Como ya hizo anteriormente con la costa mediterránea-atlántica, el diario El País ha publicado una serie de reportajes sobre la situación actual de las agresiones al litoral español de la costa norte.
A continuación, repoducimos estos reportajes.
Manuel V. Sola / Pablo López. 7/01/2008
Al final del puente, un guardia jurado y una barrera impiden el acceso al islote de Toralla, junto a una de las mayores playas de Vigo. Sólo los residentes y sus invitados pueden entrar en ese vestigio del desarrollismo de los años sesenta, constituido por una torre de 70 metros cimentada en la misma ría y 30 selectos chalés que llegan hasta donde rompen las olas.
En Toralla no hay dominio público, servidumbre de paso ni zarandajas, sino una comunidad de propietarios y una sociedad, Toralla, S.A., con una concesión sobre la isla hasta 2064. Hasta finales de los años noventa, el guardia y su barrera custodiaban esta franja de tierra de no más de cinco hectáreas, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasar el puesto de control y a permitir el acceso público a las dos pequeñas playas de la isla.
Se trata en realidad de un único arenal dividido por el propio puente, un ejemplo más del daño que el urbanismo ha infligido a uno de los lugares de mayor belleza natural del litoral. Con las islas Cíes como telón de fondo, la brutal torre de 21 plantas tiñe el paisaje de hormigón.
Toralla era un caso asilado en Galicia, que tiene casi la tercera parte de la costa peninsular española, y que había permanecido intacta a la fiebre de urbanizaciones turísticas. Hasta ahora. En los 86 municipios de la costa gallega se han construido, en toda la historia, 816.000 viviendas. Los ayuntamientos están ahora recalificando hasta la tierra de las macetas para poder edificar 680.000 en sólo 13 años; más que las previstas, por ejemplo, en la Costa del Sol.
La tramitación de macrourbanizaciones (de entre 1.000 y 5.000 viviendas) costeras trasladan a las rías gallegas el modelo mediterráneo: apartamentos, adosados, campos de golf y marinas en primera línea de playa, zonas en las que hasta ahora sólo se podía construir vivienda aislada. Incluso están siendo tramitadas por inmobiliarias levantinas, como Lábaro o Pedro J. Pedrajas.
El mejor ejemplo de la importación del método Mediterráneo es Miño, un bello municipio en la ría de Betanzos en el que se están construyendo 1.300 viviendas con campo de golf y hotel, sin depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas. El Ayuntamiento expropió más de un millón de metros cuadrados de suelo forestal para darle la concesión a la inmobiliaria Fadesa. Es la primera expropiación que se realiza en Galicia para acometer una urbanización privada con venta obligatoria del suelo a seis euros el metro cuadrado. Fadesa los vende ahora entre 2.000 y 6.000.
"Es una presión inmobiliaria que nos deshace el país de arriba abajo y por eso queremos parar el golpe", asegura el presidente socialista de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. El 16 de mayo de 2007, el Gobierno gallego publicó la denominada Ley de los 500 metros, un documento de medidas urgentes para suspender todas las edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Aún estamos a tiempo", opinan en la Consellería de Política Territorial, indicando que su objetivo es tratar de evitar la marbellización de la costa gallega.
"El problema de la costa gallega es que está sin ordenar. A nosotros nos da igual edificar a 500 que a 3.000 metros de la costa, lo que pedimos es que se nos diga dónde, con transparencia y con planes urbanísticos aprobados", subraya el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, Javier Garrido Valenzuela.
La peculiaridad del litoral gallego, y lo que ha generado mayor contestación social al urbanismo que en otras zonas de España, es que nunca ha vivido del turismo. La economía costera gallega sigue basándose en la pesca, el marisqueo y la industria asociada al mar (astilleros, conserveras, cetáreas, frigoríficos, piscifactorías), y no en pelotazos inmobiliarios.
La otra peculiaridad es que la costa gallega tiene una elavada densidad de población, pero la mayoría del litoral está exento de macrourbanizaciones. Eso no quiere decir que la costa esté desocupada, si no que predomina la vivienda aislada (legal o ilegal). Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 15% del primer kilómetro de costa gallego ya está artificialmente ocupado. Es una ocupación mayor a la de Baleares o Canarias, que tienen una longitud de costa similar a Galicia pero una explotación turística muchísimo mayor. En la franja marítima gallega hay unos 300 núcleos de población, todos con puerto marinero y casco urbano históricamente construido ante el mar. "Hasta ahora la costa gallega sólo disponía de demanda de edificación local, para el veraneo de la Galicia urbana, y ahora hay una fuerte demanda nacional e internacional", dice el presidente de los promotores.
