Durante varios días, el diario El País ha realizado una serie de reportajes sobre las agresiones al litoral español y las soluciones que ahora, posiblemente demasiado tarde y poco dirigidas a la raíz del problema (moratorias urbanísticas en vez de prohibiciones, compra de tierras en vez de imposición de la Ley de Costas, etc.), proponen las instituciones públicas para recuperar la riqueza natural perdida.
Dejando a un lado el manifiesto interés que muestra El País, diario muy cercano a las tesis del gobierno y al partido que lo sustenta, en mostrar la política del Ministerio de Medioambiente (por cierto, que en los reportajes nada se dice de que buena parte del destrozo de las costas españolas tuvo lugar durante el largo periodo en el que este partido también la reponsabilidad gubernamental), los reportajes hacen un buen repaso de la situación de crisis medioambiental resultado del modelo de desarrollo turístico adoptado por el Estado español desde la década de los ’50.
A continuación, repoducimos estos reportajes.
Rafael Méndez. El País. 31 de octubre de 2007
La Manga del Mar Menor está amenazada. La subida prevista del nivel del mar (15 centímetros en 2050, según Medio Ambiente) desaconseja seguir cementando la lengua de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo. Por eso la Estrategia española para la sostenibilidad de la costa quiere "promover una moratoria urbanística con las Administraciones competentes ante el riesgo de inundación por el cambio climático".
Impulsar una moratoria urbanística en La Manga es como pretender que la Cruz Roja invada Irak. Y que lo haga además una vez que el país está destruido. Desde que en los años 60 el promotor Tomás Maestre compró la lengua de tierra que delimita la mayor laguna salada del Mediterráneo, constructores y ayuntamientos no han hecho otra cosa que edificar.
En sus 36 kilómetros apenas queda terreno libre. Según la citada Estrategia, hay "numerosas actuaciones, edificaciones sobre la playa, paseos marítimos, terrazas y jardines dentro del dominio público marítimo terrestre". Esta es la primera línea de litoral que, según la Ley de Costas de 1988, es de uso público.
Hay tanto cemento que el Gobierno regional, del PP, lanzó como idea construir un túnel para que los coches pudieran salir por el norte y autorizó, en contra de sus servicios jurídicos, un puerto deportivo, Puerto Mayor, y un complejo en terreno ganado al mar.
La moratoria debería afectar principalmente a una zona al norte de La Manga, justo donde está prevista -y ya parcialmente construida- una gran urbanización con un lago artificial llamada Veneziola, donde hay aprobadas tres torres de 24 plantas.
El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste, Pedro García, recuerda que hace una década el ex director general de Costas del PP Fernando Marín ya advirtió por carta al Gobierno regional de las consecuencias que la subida del nivel del mar tendría sobre La Manga y le recomendó que pensase en trasladar algunos edificios. Desde entonces, y aunque oficialmente el Ejecutivo de Murcia no permite construir a menos de 500 metros del mar, se han levantado más de medio centenar de bloques de entre ocho y diez plantas.
El ministerio propondrá a la Comunidad de Murcia expropiar edificios y casas que ocupan el dominio público y terminar el deslinde (la delimitación de la zona pública y privada de costa). Además, planteará "recuperar la concesión de Puerto Mayor", hoy paralizado cautelarmente por un tribunal tras el recurso de Gobierno y ecologistas. Además, planteará "recuperar la concesión de Puerto Mayor", hoy paralizado cautelarmente por un tribunal tras el recurso de Gobierno y ecologistas.
El plan también incluye comprar "las parcelas urbanizables de El Vivero", de las pocas que quedan, para "preservarlas de la urbanización masiva que se da en La Manga". Sin estas medidas, según el plan, "no tiene ningún sentido acometer la recuperación de playas" que ultima el Gobierno regional.
La estrategia para salvar la costa del ladrillo incluye más actuaciones polémicas. El plan apuesta por "eliminar el puerto de San Pedro del Pinatar, que está provocando la erosión de las dunas de San Pedro", un espacio protegido.
