Por Luis Méndez, Reforma, 20 de diciembre de 2007.
A mediados del mes de diciembre de 2007 Ecologistas en Acción denunció la labor desarrollada por el embajador español en México, Carmelo Angulo, a favor de empresas españolas del sector turístico. Según la organización ecologista española, el embajador hizo gestiones ante las autoridades mexicanas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en relación con la Ley General de Vida Silvestre, por cuanto consideraba que tal como se estaba interpretando afectaba los intereses de las inversiones españolas en la Riviera Maya, principalmente.
La denuncia fue conocida en México a través del periódico Reforma, básicamente. Y tras convertirse en noticia de actualidad, la Agencia Proceso realizó un extenso reportaje recogiendo las valoraciones de algunas de las voces más críticas que han denunciado el papel de los empresarios españoles en Quintana Roo en los últimos años. De este modo, el artículo recoge las opiniones, entre otros, de Araceli Domínguez, presidenta del grupo ecologista GEMA, Patricio Martín, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Salvador Ramos, ex dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Gustavo Arce, ex dirigente local de la Asociación de Hoteles.
La denuncia de Ecologistas en Acción y las posteriores reacciones de los diversos grupos locales han puesto en evidencia en el debate público el comportamiento profundamente depredador, tanto a nivel ambiental como social, que ha tenido la inversión turística española en Quintana Roo y la insostenibilidad del modelo desarrollado. Por otra parte, ha quedado también en evidencia el lamentable papel de las autoridades españoles en la defensa de los intereses del capital español.
Reproducimos primero la denuncia de Ecologistas en Acción, y después los artículos de Reforma y la Agencia Proceso.
Ecologistas en Acción, 19 de diciembre de 2007.
Ecologistas en Acción denuncia que el Embajador de España en México presiona a las administraciones mexicanas para que permitan a determinadas empresas españolas del sector turístico, liberarlas de cumplir la Ley de Vida Silvestre, permitiendo la construcción de grandes proyectos turísticos en manglares protegidos.
Desde hace unos meses el Embajador de España en México, Carmelo Ángulo, viene desarrollando gestiones en ese país defendiendo los intereses particulares de diversas empresas turísticas españolas que pretenden construir complejos turísticos en zonas de manglar donde dichas construcciones están prohibidas. El embajador pretende liberar a estos empresarios de las obligaciones legales de proteger los manglares.
Una de estas gestiones fue la reunión mantenida el 26 de octubre en Cancún por el Embajador español, acompañado de inversionistas hoteleros españoles, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para exponerles sus inquietudes por la aplicación de la Ley General de Vida Silvestre, que mantenía paralizados a cuatro o cinco grandes proyectos turísticos en el estado de Quintana Roo.
El Embajador declaró públicamente tras dicha reunión que “nos reunimos con SEMARNAT para abordar algunas dificultades que habían surgido en la interpretación de la Ley General de Vida Silvestre, y que habían llevado a parar obras en curso”. Además, dijo que se llegó a un acuerdo para tratar los casos de manera puntual con las autoridades. Por su parte el Cónsul de España en Cancún, Javier Marañón, señalo que la principal queja es que cuando algún proyecto es clausurado no reciben “… respaldo por parte del SEMARNAT y principalmente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, en cuanto a la manera en que se aplica la Ley General de Vida Silvestre, y que “no se pueden paralizar inversiones cuando los proyectos ya están vendidos”. A raíz de esta reunión el Subsecretario del SEMARNAT se comprometió a agilizar los trámites de las empresas españolas.
Esta reunión y algunas posteriores, están potenciando reformas de la legislación mexicana para facilitar la construcción de infraestructuras turísticas en los manglares a pesar de las consecuencias ambientales de dichas actuaciones, ya que los manglares prestan servicios ambientales al país por un valor superior a decenas de millones de dólares anualmente. Concretamente si no hubiese sido por los manglares del sur de Quintana Roo (México) el huracán Dean no hubiera disminuido su fuerza de categoría de 5 a 3 al tocar tierra y hubiera causado mas daño a los estados del interior al entrar por Veracruz.
Los manglares están cada vez mas amenazados ya que actualmente queda un 25% menos de manglar de lo que se estimaba hace 4 años, y se estima que se perderá el 50% del manglar en los siguientes 25 años y la amenaza real del aumento del nivel del mar por el cambio climático inundará extensas zonas de manglar mexicano.