Debido a su malas comunicaciones y a la maldición climática, Galicia salió casi intacta de la fiebre inmobiliaria de los años 80 y 90 que destrozó otras zonas del litoral. Pero en 2001 se detectaron los primeros desembarcos inmobiliarios a gran escala. Las grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Vallehermoso, ACS, OHL, Urbis...) que hasta entonces no operaban en Galicia iniciaron la compra de grandes extensiones de suelo rústico en la costa. Fuentes del sector calculan que los grandes jugadores han comprado unos 30 millones de metros cuadrados de litoral con la intención de lograr su recalificación y construir. La oleada de convenios urbanísticos con ayuntamientos fue tan voluminosa que incluso empezaron a publicarse anuncios en los periódicos gallegos demandando abogados expertos en urbanismo.
En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos.
Dos años después, los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo. La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora.
Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios sin planeamientro adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo.
Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros del mar. Se trata de Isaac Maceiras (PP) regidor de A Pobra do Caramiñal en la ría de Arousa. Su nuevo plan aumenta la edificabilidad en un 297%, una constatación de lo que está por llegar a la costa gallega. "A Pobra es un pueblo que nació bonito, es bonito y mientras yo sea alcalde seguirá siendo bonito", asegura Maceiras.
La suerte que ha tenido el nuevo Gobierno gallego (PSOE-BNG) es que urbanísticamente aún estaba todo por hacer, con lo que ha podido parar el golpe. A excepción de A Pobra do Caramiñal, el resto del litoral gallego (85 ayuntamientos) están en situación urbanística de alegalidad, al no haber adaptado antes de 2006 sus planes a la nueva Ley del Suelo de Galicia. Esto es lo que ha permitido a la Xunta aplicar la suspensión de edificaciones a 500 metros del mar a toda la fachada marítima, desde Ribadeo hasta A Guarda.
La medida cautelar afecta a una franja de 60.000 hectáreas, que representa el 13% del suelo de los municipios costeros, la banda más deseada por las constructoras. La Ley de los 500 metros ya ha bloqueado, de hecho, un total de 30 millones de metros cuadrados que, estando a menos de medio kilómetro del mar, ya habían sido recalificados como urbanizables.
Además, los fiscales iniciaron en 2006 la imputación de alcaldes, concejales, arquitectos y promotores por supuesta corrupción urbanística. Galicia es, tras Andalucía, la autonomía con más casos de corrupción abiertos por las nuevas Unidades de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil en los últimos seis meses. Hay en marcha 14 operaciones por prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho o incumplimiento manifiesto de la legalidad urbanística. A ellos se añaden otros diez casos en curso abiertos antes de marzo de este año.
El pelotazo está en el tejado. La mayoría de los ayuntamientos costeros han contratado consultoras urbanísticas privadas y tienen casi elaborados planes para duplicar su edificabilidad. El caso más inminente es Vigo (del PP pasó en mayo al PSOE y BNG) donde se mantiene una edificabilidad un 101% superior a la actual, con más de 110.000 viviendas nuevas.
La presión que está ejerciendo sobre la Xunta y los ayuntamientos el sector inmobiliario y buena parte del mundo empresarial gallego, es enorme. Hablan de inversiones de más de 84.000 millones de euros, casi diez veces el presupuesto de la Xunta. Las hectáreas que han comprado en Galicia son la mayor amenaza para la más extensa de las costas de la España peninsular.
Javier Cuartas. 8/01/2008
Fue de las primeras autonomías en proteger el litoral. Tal madrugón legislativo le permite presumir ahora de ser una de las comunidades que mejor conserva su zona costera, lo que la convierte en una codiciada presa para los predadores urbanísticos. La costa asturiana afronta su momento más delicado.
Asturias tiene la franja costera mejor conservada y menos urbanizada de España. Es el mismo diagnóstico del trabajo Destrucción a toda costa (2007), de la organización ecologista Greenpeace; del informe Sostenibilidad en España 2006, del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), y del estudio Perfil ambiental 2005, del Ministerio de Medio Ambiente. Es también, lo que el geógrafo Fermín Rodríguez, director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, ha denominado "el excepcionalismo asturiano".
