El pasado 10 de abril de 2008 los medios de comunicación costarricenses se hicieron eco del decreto anunciado por el Gobierno de Costa Rica para poner orden en el desarrollo inmobiliario de Guanacaste. Esta iniciativa llega después de varios escándalos provocados por los impactos negativos en el medio ambiente y en la salud humana de algunas iniciativas turísticas. Cabe mencionar la clausura del Hotel Occidental Allegro Papagayo, de capital español, de la que dimos amplio seguimiento en este portal.
Por su importancia, reproducidos algunos de los artículos que han aparecido estos días sobre el citado decreto. Incluimos también la inmediata reacción del grupo ecologista, Confraternidad Guanacasteca. En ella nuestros amigos y amigas señalan certeramente lo tardío e insuficiente de esta actuación del gobierno de Óscar Arias, cuando ya es evidente el desastre que han permitido en la zona.
El gobierno de los Arias Sánchez, emite un Decreto para poner orden en las destrucciones en las costas de Guanacaste. Durante 2 años, que llevan en la presidencia, se alabó “las inversiones” y “el desarrollo” como la solución para todos los problemas de Guanacaste. Se calificó de locos a todos los que denunciamos anomalías, problemas y corrupción en lo que se estaba permitiendo y haciendo. Ahora resulta que no estábamos tan locos. Es claro que ellos, eran o estaban, ¿Sordos? ¿Ciegos? ¿Tontos? ¿Cómplices? ¿Incapaces?
Ahora, las medidas tomadas por Decreto, son: tardías e insuficientes.
¿Qué se debe hacer?
Decretar una moratoria (paralización) total de nuevos permisos de construcción para obras mayores a 120 m2, hasta que se termine de actualizar y aprobar los planes Reguladores de cada Municipalidad.
Ordenar una revisión de todos los permisos, viabilidades, concesiones y demás autorizaciones otorgadas por los entes estatales y municipales, para detectar anomalías, chorizos y demás.
Castigar muy severamente a los funcionarios incapaces o corruptos que permitieron o consintieron construcciones ilegales o anómalas.
Detectar y demoler todas las obras construidas sin permisos de construcción o con permisos mal otorgados.
Esto es duro. ¡Si! Pero, es lo que dictan las leyes. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los ambientalistas que denunciamos las anomalías? ¿De los inversionistas que hicieron el desmadre? ¿Del gobierno que lo permitió?
Asociación Confraternidad Guanacasteca
Email: Confraternidad_gte@yahoo.com
Por Javiera Gutiérrez M. Nación, 10 de abril de 2008.
Un decreto del Poder Ejecutivo pretende ordenar el desarrollo inmobiliario en Guanacaste y, para ello, prohibirá la construcción de edificios de más de tres pisos en las zonas ubicadas junto a las playas.
Las medidas abarcarán una línea de 4 kilómetros desde las playas hasta tierra adentro.
El decreto aplica para los cantones guanacastecos cuya municipalidad no ha emitido un plan regulador del desarrollo y tiene una vigencia de cuatro años.
El decreto fija cuatro zonas donde habrá regulaciones: la pública (primeros 50 metros de playa); restringida (hasta 150 metros después de los mojones); intermedia (800 metros después de la zona restringida) y la interna (hasta 3 km después de la línea final intermedia).
En la zona restringida los edificios no podrán exceder los 16 metros de altura (unos tres pisos); en la intermedia el límite será de 24 metros (cinco pisos) y en la interna, que se ubica a cuatro kilómetros del amojonamiento costero, el máximo será 36 metros (ocho pisos).
El decreto comenzará a regir luego que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta , sin embargo, aplicará sobre los proyectos que obtengan sus permisos después de seis meses de esta publicación.
Esto para darle tiempo a que aquellos proyectos que se encuentran en sus fases finales de planeamiento concluyan los trámites.
De acuerdo con datos de la Cámara de Turismo de Guanacaste, para el 2007 había unas 8.700 habitaciones de hotel, un 5% más que en el 2006, cuando eran 8.300.
Datos publicados por El Financiero indican que desde el 2002, el área de construcciones aumentó un 250% en Guanacaste; además, informó que el 40% de las construcciones del país se concentran allí y en el Pacífico Central.