Por Luis Méndez, Reforma, 20 de diciembre de 2007.
La representación de España en México presiona a las autoridades mexicanas para que permitan a empresas turísticas ibéricas construir grandes proyectos en zonas protegidas de Quintana Roo, acusó ayer la organización Ecologistas en Acción.
"El Embajador de España, Carmelo Angulo, viene desarrollando gestiones en ese país defendiendo los intereses particulares de diversas empresas turísticas españolas que pretenden construir complejos turísticos en zonas de manglar donde dichas construcciones están prohibidas. El Embajador pretende liberar a estos empresarios de las obligaciones legales de proteger los manglares", denunció la organización no gubernamental española.
"En este caso existe además un agravante, ya que el Embajador español, que representa al Gobierno español en México, está participando en este tipo de presiones, prestándose a mantener reuniones y contactos en apoyo de un sector turístico concreto. En vez de defender el derecho común de todos los españoles, el Embajador está defendiendo los intereses particulares y económicos de determinadas empresas", señaló en entrevista Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción.
Agregó que "el Gobierno mexicano debe proteger los manglares y hacer que el desarrollo turístico sea compatible con la conservación de los valores naturales. No tiene que ceder a presiones ni intereses que buscan ablandar la legislación".
La ONG asegura que diplomático, en colaboración con empresas del sector turístico español, ha mantenido contactos para lograr que se autoricen proyectos turísticos en México, especialmente en zonas protegidas de Quintana Roo, reformando para ello la legislación.
Afirma que una de estas gestiones fue la reunión del 26 de octubre en Cancún entre Angulo y hoteleros españoles con funcionarios de la SEMARNAT, para exponerles sus inquietudes sobre la Ley General de Vida Silvestre, que mantenía paralizados cuatro o cinco grandes proyectos turísticos en Quintana Roo.
Los ecologistas consideran también que las empresas hoteleras españolas tienen un alto grado de responsabilidad en este intento de atentar contra el medio ambiente mexicano. "Los manglares están cada vez mas amenazados, ya que actualmente queda un 25 por ciento menos de manglar de lo que se estimaba hace cuatro años. Y se estima que se perderá el 50 por ciento del manglar en los siguientes 25 años, y la amenaza real del aumento del nivel del mar por el cambio climático inundará extensas zonas de manglar mexicano", concluyó Ecologistas en Acción.
El pasado 13 de diciembre, senadores del PAN y PRI presentaron una propuesta de reformas a la Ley General de Vida Silvestre, con las que buscan "ablandar" la prohibición impuesta este año a las construcciones en zonas de manglares.
Agencia Proceso (APRO), 22 de diciembre de 2007.
La voracidad depredadora de los grupos hoteleros españoles asentados en Quintana Roo está aniquilando los recursos naturales del estado y, en consecuencia, el patrimonio ambiental de la nación. “Lo que no hacen en su país lo quieren hacer aquí (...) Tengo entendido que esos españoles que están incumpliendo con la legislación ambiental pedían que se modificara porque perjudicaba sus intereses” (Aracelí Domínguez, Presidenta de Gema).
Con todo, esta legión de empresarios, dueña de más de 65 mil cuartos de hotel en la entidad, no ha podido ser contenida por autoridades de ningún nivel ni por actores políticos. Antes bien, cuenta con su apoyo.
Grupos ecologistas y especialistas en planeación turística denuncian que los hoteleros españoles, en su afán por enriquecerse a costa de los recursos naturales del país y de una mano de obra mexicana que explotan como si fuera esclava, pasan por encima de leyes ecológicas, de desarrollo urbano y laborales.
A pesar de que sus complejos turísticos enfrentan denuncias por devastar los manglares, acabar con las dunas costeras y arrasar las selvas, sus proyectos no tienen freno. De acuerdo con estimaciones del Gobierno estatal, para el presente año la inversión española en la Riviera Maya superará los 360 millones de dólares.
“No hay quién los pare”, advierten Araceli Domínguez y Patricio Martín, representantes del Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), respectivamente. A su vez, fundadores de Cancún como Salvador Ramos, ex dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Gustavo Arce, ex dirigente local de la Asociación de Hoteles, coinciden en que el modelo de turismo masivo impulsado por los españoles -denominado all inclusive (todo incluido)- no sólo provoca daños ambientales, sino que no aporta recursos al país y atenta contra las garantías laborales de los trabajadores.