Pero lejos de ser un motivo de tranquilidad, el dato es causa de inquietud ante el temor de que Asturias sea la próxima pieza a cobrar por los buscadores de oportunidades, precisamente por la mayor preservación de su litoral y por haber logrado eludir, hasta ahora, la amenaza del urbanismo despiadado que ya ha dañado de forma irreversible otras zonas de la costa española.
La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian que hay planes para edificar 60.000 nuevas viviendas en la franja marítima asturiana. Los ayuntamientos reducen esa cifra a 25.000 y aseguran que son planes para los próximos 10 años.
Entre los sectores conservacionistas asturianos existe el convencimiento de que el Principado es el próximo objetivo del afán predador de quienes, en la creencia de que el modelo mediterráneo está agotado por saturación, han visto en la costa cantábrica y, en particular en Asturias, por su alto grado de conservación e imagen de calidad ambiental, la próxima zona de expansión de la construcción residencial para segundas viviendas en el litoral.
El Gobierno asturiano ( PSOE) intenta lanzar un mensaje tranquilizador y asegura que en ningún caso va a tolerar la destrucción de costa. Asturias ha sido pionera en prohibir (desde 1993 mediante directrices de ordenación territorial y por ley desde 2002) la construcción a menos de 500 metros del mar, salvo núcleos urbanos preexistentes.
El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), de mayo de 2005, impulsado por el Gobierno, entonces de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida, reforzó aún más esa cautela, y señala las 16.568 hectáreas donde no se puede construir: toda la zona costera fuera de cascos urbanos en esa franja de 500 metros. Además, el plan incluye actuaciones sobre 981.500 metros cuadrados a lo largo de la costa donde habría que regenerar "puntos negros", mediante la expropiación o la remodelación de zonas para atenuar impactos negativos.
Pero el temor sigue. En los 19 municipios marítimos asturianos la sociedad civil ha empezado a movilizarse y se multiplican los colectivos, plataformas y movimientos ciudadanos para oponerse a los proyectos de nuevas urbanizaciones Por unas u otras razones, una multinacional estadounidense, Landmark, que pretendía acometer un gran proyecto residencial en Cudillero para turistas de alto poder adquisitivo, acaba de desistir.
El PP asturiano ha sostenido en este tiempo que no hay "ninguna amenaza" y que los mecanismos de protección existentes pueden ser incluso "excesivos".
El temor a que Asturias haya sido elegida como la próxima presa de la concupiscencia urbanizadora se fundamenta, en primer lugar, en sus ventajosas condiciones de conservación, muy atractivas para los demandantes de segunda vivienda (sobre todo vascos y madrileños) que huyen del modelo masificado. También en los proyectos que han ido emergiendo a medida que avanzan las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico a lo largo de la fachada marítima. Y además, en la convicción de que existe un creciente segmento de turistas que vuelven su mirada hacia el veraneo norteño, que desde el último tercio de siglo XIX y hasta los años 60 había sido la referencia del asueto de las clases dirigentes y pudientes españolas. Entonces el detonante fue el ferrocarril y ahora, las autovías, y, en el futuro, el AVE.
Con unos 500 kilómetros de perímetro costero (unos 236 kilómetros en línea recta), Asturias es, tras La Coruña y Tenerife, la tercera provincia española con más litoral, y ello es otro acicate para alentar un creciente número de proyectos inmobiliarios. La región ofrece en su fachada marítima 192 playas, zonas de dunas, seis rías, numerosos tramos de abruptos acantilados y el segundo mayor número de puertos de España (por detrás de la provincia de Pontevedra) en muchos de los cuales han ido desarrollándose puertos deportivos.
A ese potencial se suma una singularidad insólita en Europa: la gran cercanía entre la alta montaña (Picos de Europa y Cordillera Cantábrica) y el mar, lo que permite conciliar, en muy cortos desplazamientos, dos ofertas de ocio y paisaje muy diferenciados.
No obstante, que en la comparativa con otras comunidades Asturias salga victoriosa en la protección de su costa no implica que no se hayan perpetrado excesos durante el desarrollismo de los 60 y primeros 70 que hoy no se permitirían.
