El pasado 26 de febrero de 2008 diputados del Partido Acción Ciudadana presentaron ante la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental de Costa Rica una denuncia por supuesta contaminación por aguas fecales de alguno de los hoteles y de otras actividades agropecuarias del Grupo Barceló ese país, y solicitó al Ministerio de Medio Ambiente una investigación al respecto. Esta iniciativa se produjo poco después de que la Ministra de Medio Ambiente de Costa Rica, María Luisa Ávila, ordenara el cierre del Hotel Occidental Allegro Papagayo, también de capital español. Tras la denuncia sobre el Grupo Barceló, el Semanario Universidad, ha publicado una reportaje que adjuntamos más abajo con las primeras reacciones suscitadas. El tema sigue abierto.
Por Vinicio Chacón, Semanario Universidad, Semana del 13 al 26 de marzo de 2008. Edición 572. Año XII.
"Algunos hoteles de la Cadena Barceló y otras actividades agropecuarias o comerciales ligadas a ese grupo empresarial, a través de la descarga de aguas negras y residuales estarían contaminando ríos como el Pánica y el Zelaya, en perjuicio de la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, existiría contaminación en el agua de las habitaciones".
Estas acusaciones las hicieron los diputados Marvin Rojas y Olivier Pérez -ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC)- ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, mediante un oficio con fecha del 26 de febrero, en el cual señalan de manera explícita a los hoteles Barceló Playa Tambor y Complejo Los Delfines.
Los legisladores fundamentan su denuncia en un reporte de análisis químico, realizado en el 2006 por iniciativa del mismo Hotel Barceló-Playa Tambor; así como un análisis bacteriológico del agua del río Pánica, con muestras tomadas el pasado 18 de febrero.
Rojas dijo que "hemos visto que hay desorden en Tamarindo, en Jacó, en muchos sitios turísticos en los que hay crecimiento desordenado, pues las municipalidades no son rigurosas con los permisos de construcción; lo que nos interesa es que se cumpla la normativa ambiental".
Puntualizó que "lo que hacemos es solicitar al Ministerio de Salud y a la Fiscalía Ambiental, que hagan un seguimiento para detectar si esta información es real".
El diputado destacó el análisis hecho este año por Servicios Integrados de Laboratorios S.A., el cual concluye que hay contaminación fecal en diferentes puntos del río Pánica y en la desembocadura del río Ballena.
La denuncia ante la fiscalía añade que "se presentaron a Tambor supuestos funcionarios del Ministerio de Salud; pero, en lugar de realizar la inspección y levantar un informe inmediato, (...) alertaron a personeros de la Cadena Barceló".
Al respecto, María Luisa Ávila, ministra de Salud, rechazó tal acusación e instó a que tal denuncia sea acompañada de nombres y pruebas; "nuestra gente siempre ha actuado legalmente", alegó.
Ávila informó que cuando recibió una nota de Rojas y otros diputados solicitándole una investigación, ya la misma había sido ordenada, en vista de que "hacemos un barrido de todos los hoteles, industrias y casas, por este tipo de contaminación en las regiones Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega".
Así, el 5 de marzo funcionarios de esa institución, del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), realizaron una inspección del Barceló-Playa Tambor y el Complejo Los Delfines.
Según la información aportada por la ministra, "se comprobó que ambos establecimientos envían las aguas negras y residuales a una planta de tratamiento manejada por un regente ambiental, la cual no evidencia contaminación en este momento y está en plan de mejoras".
Sin embargo, la inspección encontró que "son omisos" en requisitos como memoria y cálculos internos constructivos de esas mejoras, así como en la presentación de reportes operacionales.
El informe también indicó que la inspección de una porqueriza de la misma empresa, determinó que "tiene sistema de manejo de aguas residuales y desechos sólidos sin evidencia de contaminación".
Ávila informó que se les giró una orden sanitaria para que pongan a derecho sus sistemas ante ese Ministerio. "En resumen, si bien hay incumplimientos en la normativa, no se determinaron aspectos críticos de contaminación en este momento".
En todo caso, la funcionaria destacó que AyA tomó muestras para analizarlas, las cuales deberán estar lista en los próximos días.
Se quiso conocer la versión de Enrique Boza, abogado representante de la empresa Barceló; sin embargo, al cierre de esta edición (lunes 10) no fue posible contactarlo, tras dejar varios mensajes en su oficina y teléfono celular. En días pasados, Boza manifestó al Diario Extra que "es una persecución de los diputados del PAC; nosotros cumplimos con todas las normas de salud".