“No son los empresarios españoles los que son lesivos, sino la forma en que se hace turismo en México; todo se justifica por la vulnerabilidad del sector. Tenemos exactamente lo que nos merecemos”, sostiene al respecto Marisol Vanegas Pérez, especialista en desarrollo y planeación turística e integrante del equipo que diseñó el Plan Nacional de Turismo 2007-2012.
En entrevistas por separado, Domínguez y Martín concuerdan en afirmar que en México las autoridades permiten la devastación ecológica de las costas quintanarroenses, causada por la invasión de hoteles propiedad de españoles.
Incluso en España misma se han alzado voces contra la voracidad turístico-inmobiliaria. En septiembre pasado el Ministerio de Medio Ambiente publicó un informe, titulado Estrategia para la sostenibilidad (sic) de la costa, en el que se denuncia que ese modelo depredador acabó con la cuarta parte de los 2 mil kilómetros de playas españolas.
El pasado 25 de octubre, inversionistas de aquel país a quienes la PROFEPA les clausuró construcciones por violar la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), aprobada el 1 de enero de este año, promovieron una reunión entre el embajador español, Carmelo Angulo, y el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Mauricio Limón Aguirre. El objetivo: llegar a acuerdos que permitieran continuar con sus edificaciones.
“Lo que no hacen en su país lo quieren hacer aquí”, comenta Araceli Domínguez. Y añade: “Tengo entendido que esos españoles que están incumpliendo con la legislación ambiental pedían que se modificara porque perjudicaba sus intereses”. Pese a que la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la destrucción de manglares, este ordenamiento ha sido violado por casi todos los desarrollos inmobiliarios de la franja costera.
De hecho, hace dos semanas se fraguaba en el Senado de la República, con el soterrado cabildeo de hoteleros españoles, la aprobación de una serie de enmiendas a la nueva Ley de Vida Silvestre y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, las cuales, de acuerdo con diversos grupos ambientalistas, darían grandes ventajas a los inversionistas extranjeros en detrimento de los recursos naturales.
Hace una semana, la organización no gubernamental española Ecologistas en Acción, denunció en Madrid que la embajada en México presiona a las autoridades de este país para que permitan a empresas peninsulares construir complejos turísticos en zonas de manglar. La denuncia, publicada por el periódico Reforma el pasado jueves 20, fue realizada por el coordinador de dicha organización, Theo Oberhuber, quien puntualizó: “En este caso existe además un agravante, ya que el embajador español está participando en este tipo de presiones, prestándose a mantener reuniones y contactos en apoyo de un sector turístico concreto… pretende liberar a estos empresarios de las obligaciones legales de proteger los manglares”.
El proyecto de reformas a la Ley de Vida Silvestre y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente tiene el aval de senadores priístas y panistas. En su edición del viernes 14, el periódico La Jornada aseguró que legisladores del PAN incurren en conflicto de intereses en negocios turísticos al ser empresarios o familiares de inversionistas. El proyecto -aseveró- llevaba consigna desde Los Pinos: aprobarlo a toda costa. Sin embargo, el dictamen respectivo fue retirado el jueves 13 por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con lo que se evitó por lo pronto la aprobación de los cambios, que prevén facilidades para la construcción de zonas hoteleras incluso en áreas de manglares, lo que implicaría la destrucción de estos ecosistemas.
Tormenta de denuncias
A finales de 2006, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España realizó un estudio, que tituló El sector turístico en México, en el cual afirma que de 94 hoteles propiedad de españoles que operaban en México, 61 se ubicaban en Cancún y la Riviera Maya, y añade que durante 2007 se crearían otros nueve, seis de ellos en esta región.
“De cada cuatro hoteles en Cancún y la Riviera Maya, tres pertenecen a españoles”, puntualiza Domínguez, y agrega que en los últimos cinco años estos inversionistas han edificado sus construcciones sin respetar las normas nacionales. “Casi todos los hoteles de los españoles tienen sanciones administrativas, permisos ilegales e irregularidades en las autorizaciones de construcción. Gran parte de las sanciones, muchas tardías, se dieron porque las organizaciones denunciamos”, sostiene.