Este año, Greenpeace alertó de la existencia de 14 "puntos negros" o situaciones de riesgo en 13 concejos del litoral asturiano (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Soto del Barco, Cudillero, Valdés, Tapia de Casariego y Castropol) en casi todos los casos por proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf. Izquierda Unida denunció en 2006 que sobre el litoral asturiano pesa la amenaza de 60.000 futuras viviendas en proyecto para una comunidad con poco más de un millón de habitantes. La Coordinadora Ecologista las cuantifica en 66.200. Según estas fuentes, los 19 ayuntamientos costeros de la región podrían ingresar por estas licencias del orden de 667 millones de euros. Y Greenpeace habla de 40.300 (15.000 de ellas en un solo municipio: Llanes, y entre 5.000 y 9.000 en Ribadesella).
Los ayuntamientos, agrupados en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) lo niegan. Aseguran que lo previsto está en torno a las 25.000 viviendas en todo el litoral de la comunidad y en un plazo de diez años. El Principado y el PSOE aducen que una cosa es lo que quieran hacer los promotores y los ayuntamientos y otra lo que se les vaya a permitir.
El Gobierno asturiano (PSOE) está ahora en medio de dos fuerzas de presión de sentido inverso y ambas muy fuertes. Por un lado, la de quienes se oponen a nuevos desarrollos residenciales -IU, grupos ecologistas, movimientos vecinales y colectivos de veraneantes, tanto asturianos como foráneos, que ya disponen de segunda residencia en la costa y no quieren que se les masifique el entorno- y, por el otro, promotores y constructores que consideran que Asturias es la última gran oportunidad de territorio relativamente virgen, y también los ayuntamientos, que ven en el turismo y las licencias de construcción una pujante fuente de ingresos.
"No vean lo que cuesta aguantar el tipo ante la presión urbanística sobre la costa. Muchas veces debemos decir no a proyectos que crean empleo", admitió el presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces. Las autoridades regionales aseguran que en el Principado no se repetirá el modelo urbanístico del Mediterráneo ni el de otras zonas del Cantábrico, en las que el daño es ya es irreparable. El consejero de Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, reconoció hace un año que los grandes inversores del ladrillo "miran ahora hacia el Cantábrico" pero que el Principado estará "vigilante" y no permitirá un desarrollo urbanístico "insensato".
El presidente de la patronal asturiana de empresas constructoras (CAC), Serafín Abilio Martínez asegura: "Hemos apostado por el plan de ordenación del litoral que nos planteó el Gobierno porque queremos hacerlo bien y abordar un crecimiento sostenido de la segunda vivienda". La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) considera que la economía asturiana precisa un desarrollo urbanístico y residencial de la costa y que es posible hacerlo sin perpetrar ni los errores ni los abusos edificatorios de otras franjas costeras españolas.
Natalia Junquera. 9/01/2008
Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro.
Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.
El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.
Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.
El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".
Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.
Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.
"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.
Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.
Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.
El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".
A. Uriona / M. Ormazabal. 10/01/2008
En Euskadi la presión sobre el litoral crece, aunque todavía no haya operaciones urbanísticas masivas como en el Mediterráneo. Un informe del Gobierno vasco constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005. Gracias a la férrea oposición de los ecologistas, los tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika (Vizcaya) y en la reserva de la biosfera de Urdaibai, curiosamente avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.
Greenpeace, en su último informe sobre la destrucción de la costa sitúa la mayor presión en el litoral vasco en Vizcaya, donde hay proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas. Además, los proyectos de ordenación supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco permiten la edificación en Vizcaya de cerca de 20.000 viviendas junto al mar a lo largo de los próximos ocho años, una cifra que se duplicará previsiblemente cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa. La Diputación vizcaína ha minimizado esta cifra asegurando que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que finalmente serán edificadas.
Pero alguno ha seguido fielmente el proyecto de ordenación elaborado. Barrika, con menos de 1.400 habitantes y enclavado en un privilegiado paraje a 10 kilómetros de Getxo, ha elaborado un avance urbanístico que contempla 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.
En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la recalificación de 18 hectáreas para erigir 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para entonces ya estaban finalizados y habitados 14 chalés.
Ahora está pendiente el recurso presentado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Barrika ante el Tribunal Supremo y, si se confirma el fallo, el municipio se enfrenta a una indemnización de varios millones de euros para los promotores de la urbanización, los dueños de los chalets construidos y los que compraron el terreno con licencia.
El otro asunto en los tribunales afecta a la única reserva de la biosfera de Euskadi, la de Urdaibai. En este caso fue el Gobierno vasco el que impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El Tribunal Superior vasco la anuló al estimar que la consejería de Medio Ambiente actuó con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente" con la ley de protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y de otros servicios en ese barrio.
