Julio Francisco Báez es experto en derecho fiscal y uno de los principales críticos, tanto en el gobierno liberal de Enrique Bolaños como en el sandinista de Daniel Ortega, de las políticas de incentivo fiscal para la atracción de inversión extranjera en turismo. Báez denunció fuertemente en el pasado el intento de aprobación de la Ley de Bonos de Incentivo Turístico; una aberración, en sus propias palabras.
Ahora Báez alertó y denunció que el gobierno de Daniel Ortega habría extendido ilegalmente el plazo para que el mega-proyecto Gran Pacífica conservara el derecho a recibir exoneraciones al Impuesto sobre la Renta.
El Grupo Gran Pacífica desarrolla la construcción de un mega-proyecto en el municipio de Villa El Carmen, en el Pacífico de Nicaragua, a 67 kilómetros de Managua. El proyecto prevé la construcción en varias etapas de residencias turísticas, condominios, hoteles, campos de golf. El grupo es propiedad de capital norteamericano, básicamente de la cadena de hoteles Marriot, europeo y centroamericano.
A pesar de los discursos, hay cosas que siguen sin cambiar en Nicaragua.
Por Eduardo Marenco, El Nuevo Diario, 24 de abril de 2008
Julio Francisco Báez denuncia que presidente Ortega extendió ilegalmente el plazo para otorgarles Certificados de Crédito Fiscal. Se trata de un consorcio de empresarios estadounidenses de la cadena Marriott, entre los que figura John Maisto. “Además, ellos renunciaron expresamente a ese derecho”, dice Báez, quien agrega que esta sería “una reforma imperial”.
El Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, extendió el plazo de ley para que el Proyecto Gran Pacífica conserve el derecho a recibir exoneraciones al Impuesto sobre la Renta, en el orden de los 10 millones de dólares, por la vía del reconocimiento de Certificados de Crédito Fiscal, CCF.
Así lo reconoció recientemente a la revista Confidencial el ingeniero Mario Salinas, Presidente del Instituto de Turismo. Sin embargo, el presidente Ortega no tiene facultad para extender el plazo de derechos legales que ya no tienen vigencia, y Gran Pacífica ya había renunciado a este derecho en su contrato con el gobierno de Nicaragua, alertó anoche el experto en derecho fiscal, Julio Francisco Báez.
Gran Pacífica es un consorcio de 200 empresarios estadounidenses que construirán condominios, campos de golf y un hotel de la cadena Marriott, cuyos representantes --entre quienes figura el ex embajador estadounidense John Maisto-- se reunieron la semana pasada y obtuvieron tal beneficio fiscal por parte del presidente Ortega, según anunció el ingeniero Salinas.
El consorcio tiene un contrato de inversión extranjera desde antes de que se produjera la reforma tributaria, que suprimió los CFT como incentivo fiscal al turismo. El contrato entre Gran Pacífica y el gobierno de Nicaragua se produjo tres semanas antes de que se diera esta reforma tributaria, pero independientemente de esto, Gran Pacífica renunció al derecho a beneficiarse con los CFT.
Renunciaron a ese derecho
“Esta empresa, cuando firma el contrato con el Estado de Nicaragua, dice ¡renuncio!, está en la cláusula 8, lo conozco bien porque ha sido un caso sonado en Nicaragua, dijo ¡renuncio a los Certificados de Crédito Fiscal!, eso consta en un contrato suscrito con el gobierno de Nicaragua”, denunció Báez.
Después se produjo el intenso debate sobre los Bonos de Inversión Turística, BIT, cuya legislación fue aprobada en lo general, pero la actual Administración Ortega, a través de un dictamen legal del Ministerio de Hacienda, enterró el proyecto de ley.
Pero, “ahora resulta que el cadáver está insepulto”, afirmó Báez durante la presentación de un estudio comparado sobre incentivos fiscales en Guatemala y Nicaragua, formulado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el cual concluye que las exoneraciones fiscales no son necesariamente el mejor incentivo a las Inversiones Extranjeras Directas, IED.
Es escandaloso
Si lo dicho por el ingeniero Salinas es cierto, advirtió Báez, “estamos ante un escándalo financiero incalculable, porque 200 millones de córdobas donados a una empresa turística por el gobierno de Nicaragua, abren las puertas para echarle un poco más de gasolina a la llama que se está prendiendo en la Asamblea Nacional.