Guanacaste es, además, la segunda provincia que recibe más inversiones inmobiliarias por parte de extranjeros: solo el año pasado, el monto de las inversiones alcanzó los $127 millones.
Modelo a seguir
El decreto que intenta un ordenamiento del desarrollo lo firmó el mandatario Óscar Arias Sánchez.
El gobernante dijo que “es responsabilidad de todos, Gobierno, Municipalidades y sector privado el procurar el respeto al paisaje y recursos naturales que nos rodean”.
Por su parte, el ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, declaró que el decreto “permite garantizar que aquellas construcciones ubicadas en la Zona Marítimo Terrestre y que se encuentran legalmente inscritas ante el Registro no perjudicarán el paisaje natural de la región, no causarán impactos en la riqueza natural que los rodea al tener que cumplir requisitos acordes a nuestra política de desarrollo turístico sostenible”.
Según el Poder Ejecutivo, las disposiciones del decreto fueron consultadas al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara de la Construcción y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario.
Por Karina Alpízar Corella. Prensa Libre, 10 de abril de 2008.
La inversión hotelera y mobiliaria a lo largo de la costa guanacasteca se ha disparado en los últimos cinco años. Un nuevo decreto tiene como propósito evitar el crecimiento desmedido que atenta contra la fauna y flora en esa región. No obstante, en un par de semanas el Ejecutivo extendería una directriz para proteger la zona marítima en el Pacífico y en el Caribe.
Los parámetros regulan cobertura, altura, retiro y densidad del espacio geográfico, definidas en cuatro diferentes zonas: la pública (primeros 50 metros de la playa), la restringida (hasta 150 metros después de los mojones), intermedia (800 metros después de zona restringida) e interna (hasta tres kilómetros después de la línea final intermedia).
Una vez que el lineamiento salga publicado en La Gaceta, en las áreas privadas dentro de la zona restringida, por ejemplo, las edificaciones no podrán exceder los 16 metros de altura o tres pisos, mientras que en el área intermedia el límite será de 24 metros de altura, o cinco pisos, aproximadamente. A ello se suma que en la zona interna las nuevas construcciones deberán instalarse con un máximo de ocho pisos.
El ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, explicó que la nueva regulación impulsa el desarrollo urbano y territorial en Guanacaste, encaminado con una política ambiental orientada al cuido del recurso hídrico y evitar la contaminación.
En ese sentido, destacó el aporte del Plan Regulador, que es una responsabilidad de las municipalidades y en la cual existen debilidades importantes por contrarrestar.
Como parte de los lineamientos para autorizar las construcciones, los interesados deben garantizar que se habilitaron servicios básicos y que están garantizados, como es el caso del agua potable, así como el acceso por calle pública, viabilidad ambiental y cumplir con la normativa, tanto a nivel urbano como de conservación.
El decreto cubre el desarrollo en los 11 cantones guanacastecos, donde se ha registrado un 17,39% de crecimiento, que representa nuevos ingresos para sus 284 mil habitantes, pero también conllevan un impacto en la naturaleza cuyo daño no es nada reversible.
Benavides aclaró que el decreto no aplica para los sitios donde existiera un plan regulador ya establecido, o lineamientos por parte de las municipalidades para hacer respetar los límites de respeto a la zona marítimo terrestre. En ese sentido, aseveró que todo plan regulador está por encima del decreto, no obstante ambos resultan instrumentos de control urbano y ambiental urgentes de respetar.
Asimismo, la nueva directriz del Ejecutivo contempla también las políticas de población y necesidades de suelo en cada cantón, incorporando factores administrativos para la gestión, financiamiento y control urbanístico.
El jerarca de Turismo recalcó que el decreto será aplicado en ausencia de un plan regulador o planes específicos de desarrollo para algunos de los cantones, tomando en cuenta, incluso, las áreas privadas legalmente inscritas ante el Registro, situadas en la zona marítimo terrestre.
Entre paréntesis
En los 150 metros después de la playa, las edificaciones no podrán superar los tres pisos, mientras que a los 800 metros el límite será de cinco pisos y a los cuatro kilómetros del amojonamiento costero el máximo será de ocho pisos.
Por Gerardo Sáenz Valverde. Diario Extra, 11 de abril de 2008.