En esta misma zona se ubica el chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que construyó un 38% más de lo autorizado, y fue multado con 25.000 euros por incumplir la ley de Urdaibai, la misma en la que aparece su firma como el entonces máximo responsable del Gobierno. Pero también está en los tribunales porque Ardanza se niega a derribar parte del tejado.
El conflicto de más calado se sitúa en Bakio, de poco más de 2.100 habitantes, donde existen planes para construir 1.900 viviendas. Aquí, el proyecto más polémico incluye 436 pisos y la posible inclusión de un campo de golf a pocos metros de un biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño). En este caso, el Gobierno vasco sí ha mostrado su rechazo; hace ya seis años que solicitó la "la suspensión cautelar" de este proyecto por el impacto sobre la bahía de Bakio y la falta de datos sobre la afección del campo de golf "en un terreno de orografía accidentada". En los otros planes urbanísticos de Bakio han saltado, además, otras polémicas con empresas vinculadas al ex viceconsejero del Gobierno vasco Javier Goirigolzarri, del PNV, beneficiándose de las recalificaciones.
El mejor aliado de la costa guipuzcoana frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, la línea de acantilados que forma un enorme farallón en prácticamente toda su longitud, han impedido la invasión urbanística que han conocido otras vertientes costeras de España. "La costa guipuzcoana ha crecido a un ritmo de seis viviendas anuales por cada 1.000 habitantes, cuando en otros lugares la media ha superado la veintena", afirman el arquitecto Santiago Peñalba y el abogado Mikel Iriondo, expertos en Urbanismo y redactores del planeamiento urbanístico de San Sebastián.
Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más cuidadosa de la ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco. Ana Oregi, viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, explica que Euskadi se ha dotado de otras "herramientas" legales "muy eficientes" para "proteger la costa", y cita entre otras la ley vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial de Protección del Litoral, aprobado en marzo de 2007. "Estos instrumentos ya no permitirán construir más puertos de forma unilateral y tampoco se autorizarán los planeamientos municipales sin una visión global y ambientalista del litoral", asegura la viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco.
Los ecologistas encuentran varios borrones en la costa. El informe de Greenpeace advierte de que la ocupación del suelo se ha "disparado" en las dos últimas décadas en Euskadi y sitúan cuatro "puntos negros" en la franja costera guipuzcoana: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de macropuerto a mar abierto de Pasajes, aprobados antes de que se publicara el Plan Territorial de Protección del Litoral.
"Aunque la situación no es comparable con otros puntos de España, y admitiendo que la costa se ha conservado bastante bien porque tiene zonas inaccesibles, el riesgo es que se pueden cometer graves daños con los proyectos de puertos en Mutriku y Pasajes", sostiene Estela Beteta, técnico medioambiental y miembro del grupo ecologista Jaizkibel Bizirik. "El gran olvidado del litoral guipuzcoano es el mar", sentencia.
Hay una coincidencia general en que la urbanización de la primera línea de playa de Orio es una "mancha" que chirría en el plan de protección costero. Bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje y enfadado a los ecologistas. Del mismo modo, la ampliación del puerto pesquero de Mutriku -el actual quedará para usos deportivos-, impulsado por el Gobierno autonómico, tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.
De todos los impactos que podría sufrir el litoral, el más agresivo sería el del puerto exterior de Pasajes, un proyecto de dársena a mar abierto, adosada al monte Jaizkibel -incluido en la Red Natura 2000- que está levantando muchas ampollas. Lo apoyan abiertamente los socialistas y el PNV, es reticente Eusko Alkartasuna y se oponen frontalmente Ezker Batua, Aralar y ANV. Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020.
A pesar de que en las últimas tres décadas ha existido una tendencia por parte de la población a asentarse en los municipios costeros, lo que se ha traducido en "una fuerte presión urbanística en la primera línea", admite Oregi, "todas las actuaciones realizadas en esta zona han sido bastante moderadas". Considera "muy alentador" que el Gobierno impulse la recuperación de la costa. "Las intenciones de Narbona [ministra de Medio Ambiente] son muy interesantes, porque van en la misma línea que las del Gobierno vasco. Ahora bien, nos chocaría que ese mismo gobierno que plantea la defensa del litoral luego pudiese dar vía libre a proyectos a gran escala como el de Pasajes. No va de acuerdo con el plan de protección del litoral", concluye la viceconsejera de Ordenación del Territorio.
Enero de 2008