Son pocos los días en que los ciudadanos españoles no se levantan sin que hay surgido algún nuevo escándalo inmobiliario, mayoritariamente localizados en la costa mediterránea y “desarrollado” al albur de políticas de expansión turística. Bueno es que estas prácticas "emerjan". Pero muchas veces ya es demasiado tarde: las prácticas ilegales apoyadas por los gobiernos municipales han acabado con buena parte de nuestros ecosistemas y con el tejido social, que ha quedado cautivo en redes y prácticas clientelistas.
La pregunta es, ¿por qué no se paró antes? Si hay suerte, algunos miembros de consistorios y empresarios inmobiliarios pasarán una temporada (seguro que no muy larga) en la cárcel. Pero también habría que preguntarse sobre la responsabilidad de jueces, fiscales y responsables polítiicos regionales y estatales, cuya complacencia permitió que esto sucediera impunemente durante años.
A continuación, una serie de artículos periodísticos recientes que tratan algunos de los casos de corrupción que han visto la luz en las últimas semanas, en estos casos centrado en la comunidad autónoma de Murcia, donde estas prácticas parecen haberse convertido en una tradición. La mayoría de estos escándalos son protagonizados por alcdales del derechista Partido Popular, que también gobierna la región.
Diario Público. 11/04/2008
Varios directivos ante el juez en relación al caso de Torre Pacheco. El alcalde Daniel García Madrid, del PP, se ha negado a declarar.
El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, del PP, fue detenido hoy por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, y se negó a declarar ante el juez de San Javier que sigue el caso.
A lo largo de esta mañana sí declararon como imputados el presidente del grupo empresarial Polaris World, José Luis Hernández, y el ex director financiero de esta compañía, Juan Marcos Fernández, a quienes el juez no impuso medidas cautelares, por lo que abandonaron los juzgados pasadas las 15 horas.
Sobre las 18.30 horas, entró a los juzgados el promotor inmobilario Facundo Armero, que fue cofundador del grupo Polaris World en 2001, empresa que abandonó en 2006 al vender sus acciones, que suponían el 50 por ciento del total.
Armero está ligado al alcalde de Torre Pacheco ahora imputado porque éste fue su abogado personal y de varias de sus empresas antes de acceder a la alcaldía de la localidad en 2003.
Tanto Hernández como Armero abandonaron los juzgados tras sus declaraciones, aunque el juez mantiene sobre ellos las imputaciones.
El alcalde continuaba detenido a media tarde en las dependencias del juzgado de San Javier, a la espera de que el juez tomase una decisión sobre su situación, tras haberse negado a declarar por consejo de su abogado, quien considera que "podría ser un montaje y contrario a la Constitución".
El letrado del alcalde, José María Pardo Geijo, señaló hoy que su defendido, al que se le imputan presuntos delitos de malversción de caudales públicos y prevaricación, está a la espera de que el titular del juzgado de instrucción número 3 de San Javier, Salvador Calero, celebre una comparecencia con el fiscal José Luis Díaz Manzanera.
Imputaciones
Según fuentes judiciales, la causa se instruye por presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto en los municipios de Torre Pacheco y Fuente Álamo, que continúa parciamente bajo secreto de sumario.
"En el PP el que la hace, la paga"
Sobre este asunto, el presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo hoy en Madrid que en el PP "el que la hace, la paga", pero antes hay que demostrar que ha cometido irregularidades.
Mientras, el PSOE de Murcia pidió hoy la dimisión del alcalde, cuyas actuaciones defendió el PP por considerarlas "ajustadas a Derecho".
El caso de Torre Pacheco y Fuente Álamo comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y de las primeras declaraciones, de una quincena de imputados entre técnicos y ediles de ambos ayuntamientos, tuvieron lugar a primeros de noviembre.
El pasado lunes, el juez de la causa -ampliada tras las primeras declaraciones- mandó a prisión al arquitecto técnico municipal de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, por su supuesta implicación en esta trama.
Ayer, tras varias horas de comparecencia, el juez dictó libertad con cargos para el secretario y el interventor municipal de Torre Pacheco, Jose Luis de Dios y Miguel Pérez, respectivamente.
Diario Público. 11/04/2008
El diputado autonómico del Partido Popular, Juan Morales, deberá pagar una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión provisional por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística.
El diputado autonómico murciano y ex alcalde de Totana, Juan Morales, deberá pagar una fianza de 200.000 euros para eludir la prisión provisional que dictó hoy en su contra el juez de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia, por su supuesta implicación en una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad.
Tras más de doce horas de declaración ante el magistrado instructor, Julián Pérez Templado, éste dispuso que para evitar la entrada en prisión de Morales, la fianza debía ser depositada antes de las 14:00 horas del próximo lunes.
Si ésta se hace efectiva en el plazo indicado, el diputado deberá entregar el pasaporte en el juzgado, comparecer los días 1 y 15 de cada mes y comunicar allí cualquier salida al extranjero.
Morales está imputado como autor de delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación en la presunta trama de corrupción urbanística conocida tras la operación Totem, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Totana, Madrid, Vigo y Murcia a fines de noviembre de 2007.