Uno de los empeños de Medio Ambiente con la Estrategia -elaborada por consultoras independientes durante dos años- es limitar la construcción de puertos. Los espigones alteran el flujo natural de la arena: la retiran de un lado y la acumulan en otro. Como explicó ayer el secretario general para el Territorio del ministerio, Antonio Serrano, "hay puertos mal utilizados, con barcos pequeños que podría ir en dársenas terrestres antes que construir nuevos". El plan pretende reubicar el puerto de Águilas y frenar la ampliación del de Casica Verde.
El cambio en los puertos es sólo uno de los muchos que introduce la Estrategia, con la que el ministerio pretende recuperar el uso público de los 8.000 kilómetros de costa española. Serrano insiste en que esta estrategia es un cambio radical en la política de costas y que tardará en cumplirse. Medio Ambiente quiere que en 2012 todo el litoral se pueda transitar a pie.
El Gobierno ha caracterizado el Mediterráneo, Baleares, Canarias, Cádiz y Huelva como primer paso. Hoy presenta el texto al Consejo Asesor de Medio Ambiente y ya se lo ha enviado a las autonomías. El plan incluye un diagnóstico, ya cerrado, y propuestas, como la moratoria en La Manga, que el Gobierno intentará consensuar con alcaldes y presidente autonómicos.
Aunque el ladrillo es la principal amenaza, aborda también la contaminación. En el Mar Menor, con deficiencias de depuración para los dos millones de personas que acoge en verano, el plan apuesta por minimizar el uso de fertilizantes en los invernaderos que lo rodean.
La contaminación por aguas fecales y nitratos ha producido en los últimos 10 años una proliferación de medusas sin precedentes en Europa. Este es un ejemplo, pero hay muchos más, de cómo la masificación es a largo plazo mala para el turismo.
Otro de los puntos más polémicos para Murcia es el intento de frenar la urbanización Marina de Cope -11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf, marina interior con 2.000 amarres y una inversión de 3.800 millones de euros-. Se trata de una especie de Marina d'Or que el Gobierno regional promueve en un parque natural que desprotegió por ley en 2001.
Esa ley está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, que lleva seis años con el tema, y sus desarrollos han sido recurridos por los ecologistas y el Gobierno. Pese a que su consejo jurídico le pidió esperar al fallo del Constitucional, el Gobierno de Murcia sigue adelante con su plan para construir en 11.000 hectáreas de costa virgen.
Sobre Marina de Cope, la Estrategia del Gobierno central afirma: "En el terreno actualmente clasificado como no urbanizable de uso general y antes del cambio de clasificación urbanística, adquirir una franja de 500 metros a partir del dominio público marítimo terrestre". Y establece que el ministerio tendrá que emitir un informe preceptivo sobre la urbanización.
Serrano insiste en que la Estrategia está completa en el diagnóstico y que la parte de propuestas para mejorarlo está abierta a acuerdos con las comunidades. Preguntado por casos como éste, en el que el acuerdo es altamente improbable, advierte: "El Gobierno quiere pactar pero, si no, actuará en consecuencia, tomará sus medidas legales y hará sus reservas" de terreno. La ley permite al Gobierno extender la franja de dominio público comprando o expropiando terrenos para proteger el litoral. Murcia es especialmente importante en el plan ya que tiene uno de los litorales mejor conservados (excepto La Manga).
Además, Medio Ambiente pretende impedir la construcción "de un nuevo puerto para tráfico de contenedores" en el espacio protegido de El Gorguel (Cartagena). Al menos hasta que se haya "optimizado la gestión de los existentes". Esta es una de las grandes reclamaciones de los ecologistas, que se oponen al plan del Gobierno autonómico y del ministerio.