“Esa donación, que no tiene base legal, sería una reforma presupuestaria de hecho, lo cual es imposible conforme a la Constitución, porque es atribución exclusiva de la Asamblea Nacional; si esto pasa, sería una reforma presupuestaria cuasi imperial”, afirmó Báez.
La medida de Ortega, reiteró Báez, rompe el principio de legalidad, va en contravía de la Ley de Presupuesto 2008 y de la Constitución. Esos 200 millones, cuantificó, equivalen al 200 por ciento del Programa Usura Cero, al sesenta por ciento del Programa Hambre Cero, al 60 por ciento del Presupuesto de la Asamblea, y al cien por ciento del presupuesto del Marena, justo en ocasión del Día de la Tierra. “Decretemos que esto es un disparate y que no será una realidad”, demandó el experto.
Consenso: incentivos fiscales no sirven
La denuncia de Báez se formuló precisamente cuando el estudio de Fernando Carrera, director ejecutivo del ICEFI, demostró que no son las exoneraciones fiscales las que promueven la inversión extranjera directa, IED, sino variables como el crecimiento económico, la productividad laboral, la apertura comercial y la infraestructura.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, también reconoció que son la estabilidad jurídica y política, la seguridad sobre la propiedad privada, la generación de energía y los salarios mínimos en las zonas francas, los principales incentivos a las inversiones.
Por su lado, el representante residente del PNUD en Nicaragua, Alfredo Missair, dejó entrever de forma sugerente que también el Estado de Derecho y la idoneidad del Poder Judicial, cuentan como imanes a la inversión.
Precisamente, Carrera reconoció que en Guatemala ya no existen incentivos fiscales para el sector turismo, a pesar de que ésta es una de las grandes industrias de ese país, al mismo tiempo que el economista Sergio Santamaría advertía que las exoneraciones fiscales totalizan seis mil millones de córdobas anuales en Nicaragua.
Mauricio Miranda y Erving Sánchez, El Nuevo Diario, 24 de abril de 2008.
Terencio García, representante legal del Proyecto Gran Pacífica, negó que este desarrollo turístico haya renunciado a su derecho de recibir exoneraciones al Impuesto sobre la Renta en concepto de Certificados de Crédito Fiscal (CCF), por el orden de 10 millones de dólares.
“Yo te puedo asegurar que jamás sucedió eso. Nunca ha habido tal renuncia. Por el contrario, Gran Pacífica reclama y sostiene sus derechos adquiridos para acceder a CCF”, sostuvo.
Julio Francisco Báez, experto en Derecho Fiscal, señaló que el proyecto suscribió un contrato de inversión con el Estado, con el cual automáticamente renuncia a los CCF que había recibido. “Está en la cláusula 8, lo conozco bien porque ha sido un caso sonado en Nicaragua”, aseveró Báez.
Sin embargo, García sostuvo que la exoneración sigue vigente, a pesar de que los CCF, actualmente están derogados. “La exoneración está vigente, es decir, ese derecho a acceder a certificados de créditos fiscales”, dijo.
“Hay una extensión --del plazo para las exoneraciones, tal como lo reconoció Mario Salinas, titular del Intur--, pero no tiene nada que ver con el hecho de que exista una supuesta renuncia”, afirmó.
Por su parte, René Vallecillo, abogado y economista, afirmó que la Ley de Equidad Fiscal dejó vigente que a las inversiones turísticas que ya tenían contrato con el Estado a la hora de modificación de la ley en 2003, se les respetarían los beneficios que poseían.
Aseguró que los contratos ya suscritos mantuvieron los beneficios de exenciones ya otorgados antes de 2003, y los cuales podrían llegar hasta un monto de 50 millones de córdobas anuales.
Estos beneficios se realizan a través de los certificados de crédito fiscal y se aplican hasta un 70 por ciento al ir a pagar los impuestos de las empresas, pero siempre y cuando existiera un contrato anterior a la modificación de la ley y se efectuara a través de la Junta de Incentivos Turísticos, que es el organismo encargado de eso.
Por otra parte, en torno a lo planteado en el sentido de que Gran Pacífica renunció a esos incentivos, Vallecillo agregó que la ley mantiene esos derechos y si la ley lo da o mantiene, el incentivo puede ser reclamado. La ley prevalece quitando o dando exoneración.
La Ley de Equidad Fiscal en el caso de las inversiones turísticas deja oportunidad a exonerar las importaciones de materiales, equipos, o insumos para la construcción de instalaciones turísticas.
Abril de 2008