A la salida, sobre la una y media de la madrugada de hoy, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde lo esperaban dos hermanos, confió en poder reunir el dinero de la fianza gracias a la hipoteca de su casa y a la ayuda de sus hermanos y del resto de su familia.
Su abogado, José María Caballero, señaló que hay que tener en cuenta que todo el patrimonio de Morales "le fue intervenido", aunque "son algunos de familia y tiene bastante apoyo de gente que le ha dicho que estaría dispuesta a echarle una mano".
El que fuera alcalde de Totana de 1995 a 1999 y de 2003 a 2007, y concejal de 1991 a 1995 y de 1999 a 2003, reconoció estarlo pasando "muy mal, como cualquiera de los imputados", entre ellos, el actual primer edil, José Martínez Andreo -dado cautelarmente de baja como militante del PP-, quien estuvo dos meses en prisión hasta que se le impuso una fianza de 70.000 euros que abonó para abandonarla.
Declaración minuciosa
"Ha sido una declaración muy minuciosa en cuanto a detalles, de ahí la tardanza", comentó el abogado, afirmación que Morales matizó al señalar que sólo conoce del sumario, declarado secreto, lo que le han preguntado hoy, que incluía algunas de sus actuaciones durante sus dieciséis años de trabajo político municipal como edil y alcalde, y citó en concreto los años 1991, 1995 y 1998.
"Ha habido muchas preguntas relacionadas con la actividad política municipal de muchos de esos años y, lógicamente, para contestarlas hay que hacer mucha memoria", afirmó.
Morales fue dado de baja como militante del PP y expulsado de su grupo parlamentario
Morales fue dado de baja de su militancia en el PP y expulsado por este partido de su grupo parlamentario, por lo que pasó al grupo mixto, aunque desde entonces no ha asistido a ninguna sesión de la Cámara, ni lo hará hasta que sea levantado el secreto del sumario, anunció hoy.
"Sólo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento para mi partido, para el presidente, para los consejeros y diputados", dijo, pero como parlamentario no quiere "perjudicar ni al PP ni a ninguna institución".
"Respeto a quienes han tomado decisiones que no comparto, pero ellos han cumplido con lo que consideraban que era su obligación en la defensa de los intereses de una región y de un partido", agregó.
El caso está siendo instruido por la jueza de Totana María Asunción Navarro, pero debido a que Morales es diputado regional y tiene condición de aforado, el tribunal competente para tomarle declaración es el TSJ de Murcia.
Diario Público. 10/04/2008
Vendió suelo público 30 veces por debajo de su valor real
El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, del PP, y otros cargos municipales de su partido declararon ayer como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, que investiga un posible delito de prevaricación en la venta de suelo público a menor precio en la zona del Balcó del monte Renegà.
La declaración de Albert ante el juez ha durado unos 45 minutos y tanto él como los otros cuatro imputados -el arquitecto municipal Carlos Garrido, el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, y los ex ediles populares Jorge Garrido y Juan Manuel Miralles- han declinado atender a los periodistas a su salida del Juzgado.
“Lo siento mucho, pero no hay ninguna manifestación”, dijo el regidor a los periodistas. Fuentes del Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales (Gecen), que interpuso la denuncia, la investigación se centra en la venta de suelo que correspondía al Ayuntamiento –un 10% del total por la urbanización del sector– a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros.
El caso se ha reabierto por la Fiscalía después de que, en 2003, un fiscal decidiera no abrir diligencias ante la denuncia presentada por el citado grupo ecologista.Según Gecen, el pleno del Ayuntamiento aprobó vender este suelo público sin tasarlo ni subastarlo previamente con los votos a favor de los concejales del PP, del GIO y del único concejal del PSPV en el Ayuntamiento, José Manuel Ribes, quien posteriormente fue expulsado del partido.
Esta actuación se llevó a cabo pese a que los técnicos municipales habían advertido de la “ilegalidad” del proyecto en sus informes. Fuentes de Gecen estiman que en total se habrían cometido ilegalidades por un valor monetario superior a los 40 millones de euros, procedentes de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de “los excesos de aprovechamiento urbanístico, con cesiones del 10% y aprovechamiento de terrenos municipales”.
Los ecologistas aseguran que los únicos beneficiados “por estas ventas ilegales” son los urbanizadores de los PAI, resultando perjudicados los vecinos y las arcas municipales que dejaron de ingresar “una buena cantidad de dinero”.
Rafael Albert ya fue llamado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón el pasado 20 de febrero por otro supuesto delito de prevaricación relacionado con el intento de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable.
Diario El Plural. 3/04/2008
Se le investiga por fraude, cohecho y malversación de fondos, entre otras cosas.
El alcalde de la localidad murciana de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, del PP, fue detenido esta mañana por un presunto delito de corrupción urbanística en su propia localidad y en la también murciana Fuente Álamo. García Madrid, atendiendo a los consejos de su abogado. se negó a declarar ante el juez. Tras él lo hacen el presidente de Polaris, José Luis Hernández, y el ex director financiero del grupo, Juan Marcos Fernández Ferrugia, ambos imputados en la misma causa.