En Cabo de Palos o Mazarrón, donde hay centenares de casas bajas en primera línea de playa, muchas anteriores a la Ley de Costas, el ministerio pretende ir derribándolas, pero "a largo plazo". Los autores del plan han detectado en Mazarrón mojones "en dudosa ubicación", presumiblemente movidos por los promotores para dar apariencia de legalidad a sus urbanizaciones. El movimiento de mojones era una especie de leyenda urbana en la costa, pero pocas veces había aparecido en un texto oficial. El de la rambla del Alamillo, en Mazarrón, "está en lugar inadecuado".
En gran parte del litoral murciano se extiende la recomendación de comprar los primeros 500 metros de costa, como hizo con las antiguas baterías de Defensa en Cabo Tiñoso, que quedan como uno de los grandes tramos vírgenes del Mediterráneo.
Fernando J. Pérez. El País. 1 de noviembre de 2007
Los 208 kilómetros del litoral malagueño, especialmente los situados entre la capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son una muralla continua de cemento y cristal apenas interrumpida por la desembocadura de algunos ríos. En el conjunto de la provincia, el primer kilómetro desde el mar hacia el interior está urbanizado en un 50,8% y en multitud de puntos las edificaciones se sitúan casi encima del Mediterráneo.
El Ministerio de Medio Ambiente ha identificado numerosas invasiones, tanto de edificios, como de otro tipo de instalaciones, del dominio público marítimo terrestre, es decir, de la primera línea de litoral calificada de uso público por la Ley de Costas de 1988. Sin embargo, al contrario de provincias como Murcia, Cádiz y Almería, donde el Gobierno se ha centrado en proteger zonas todavía vírgenes, en Málaga las actuaciones de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa buscan sobre todo paliar el daño que el desarrollo urbanístico -en un 80% anterior a la Ley de Costas- ha causado en las playas.
Las actuaciones que prevé para Málaga la Dirección General de Costas abarcan desde la demolición de desastres urbanísticos que han adquirido la categoría de símbolos, como el bloque de apartamentos Banana Beach en Marbella o el esqueleto del nonato hotel La Rada, en Estepona, hasta la reubicación de 600 chiringuitos levantados prácticamente sobre la arena. También se contempla la adquisición de las pocas grandes fincas cercanas al mar que quedan libres de ocupación, como el Playazo, en Nerja, o Arraijanal, en Málaga, y la "recuperación" del dominio público en zonas ocupadas por casas, campings, talleres y otras instalaciones como paso previo a su derribo y restauración. Uno de los elementos principales del plan de Costas para Málaga consiste en la aportación de arena para regenerar playas cuya recuperación natural se ha visto entorpecida por la presencia de espigones, puertos deportivos y otros obstáculos.
El ministerio sitúa el cambio climático como principal amenaza para el litoral malagueño, al que ha dividido en seis "áreas de gestión". Según la consultora que ha redactado la Estrategia, entre Nerja y Rincón de la Victoria, en la Costa del Sol oriental, es "probable" un aumento del nivel medio del mar de más de medio metro en 100 años, con el consiguiente riesgo de inundación. Las previsiones de Medio Ambiente dan un severo toque de atención a los planes urbanísticos y territoriales de la Junta de Andalucía en la Costa del Sol occidental que estiman que en la franja entre Fuengirola y Manilva la población se triplicará hasta los 1,7 millones de habitantes en una década. Una de las amenazas detectadas es "el crecimiento por encima de las necesidades reales" y el "entender la franja costera no como un enclave turístico sino como una conurbación".
En la actualidad sólo se ha terminado el 62% del deslinde del dominio público marítimo terrestre en el litoral malagueño. Sin embargo, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Juan Carlos Fernández-Rañada, indica que "el resto del litoral ya tiene abiertos los expedientes en distintas fases de tramitación y en dos años estará completado". Además, muchas de las iniciativas contempladas en la Estrategia, como la adquisición de grandes fincas para evitar su urbanización, forman parte de actuaciones anteriores del ministerio, y ya están avanzadas. Costas está elaborando también un "inventario de ocupaciones" del dominio público con el que se podrán "iniciar las recuperaciones posesorias", asegura Fernández-Rañada.