En 2005 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental interpuso nueve quejas por violaciones a las normas ambientales; cuatro de ellas contra construcciones españolas. De las 40 denuncias que presentó en 2006, 12 correspondieron a empresarios ibéricos. En lo que va de 2007 ha interpuesto 25 quejas, siete de éstas contra inversionistas de España. Patricio Martín, representante del CEMDA, sostiene que en los últimos seis años los grupos ambientalistas que representa han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que los incluya en consultas ciudadanas para inconformarse con 42 proyectos, seis de ellos españoles. Precisa que de los 20 juicios de nulidad que han interpuesto contra los permisos otorgados por la dependencia, dos correspondieron a empresas de capital español, y aclara que por lo menos en 50% de los casos en que sus organizaciones presentaron recursos de inconformidad, las autoridades modificaron o cancelaron los proyectos. “Puedo asegurar que en los seis años que llevo en Cancún, ningún proyecto cumple con la normatividad establecida”, indica. En lo que respecta a la identidad de los inversionistas, Martín dice que no siempre es posible conocerla, ya que los extranjeros suelen escudarse en firmas mexicanas. Comenta que para quienes violan las leyes ambientales, la multa más cara asciende a 2 millones de pesos, monto insuficiente para desincentivar a quienes las transgreden, pues por cada cuarto de hotel el empresario tiene ganancias de 30 mil a 36 mil dólares al año.
Como langostas
La representante del Grupo Ecologista del Mayab refiere casos de construcciones irregulares impulsadas por españoles. En 1997, el Grupo Meliá pretendía construir, con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, un hotel en X’caret, justo en la playa donde anidan las tortugas marinas. Después de cuatro años de lucha, dice Araceli Domínguez, el proyecto se canceló. Después, el consorcio Riu edificó un hotel en Cancún, sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). El proyecto fue defendido por Ignacio García Zalvidea, quien a la sazón era Alcalde de ese municipio. Poco después, Fernando, su hermano, vendió sus hoteles al grupo y se asoció con éste. Al final el proyecto se terminó y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) le impuso a la compañía una multa de 3.5 millones de dólares. Otro hotel cuya construcción violó la ley es el Bahía Príncipe, de la cadena Piñero Hoteles. Para edificarlo sus constructores destruyeron, además de los manglares, una de las playas más importantes de anidación de tortuga marina en Akumal, acusa Domínguez.
A los hoteles NH Cristal, afirma, “los tenemos demandados porque tiran aguas negras al manglar y en Puerto Morelos han cometido un ecocidio”. “Son los mismos que se ‘chutaron’ Mallorca”, dice Martín. Y Domínguez asegura que los consorcios Globalia, Riu, Meliá, Barceló, Piñero Hoteles y Sunscape “tienen demandas en países como República Dominicana, Jamaica y Costa Rica, por violar normas ambientales y presionar a los gobiernos de esos países para obtener permisos de construcción”.
Martín cuenta que en reuniones sostenidas con empresarios españoles éstos le han solicitado que CEMDA retire sus demandas. “Ellos confesaron que buscan recuperar su inversión en un tiempo máximo de 10 años, y que después se irán a otro lado, como langostas, a destruir otros destinos (…) Me han dicho que esa es la nueva moda, y que Cancún y la Riviera Maya se van a acabar. Esa es una dinámica que debe romperse”.
El ex dirigente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Gustavo Arce, conviene en que los españoles son depredadores, pero, apunta, “no creo que en 10 años dejen un negocio tan jugoso como ha sido Cancún y la Riviera Maya”. Explica: “Mientras los españoles tienen acceso a créditos de 2% (de interés) anual, en México tenemos tasas infames de mínimo 17%. ¿Cómo no van a poner esas tarifas y ser altamente competitivos si tienen facilidades desde su País de origen?”
Salvador Ramos, ex dirigente de la CROC, sostiene que la desactivación del movimiento sindical ha permitido que las empresas abusen de los trabajadores que contratan. “El 40% del personal que trabaja en los hoteles de españoles no recibe paga, con el pretexto de que está a prueba. No hay reparto de utilidades ni aguinaldos. Al País sólo le dejan los recursos que ingresan por predial, servicios y el 2% del impuestos de hospedaje”.