La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana a Daniel García (en la foto) quien, en estos momentos, ya se encuentra en los juzgados de San Javier (Murcia). El arresto, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), se enmarcaría en la investigación que lleva a cabo el juez Salvador Calero sobre presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secretos en los municipios murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo.
Primera declaración
El edil del PP ya prestó declaración por este mismo caso el pasado 8 de noviembre durante unas siete horas, después de que se presentase una denuncia desde la Fiscalía del TSJM tras la cual se requisaron decenas de cajas con documentación relativa a expedientes urbanísticos en ambas localidades.
Imputados en Torre Pacheco...
Entre los imputados se encuentra el constructor Facundo Armero, implicado presuntamente en la trama de clientelismo con los dos ayuntamientos. También se ha detenido al arquitecto municipal de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, y a los concejales de Urbanismo y de Obras, Infraestructuras y Vías Públicas, Santiago Meroño y Josefa Marín. También están implicados el presidente y director general de Polaris World, José Luis Hernández de Arce, y el ex director financiero del mismo grupo Juan Marcos Fernández Ferrugia, que han comparecido hoy ante el titular del juzgado número 3 de San Javier, en calidad de imputados.
... y en Fuente Álamo
En Fuente Álamo está imputada su alcaldesa, María Antonia Conesa, también del PP, sus concejalas de Urbanismo, María del Mar Pedreño, y de Obras y Servicios Públicos, Inés Mendoza, además del arquitecto municipal, José Mariano Sánchez Martín.
Expansión en Murcia de Polaris
Polaris World inició en 2001 en el término municipal de Torre Pacheco la construcción de su primer complejo urbanístico deportivo de lujo, con más de 850 viviendas y 1.500 en construcción, además de un campo de golf y un hotel de cinco estrellas. En la actualidad, el grupo empresarial desarrolla más de siete complejos de este tipo en varias localidades de la Región, entre ellas Alhama de Murcia, así como nueve campos de golf diseñados por Jack Niclaus.
Diario El Plural. 26/11/2007
Ante el último caso de corrupción urbanística destapado en Murcia, en concreto en la localidad de Totana, el presidente popular de la Región, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que el PP se personará en los casos abiertos contra cargos del partido para seguir “de cerca” los procesos. Según sus palabras, tendrá que personarse en 22 casos que afectan a catorce municipios. La Comunidad Autónoma acumula ya 19 imputados del PP por presuntos casos de corrupción urbanística. Además, la investigación del caso murciano acaba de dar un giro, ya que se señala como principal cabecilla al diputado Juan Morales, ex alcalde de Totana.
Según informó la SER, la investigación acaba de dar un giro al señalar a Juan Morales, diputado del PP en Murcia y alcalde de Totana hasta el pasado mes de mayo, como el principal sospechoso de la trama de corrupción urbanística de Murcia. Si no ha sido detenido es por su condición de aforado. Es más, el objeto de la investigación es el presunto cobro de comisiones de Morales a cambio de facilitar la firma de un convenio urbanístico con una empresa constructora gallega para recalificar 200 hectáreas de terreno.
Nuevas detenciones
Además, este lunes fueron detenidas en la localidad de Totana seis personas relacionadas con el PP murciano por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Con este son ya 22 los casos de corrupción urbanística en los que está implicado el PP en esta comunidad, y ya hay 19 imputados en el PP de la región por este tipo de delitos.
Se personará
El presidente murciano aseguró a este respecto que el PP se personará en todos los casos en que un miembro del partido se encuentre imputado para “seguir muy de cerca las actuaciones y la evolución en los tribunales, y actuar en consecuencia”. No obstante, aseguró que “todavía no hay una sola acusación firme, y ninguna sentencia firme”, y que ya han sido archivadas 32 dos causas en las que estaban implicados miembros del partido.
19 imputados
Según informó El País, el PP tiene imputados 4 alcaldes y 4 directores generales en Murcia, y 11 cargos más que militan en el partido. El proceso más importante es el destapado en la finca La Zerrichera, en Águilas, donde siete cargos populares están acusados por la presunta recalificación de terrenos. Por el mismo motivo hay cinco imputados del PP en Fuente Álamo y otros seis en Torre Pacheco.
El alcalde del municipio costero de Mazarrón, también del PP, está implicado en un proceso por presuntos pagos a un concejal de un partido local a cambio de favores urbanísticos. Y a un socio del hermano de Valcárcel se le investiga en San Javier por su presunta vinculación con las tramas de Torre Pacheco y Fuente Álamo. A ellos hay que sumar las 6 detenciones de Totana.
Respuesta "inmediata" y dimisión
IU de Murcia han sido los primeros en exigir a Valcárcel una respuesta “inmediata” ante el caso de corrupción destapado el lunes. Para ellos “cualquier silencio político sería un signo de complicidad por omisión”. Por su parte, el PSOE regional advirtió que el proyecto urbanístico de Totana ya había sido tachado de “desmesurado” por su grupo, y exigió la dimisión del anterior alcalde de la localidad, cuya esposa es una de las detenidas en la operación.
Abril de 2008