Las tropelías urbanísticas en la costa malagueña comienzan ya en la misma frontera con Cádiz. En el municipio de Manilva (11.181 habitantes), Costas ha terminado el desmantelamiento del camping Chullera I y está negociando la salida del camping Chullera II para situarlo detrás de la llamada zona de servidumbre de protección, es decir la zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. "El criterio es realojar las instalaciones en los suelos más próximos posibles a la antigua ubicación", afirma Fernández-Rañada.
En el mismo Manilva, municipio que ha duplicado su población en cinco años, Costas propone demoler las viviendas situadas en dominio público. "Es una operación combinada con el Ayuntamiento. Ya hemos acordado el desalojo de 7 u 8 viviendas", asevera el jefe de Costas. Otra estrategia consiste en incorporar, por compra o por expropiación, 25.000 metros cuadrados de terreno en la playa del Negro, todavía poco explotada.
En la vecina Estepona, los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y sus continuadores dejaron un edificio -el hotel La Rada- que se ha convertido en símbolo de los atropellos urbanísticos. El inmueble, que no llegó a terminarse, está ubicado entre el puerto de la localidad y la playa de La Rada, y Costas ya cuenta con una partida presupuestaria para demolerlo "de aquí a final de año". El principal problema que ha tenido este expediente, que "ocupa una habitación entera", afirma Rañada, es que el promotor del edificio se lo vendió a un "comprador de buena fe", que ignoraba que estuviera situado en una zona prohibida.
En ministerio se plantea recuperar el suelo costero ocupado por la urbanización Bahía Dorada, en la que algunos jardines e incluso las esquinas de varios chalés entra directamente en la playa. Poco más hacia el este, en el puerto de Estepona, se pretende adquirir una explanada anexa a las instalaciones portuarias para incorporarla al dominio público y evitar que sea pasto de la voracidad urbanística.
Al igual que ha sucedido con los planes urbanísticos tierra adentro, Marbella recoge algunas de las actuaciones más significativas de la estrategia de Costas. Sus 26 kilómetros de litoral son algunos de los más maltratados de la provincia y el desarrollo inmobiliario de las últimas décadas ha castigado sobremanera a sus playas, verdadero motor del turismo malagueño.
La actuación más emblemática en Marbella tiene nombre propio: Banana Beach. Medio Ambiente se suma a las voces que reclaman la demolición de este bloque de 238 apartamentos, calificado por el juez como "crimen urbanístico" y que supuso la primera condena de prisión al ex alcalde gilista Julián Muñoz. Además del derribo del inmueble, que sigue a la venta en Internet, Costas quiere incorporar al dominio público 120.000 metros cuadrados de suelo litoral entre Banana Beach y la urbanización Río Real, cuatro de cuyos nueve bloques están sujetos a una orden de derribo.
Medio Ambiente está dispuesto a recuperar las "servidumbres de tránsito" en las playas del Alicate, Costa Bella y Pinomar, en las que algunas viviendas de lujo han hecho de la playa prácticamente un coto privado. Entre las viviendas afectadas por esta medida se encuentra la polémica residencia del actor Antonio Banderas, y que anteriormente perteneció a la periodista Encarna Sánchez. Los jardines y la piscina de la casa se internan notablemente en la arena de la playa del Alicate.
En el casco urbano de Marbella, las actuaciones previstas buscan restaurar la continuidad de la playa y favorecer su regeneración natural. Para ello Costas desmantelará el puerto deportivo y lo realojará en el actual puerto pesquero. Esto permitirá rehabilitar y estabilizar los arenales, que prácticamente desaparecen cada vez que hay un temporal. "Con la presencia de edificios y paseos marítimos es casi imposible corregir la inestabilidad de los arenales. Al interrumpir las playas altera toda la dinámica litoral", asegura Fernández-Rañada. Además, el enladrillamiento costero ha enterrado las arenas con las que se podrían rehabilitar más fácilmente las playas, con lo que Costas debe recurrir al caro método de buscar material de relleno en obras públicas que precisan extracciones masivas de tierra, como aparcamientos o túneles de metro y AVE.