Abaratamiento
Para la especialista Marisol Vanegas, la laxitud jurídica con que se maneja el sector turístico en México es uno de los motivos que explican la expansión de los hoteleros españoles. “Cancún -dice- nació como un destino planificado en el que sólo se establecerían 16 mil habitaciones en construcciones que no rebasarían los cuatro niveles; pero se ha permitido que haya 30 mil cuartos en edificaciones de más de 11 niveles. Ello, sin adecuar los servicios de drenaje, agua e infraestructura urbana para la población que trabaja en la zona. En esto todas las autoridades tienen responsabilidad”.
Añade que este destino turístico “fue creado para venderse entre 80 y 90 dólares por persona por noche, precio internacional a los mayoristas, y ahora los precios están entre 40 y hasta 27 dólares con tarifa all inclusive… una ganga”. El modelo español, explica, consiguió abaratar los costos en las tarifas porque, a diferencia del estadounidense, “que vende la marca de los operadores”, controla todo el proceso: desde la construcción hasta la operación. Para la construcción, puntualiza, los hoteleros españoles cuentan con sus propios arquitectos, controlan las agencias de viajes y hasta disponen de aviones, e incluso importan los alimentos que expenden en sus establecimientos, todo lo cual les permite abaratar costos. La especialista afirma que “los empresarios españoles eliminan el 20% del personal administrativo y contable, con un modelo de presupuestos en el que cada gerencia se hace cargo de su área, por lo que no hay nada que supervisar. Además, los puestos ejecutivos son ocupados por extranjeros”.
Coincide con Salvador Ramos en que la implantación de un modelo denominado “días económicos”, los empleados mexicanos aceptan trabajar sin cobrar con tal de que la empresa no despida al personal. Hay trabajadores que dejan de percibir el 25% de su salario mensual, con el argumento de los empresarios de que el negocio no anda bien. “Pero resulta que las ganancias están en Europa, y de ésas no dan cuenta a los trabajadores. Por ello no hay aguinaldos, ni mucho menos utilidades”.
Debido a estas reducciones de costos, puntualiza Vanegas, las empresas españolas recuperan su inversión en cinco años, cuando lo normal es que, en el ramo hotelero, una compañía demore de siete a 10 años para lograr dicha recuperación. En este sentido, Marisol Vanegas refiere que la llamada “sustentabilidad” en la industria turística “no es más que una inspiración; no existe, no conduce al desarrollo regional”.
Cuenta que en junio de 2006 acudió como representante de México al primer Encuentro Internacional de Turismo Justo realizado en Málaga, España. Asegura que en el evento, organizado por la Organización Internacional del Turismo, no hubo un solo expositor, de los 27 que participaron, que pudiera mostrar un caso de sustentabilidad en la industria turística. En el caso de México, “ni siquiera se considera ese tema como eje de acción. Sólo se contempla la competitividad y la diversificación. Es cierto: el turismo genera el 40% de las divisas (que se captan en el País)… pero esto no es México”.
Presiona España
La organización Ecologistas en Acción denunció que el embajador de España en México, Carmelo Ángulo presiona a las administraciones mexicanas para que permitan a empresas españolas del sector turístico, liberarlas de cumplir la Ley de Vida Silvestre, permitiendo la construcción de grandes proyectos turísticos en manglares protegidos. En un comunicado la ONG española advirtió que el diplomático sostuvo un encuentro el 26 de octubre en Cancún, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para exponerles sus inquietudes por la aplicación de la Ley General de Vida Silvestre, que mantenía paralizados a cuatro o cinco grandes proyectos turísticos. Por su parte, el cónsul de España en Cancún, Javier Marañón, señaló que la principal queja es que cuando algún proyecto es clausurado no reciben “… respaldo por parte de la SEMARNAT y principalmente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, en cuanto a la manera en que se aplica la Ley General de Vida Silvestre, y que “no se pueden paralizar inversiones cuando los proyectos ya están vendidos”.
A raíz de esa reunión la SEMARNAT se comprometió a agilizar los trámites de las empresas españolas. Esta reunión y algunas posteriores, están potenciando reformas de la legislación mexicana para facilitar la construcción de infraestructuras turísticas en los manglares a pesar de las consecuencias ambientales de dichas actuaciones, denunció la organización.
Diciembre de 2007