El abogado destacó el trabajo a tiempo completo de un biólogo "que monitorea las aguas utilizadas" y que el sistema de tratamiento de aguas incluye el uso de bacterias biodigestoras amigables con el ambiente.
Por eso, rechazó los resultados del estudio realizado en febrero de este año, dado que "desconocemos en qué circunstancias se dio ese análisis". "Trabajamos en un proceso de modernización del sistema, el cual contempla el reuso de aguas, tanto en riego como en otras actividades", añadió.
Coliformes fecales
El Grupo Barceló es una cadena de origen español que se ha expandido por Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. En Costa Rica es propietario de los hoteles "San José Palacio", "Rincón del Valle", "Langosta Beach", "Palma Real" y "Tambor Beach", además de "Los Delfines Golf & Country Club".
Los ríos en referencia, Pánica y Zelaya, se encuentran el en distrito de Paquera, en el cantón de Cóbano, provincia de Puntarenas.
El sitio en Internet del Hotel Barceló-Playa Tambor, destaca el logotipo del Programa Bandera Azul Ecológica y que allí se puede disfrutar de "un gran número de playas prácticamente vírgenes, a lo largo de esta costa bañada por el Pacífico y uno de los sistemas más importantes a nivel mundial de parques nacionales y reservas biológicas".
Entre las interpretaciones de los datos que constan en el estudio del 2006, realizado por la firma TecnoANALÍTICA Internacional S.A., destaca que la contaminación "está presente en el agua de las habitaciones y puede representar un riesgo".
También subraya que -según la normativa vigente- las aguas residuales vertidas en este caso a un río, no deben sobrepasar los mil coliformes fecales por cada 100 mililitros.
En ese sentido cabe mencionar que en una muestra tomada en el río, aunque no especifica cuál de los dos, después de verter el tanque de oxidación, se encontró una presencia de 2.100 coliformes fecales por mililitro. Las muestras analizadas en febrero de este año fueron recolectadas en el río Pánica, por la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) y procesadas por la empresa Servicios Integrados de Laboratorio S.A.
Ese laboratorio concluyó que todas presentaban contaminación fecal, aunque en algunos casos dentro de lo permitido por la normativa; pero, en otros, había hasta 4.600 coliformes fecales por cada 100 mililitros. Gerardo Durán, de la ADIP, detalló que esa organización se enteró del problema cuando el diputado Rojas hizo las primeras gestiones ante el Ministerio de Salud; "a partir de ahí nos preocupó, empezamos a investigar y logramos comprobar que están contaminando".
Durán sostiene que la contaminación de los ríos Pánica y Zelaya es grave, ya que desembocan al mar y afectan a las poblaciones de Pochote y Tambor; "por lo tanto, cualquier contaminación afecta a las playas y el turismo en sí". "Creemos que es importante que de una vez por todas se investigue. Hay vecinos de la comunidad de Pochote sumamente interesados en que esas investigaciones se hagan y ADIP, como asociación de desarrollo, tiene que ser vigilante de los problemas que denuncian las comunidades", aseveró.
Delfines
El complejo "Los Delfines Golf & Country Club" también se encuentra en la playa Tambor y fue fundado en 1998. En ese entonces, a instancias de José Merino, diputado de Fuerza Democrática, el Departamento Municipal de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República, estudió el caso y elaboró un informe. Ese documento asegura que "hubo devastación de manglar", que la empresa constructora CORTEXPRO S.A. no contaba con los permisos de construcción y que hasta cuatro veces fueron rotos los sellos de la Municipalidad de Puntarenas que suspendían las obras.
En aquel entonces Merino formuló una denuncia ante el Ministerio Público, y el pasado 8 de febrero -como legislador del Frente Amplio- dirigió un oficio al Fiscal General Francisco Dall´Anese, en el que le solicita información sobre el seguimiento de ese proceso. Dall'Anese contestó que hubo una denuncia presentada contra los empresarios Simón y Guillermo Barceló, por el delito de infracción de a la Ley sobre la Zona Marítimo- Terrestre, en perjuicio de los recursos naturales. Agregó que Guillermo Barceló, el fiscal Agrario Ambiental -Sergio Valdelomar- y el funcionario del MINAE -Luis Ángel Mena-, llegaron a un acuerdo conciliatorio, en el que el imputado: Barceló, se comprometió "a un plan de reparación a cumplir en 18 meses". Así, Dall'Anese solicitó al Fiscal Adjunto Agrario Ambiental que verifique el cumplimiento de dicho acuerdo; además, ante la posible falta de seguimiento sugerida por el órgano jurisdiccional, remitió el caso a la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público, "respecto a la actuación del fiscal que intervino en el proceso".
Marzo de 2008