Siguiendo hacia el este, la principal preocupación de Costas en Mijas y Fuengirola consiste en la reubicación de los chiringuitos. La inmensa mayoría de los cerca de 600 establecimientos de este tipo se encuentran ubicados directamente sobre la arena. En Benalmádena, localidad gran explosión urbanística. Costas derribará la residencia de ancianos de Unicaja en cuyos bajos se sitúa el Aula del Mar.
En la capital malagueña se concentran algunas de las actuaciones más espectaculares y que afectan a barrios enteros. Costas insiste en su vieja idea de "esponjar" -léase derribar algunas partes- las casas que impiden el acceso a las playas de Pedregalejo y El Palo, así como las situadas prácticamente sobre la arena en La Araña.
En la Costa del Sol oriental, donde todavía quedan zonas libres de origen agrícola, los derribos se concentran en las casas situadas junto al puerto de Caleta de Vélez, además de las viviendas situadas bajo la línea de la N-340 en las playas de Lagos y Mezquitilla, que deberán ser realojadas en urbanizaciones cercanas. Una de las principales actuaciones consiste en comprar los terrenos detrás de la playa del Playazo en Nerja.
Santiago Navarro. El País. 2 denoviembre de 2007
La primera línea de costa de Alicante es la cuarta más edificada del Mediterráneo. Según el informe Corine Land Cover, en 2000, el 49,38% del primer kilómetro de costa estaba ya edificado. La invasión de las urbanizaciones privadas, en algunos casos, ha traspasado claramente la raya de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre. Los ejemplos más flagrantes de ese desbocado crecimiento son la urbanización del Bon Nou (siete bungalós a 20 metros del mar) en La Vila Joiosa, dos torres de 22 plantas en la playa de Levante de Benidorm y un hotel de 24 plantas, a seis metros de la orilla del mar, en Calp.
Los únicos rincones a salvo del ladrillo, con la excepción de la playa de Llobella, en Benissa, y dos calas en Torrevieja, son las áreas entorno a los parajes naturales. Es en este punto en el que hará hincapié el plan de choque del Ministerio de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje mediante la adquisición directa de suelo para protegerlo de la piqueta y mediante la redefinición de los deslindes de la zona pública en la costa (en esta provincia queda pendiente el 38%, es decir 106 kilómetros). Todo ello con el propósito de aumentar los espacios públicos en una costa casi privada. "Todo lo que compremos lo haremos con el objetivo de preservarlo de las edificaciones", asegura Vicente Martínez, jefe provincial de Costas. Este departamento ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente un total de 117 propuestas para adquirir fincas e inmuebles en el entorno del área de dominio público y parajes naturales, entre las que destacan los 2,8 millones de metros cuadrados del saladar de Agua Amarga, al sur de la costa de la capital alicantina.
En la parte septentrional del litoral alicantino, dominado por los núcleos turísticos de Dénia y Xàbia, la terapia de choque del Gobierno en su batalla por recuperar el carácter público de la costa incluye dos llamativas propuestas: recuperar el espacio de dominio público entre Les Bassetes, los Molinos y el puerto de Dénia, y la adquisición de los terrenos en la franja de 500 metros en el Cabo de San Antonio, en Xàbia. En este segundo municipio se plantea la recuperación de la zona de tránsito y dominio público en la playa del Arenal.
En Dénia, el Gobierno redefinirá la línea de deslinde del río Girona para incorporar al dominio público parte de su desembocadura. Este punto está poblado de urbanizaciones, que quedaron temporalmente anegadas tras la excepcional crecida del río el pasado 12 de octubre.
