurso electoral prometió expulsar a Unión Fenosa del país si ganaba las elecciones de 2006. De hacerlo, el Estado tendría que pagar 70 millones de euros al Banco Mundial y a la eléctrica, en concepto del seguro por el 'riesgo político', adquirido por la empresa. El último episodio fue hace unos días. Unión Fenosa suspendió la firma de la compra por parte del Estado del 16% del negocio de la compañía en el país por no respetar lo acordado antes.
Radio La Primerísima, 16 de mayo de 2008
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, negó que el secuestro en contra del centro turístico Montelimar, de la transnacional española Barceló, responda a una acción "política" del Gobierno de Daniel Ortega, como alegó la empresa, y ratificó que se ejecuta la acción judicial por una deuda al Estado.
Estrada apuntó que la prueba de que el secuestro judicial (embargo) no tiene sesgos políticos, es que Barceló no canceló sus compromisos por adquirir ese centro vacacional y que el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños tampoco les dio el finiquito por haber pagado.
El alto cargo explicó que Barceló tenía un plazo de diez años para cancelar la compra de esa concesión, que vencieron durante el gobierno de Bolaños, pero como el consorcio español no pagó, éste no le otorgó el finiquito por la transacción efectuada el 19 de mayo de 1993.
“(El finiquito) no se lo dieron, lo heredamos, ellos lo pidieron y no se lo dieron durante el gobierno de Bolaños porque la PGR expresó contradicciones, porque había auditorías que decían que sí (habían pagado) y otras que no, y la venta está cumpliendo quince años”, indicó Estrada.
Apuntó que decidió ejecutar un secuestro (embargo) en Montelimar, en el cual un juez designó como depositario al Gerente General de esa empresa, "para no alarmar a nadie, porque después de todo un año de acciones administrativas a través de la Cornap, se negaron a reconocer la deuda con el Estado que debe verse en un contexto contractual".
“No tiene nada que ver la política, aunque yo sabía que iban a aducir eso, porque así dicen estas empresas, que es político cuando quieren ampararse en argumentos ajenos al objetivo de salvaguardar el patrimonio del Estado. Queremos resolver el contrato porque ha habido incumplimiento”, dijo Estrada.
Aclaró que Barceló Montelimar pagó tres millones 50 mil dólares al inicio, y el resto --del cual no hay un monto descriptivo numérico-- debía cancelarse de acuerdo con la ocupación del hotel, pero se niegan a hacerlo.
Aseguró que ese saldo fue exigido por Bolaños "por las mismas razones que nosotros, porque ellos dicen que no ha habido la ocupación del 60 por ciento del hotel, y sólo han hecho un pago de tres millones 50 mil dólares, el resto tenía que ser pagado conforme la ocupación del hotel".
Estrada señaló que la PGR fue estableciendo los niveles de ocupación de las áreas del centro turístico, y lo que debería pagar Barceló. "Ya llegó el término para pagar, por lo cual ellos piden el finiquito en 2006 y el gobierno de Bolaños no se los entregó", insistió.
De acuerdo con el Procurador, el monto a pagar Barceló se va a definir con parámetros de análisis financieros, con peritos que establezcan cuánto es, para la resolución del contrato.
Reveló que la firma internacional de auditores públicos, Price Waterhouse, dice que no ha habido la ocupación de más del 60 por ciento para pagarle al Estado nicaragüense, pero eso se ha valorado por peritos, y recordó que esta empresa fue la que también dijo en 1993 que ese era el valor de Montelimar, aunque se trataba de más de 300 manzanas.
La venta de Montelimar se hizo con la autorización de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, con la firma del secretario de la Presidencia, Antonio Lacayo, refrendada por Tomás Delaney, ahora representante de Barceló Montelimar, y aparece en gestiones Noel Vidaurre, quien también trabajaba en la CORNAP cuando se vendió Montelimar.
“Aquí venimos a la repela (a recoger las migajas del proceso de privatización), a ver qué podemos recuperar, porque habían barrido con todo, no dejaron ni las góndolas, vendieron 352 empresas y tendríamos que echar preso a todo el gobierno de doña Violeta porque fue un latrocinio”, dijo.
Paula Pielfort. HOSTELTUR, 16 de mayo de 2008
La cadena Barceló Hotels & Resorts ha mostrado su sorpresa y preocupación ante la notificación por parte del Gobierno de Nicaragua de secuestro preventivo –situación legal similar al embargo en España- de su hotel Barceló Montelimar, en Managua. Ante esta situación, se ha nombrado depositario al propio director del establecimiento, Walter Martino.
La compañía, tras conversaciones con el director general de Centroamérica, Juan José Rivas, ha explicado en declaraciones a HOSTELTUR que el establecimiento mantiene su funcionamiento habitual, ya que aún no han recibido ninguna demanda. Como grupo hotelero han mostrado su desconcierto, ya que no entienden esta drástica medida, y se han quejado de la falta de información, que les llega mayoritariamente a través de la prensa, de donde han extraído que el motivo del secuestro preventivo es una supuesta deuda por el proceso de venta.