Con la finalidad de avanzar en una estrategia que permita paliar los efectos de la falta de planificación urbana y territorial en la provincia de Guanacaste, así como de garantizar la política de sostenibilidad de esta Administración, el Gobierno se dio a la tarea de establecer una serie de directrices que permitan a la región avanzar con medidas prontas y efectivas en este ámbito.
El decreto busca establecer pautas que permitan soluciones prioritarias a los problemas de la región, incrementar la capacidad productiva, turística, educativa y ecológica mediante un desarrollo sostenible, reforzando la organización institucional regional y asegurando el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
También considera las políticas de población y necesidades de suelo en cada cantón, incorporando la variable turística.
Según explicó Carlos Ricardo Benavides, ministro de Turismo, el decreto será aplicado en ausencia de Plan Regulador o planes específicos de desarrollo en los cantones guanacastecos; esto incluye las áreas privadas legalmente inscritas ante el registro situadas en la Zona Marítimo Terrestre.
“Es muy importante la medida porque nos permite garantizar que aquellas construcciones ubicadas en la Zona Marítimo Terrestre y que se encuentran legalmente inscritas ante el Registro no perjudicarán el paisaje natural de la región, no causarán impactos en la riqueza natural que los rodea al tener que cumplir requisitos acordes a nuestra política de desarrollo turístico sostenible, además aquellas edificaciones en áreas especiales de protección se seguirán rigiendo por la legislación actual”, señaló Benavides.
Los parámetros que contempla el decreto refieren a cobertura, altura, retiro y densidad del espacio geográfico, para ello se definen cuatro zonas como la pública (primeros 50 metros de playa), restringida (hasta 150 metros después de los mojones); intermedia (800 metros después de zona restringida); e interna (hasta 3 Km. después de la línea final intermedia).
Esto significa que por ejemplo, en las áreas privadas ubicadas dentro de la zona restringida ubicada en los 150 metros después de la playa las edificaciones no podrán exceder los 16 metros de altura o 3 pisos aproximadamente; mientras que en el área Intermedia el límite será de 24 metros de altura o 5 pisos aproximadamente; y en la interna que se ubica a 4 kilómetros del amojonamiento costero, el máximo será 36 metros de alto o 8 pisos aproximadamente.
El Gobierno pretende que esta medida perdure durante los próximos cuatro años, e incluso, hasta tanto las municipalidades no hayan aprobado el Plan Regulador correspondiente, o bien el Plan Urbano de la Región Chorotega, que debe elaborar el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Por Gerardo Sáenz Valverde. Diario Extra, 11 de abril de 2008.
“Estamos totalmente de acuerdo con el reordenamiento y con esto se reconfirma que son absolutamente innecesarias las expropiaciones, ¿para qué gastar 700 millones de dólares en una cosa que ya el gobierno de por sí tiene solucionado?
Así de rotunda y tajante fue la primera reacción generada por los vecinos de Playa Grande, en Santa Cruz, Guanacaste, tras el anuncio del decreto de ordenamiento territorial en Guanacaste.
Aunque el decreto se hace, “entre tanto las municipalidades establecen su ordenamiento o plan regulador”, en Playa Grande propiamente dicho ya existe un plan elaborado por científicos que garantizan la protección de la tortuga marina y sus sitios de anidación. El plan fue acogido por la totalidad de los vecinos de este sector.
“Este decreto viene a darnos la razón, son planes reguladores y de ordenamiento, siguiendo la legislación costarricense y los procesos jurídicos que rigen a un Estado de derecho, los que tienen que darse en una democracia centenaria como la nuestra, nunca con medidas de presión o chantaje como lo pretende hacer una organización extranjera que lucra con las tortugas y experimenta con ellas”, dijo Minor Masís, vecino de la zona.
Para la organización de vecinos que agrupa a los habitantes de Playa Grande, esta decisión demuestra que las expropiaciones son innecesarias. “Para qué van a pagar $700 millones, según el ministro del Ambiente Roberto Dobles, en una expropiación que ahora es menos necesaria que nunca. Con este decreto el viejo argumento de que las municipalidades no podían cumplir con planes reguladores se cae por su propio peso. Es ahora el Gobierno de la República el que está detrás de todo esto. Es el aparato estatal completo, el que estará velando por su cumplimiento. Ahora no hay excusa”, dijo Manfred Marshall, otro de los vecinos.
Abril de 2008