Sin embargo, el grupo hotelero ha explicado que en todo momento han cumplido su contrato de compra-venta y que no tendrán ningún problema en presentar toda la documentación. Pero no será hasta el momento en que reciban la demanda cuando comiencen a tomar medidas. Además, han afirmado que si fuera necesario, estarían dispuestos a acudir al Banco Mundial.
Asimismo, han manifestado que “les parece un acto indignante” y que probablemente esta medida conlleve un trasfondo político o algún propósito por parte del Gobierno de la localidad. Han destacado que les parece una medida injusta, ya que especialmente Barceló ha sido la única compañía que ha apostado por Nicaragua entre sus destinos, convencida por la petición de Violeta Chamorro, que presidía el Estado cuando incorporaron el Barceló Montelimar en 1993.
Según han informado fuentes de la cadena, el contrato de compra-venta recogía tres cláusulas que han cumplido en todo momento. En primer lugar, se establecía la compra de la finca por tres millones de dólares. La segunda recogía el compromiso de la cadena a realizar una posterior inversión de cinco millones de dólares para ampliar la capacidad del hotel, uno de sus puntos más débiles. Y por último, un condicionante que obligaba a la empresa a pagar una prima suplementaria al Gobierno si en los diez primeros años superaban el 60% de la ocupación del hotel.
Este hotel tiene su origen en la finca de Anastasio Somoza. Cuando su régimen cae, el gobierno sandinista convierte la finca en un espacio de agroturismo. Posteriormente durante el gobierno de Violeta Chamorro, se decide ubicar ahí un hotel para lo que recurren a la cadena Barceló, que finalmente lo compra y amplia su capacidad. Hoy, la prensa dice que el gobierno de Nicaragua considera que la cuantía por la que la compañía compró la finca fue “ridícula” y que Barceló debe dinero por el proceso de venta.
Mario Morales. Diario de Mallorca, 16 de mayo de 2008.
El Gobierno nicaragüense ha presentado una orden de "secuestro" (embargo) contra el hotel Montelimar, propiedad del Grupo Barceló y situado en la playa que lleva el mismo nombre del establecimiento. El Ejecutivo reclama a Barceló un pago suplementario al que realizó hace doce años, cuando compró el solar por tres millones de dólares a la entonces presidenta, Violeta Chamorro. El gobierno del sandinista Daniel Ortega le pide ahora actualizar el pago, al creer que el solar vale más de lo que abonó en esa oportunidad, pero la compañía mallorquina tiene todos los papeles en orden y no acepta esta reclamación, según explicó su portavoz, Alvaro Pacheco, quien añadió que la empresa está "perpleja" por lo sucedido y cree que las razones de este embargo son "políticas".
La firma isleña está "tranquila" porque considera que ha obrado con buena fe y toda la operación está documentada. Incluso se contempló que en caso de litigio, debía dirimirlo el Banco Mundial. El Gobierno nicaragüense ha nombrado depositario al director del hotel, por lo que la actividad en el mismo es normal.
El Gobierno de Ortega cree que el solar comprado por Barceló vale 1.100.000 dólares más. El portavoz de Barceló señaló que cuando se compró la zona estaba deshabitada y se pagó un precio de mercado. "Además invertimos cinco millones más en la construcción del hotel, puesto que el inmueble que había no podía albergar un establecimiento turístico". Asimismo, se estipuló que si en diez años la ocupación sobrepasaba el 60%, Barceló debía pagar un plus, pero una vez realizadas las auditorías se determinó que la ocupación no llegó a ese porcentaje.
Ayer mismo, el ministerio de Asuntos Exteriores español se puso en contacto con el Grupo Barceló para ofrecerle apoyo diplomático en este contencioso.
Diario de Mallorca, 17 de mayo de 2008.
El ministerio de Asuntos Exteriores se puso ayer en contacto con el Grupo Barceló, para reiterarle su oferta de apoyo en el conflicto que mantiene la empresa mallorquina con el gobierno nicaragüense, del que dio cuenta DIARIO de MALLORCA en su edición de ayer.
Un alto cargo del Ministerio llamó a las oficinas de Barceló en Palma, para dar a conocer que emprenderá acciones diplomáticas, y una de ellas podría ser la convocatoria del embajador de dicho país en España, a fin de que explique las circunstancias por las que se ha embargado al hotel Montelimar del Grupo Barceló, pese a que la firma insular no tiene ninguna deuda pendiente con Nicaragua.
El embargo se aprobó tras la entrada del nuevo Gobierno de Daniel Ortega. Reclaman a Barceló que pague un precio superior por el solar que compró en el país hace doce años. En esa oportunidad, la firma mallorquina pagó tres millones de dólares al gobierno nicaragüense, encabezado por Violeta Chamorro, esposa del periodista asesinado por el dictador Somoza.
La operación de compraventa se cerró en aquella época sin problemas pero el gobierno actual -heredero de los sandinistas revolucionarios de 1978- cree que Barceló pagó un precio ínfimo y tasa al solar en 1,4 millones de dólares. Barceló afirma que el objetivo del gobierno de Ortega es "político" y señala que no puede haber una acción retroactiva de una operación que quedó finiquitada hace más de una década.
Mayo de 2008