El siguiente punto donde pone énfasis el plan del Gobierno es el litoral de Calp, otro de los municipios afectados por la reciente riada de Alicante. Aquí, la intención es comprar el Saladar. En este municipio, el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la licencia de obras, otorgada por el anterior gobierno local, del PP, y validada por la Generalitat valenciana, a un promotor para levantar un hotel de 24 plantas a escasos seis metros de la orilla del mar.
"Este es uno de los puntos más agredidos por el urbanismo en la costa alicantina", comenta Carlos Arribas, portavoz en Alicante de Ecologistas en Acción del País Valenciano.
Unos kilómetros más al sur se sitúa el municipio de Altea, donde el Gobierno recuperará la zona de tránsito y se practicarán expropiaciones de edificios fuera de ordenación en Villa Gadea, se protegerá el triángulo del delta del río Algar y se eliminarán las ocupaciones del dominio público y zonas de tránsito desde la cala del Soto hasta la desembocadura del mencionado río. En el cauce del Algar hay programado ya un PAI que prevé levantar unas 6.000 casas, una quinta parte de ellas dentro del primer kilómetro de costa.
Para Benidorm, meca del urbanismo vertical en la costa española, la propuesta es la adquisición de la franja de 500 metros al borde del acantilado de Serra Gelada y ampliar el espacio público de este parque natural con los terrenos urbanos en el rincón de L'Oix, en la playa de Levante. En ese punto, el Gobierno ha iniciado ya el expediente de expropiación del solar, ubicado en la zona de dominio público, donde un promotor estaba levantando dos torres de 22 plantas.
En el tramo de costa comprendido entre los municipios de La Vila Joiosa y El Campello, el documento del Gobierno pone especial atención en la Cala de Finestrat, en el litoral de la primera población, y alerta de la indefinición de los planes de actuación de la zona, donde hay más de 5.000 viviendas particulares y se levantó un hotel, el Atrium, con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados (equivalente a 11 alturas) respecto a lo autorizado en el PGOU. El hotel fue legalizado, tras imponer una multa de 12 millones al promotor y obligarle a derribar 14.700 metros del exceso de obra.
En el caso de la fachada litoral de la capital de la provincia, las propuestas más destacadas hacen referencia al tramo sur de la costa, donde el Gobierno propone recuperar la zona de dominio público marítimo-terrestre que ha invadido la urbanización Urbanova.
En Santa Pola, la propuesta más sobresaliente es declarar fuera de ordenación la primera línea de costa construida, y reubicar la carretera que llega desde la playa de El Pinet hasta el puerto para incorporarla el dominio público junto a las salinas y eliminar todas las edificaciones situadas en esa playa (140 casas).
En Guardamar del Segura se plantea recuperar el borde del litoral mediante la denegación de licencias de reparación y recuperación de concesiones en las 120 casas de Babilonia, cuyo mal estado amenaza la seguridad de sus inquilinos.
En Torrevieja, la principal iniciativa es adquirir las únicas parcelas urbanizables todavía sin construir en la desembocadura del río Seco, al sur del barranco Rubio, en la playa de Campoamor y al sur de las playas de Cabo Roig. Para Orihuela, el punto más meridional del litoral alicantino, se propone ordenar los accesos y una senda peatonal en torno a Punta Prima y ampliar la senda entre Cala Flamenca y Cala Cerrada. En la costa de este municipio, el gobierno local del PP, autorizó hace un año la urbanización del último tramo virgen, Cala Mosca, donde está previsto levantar 1.700 nuevas casas.
R. Méndez & F. J. Pérez. El País. 3 de noviembre de 2007
Las costas de Almería y de Granada son las menos urbanizadas de España y, a la vez, las más amenazadas. Los promotores se han fijado allí tras agotar el suelo en otras zonas, y el Gobierno quiere frenar el urbanismo salvaje y derribar dos hoteles que ocupan la zona competencia del ministerio.
Almería vive probablemente la mayor explosión urbanística en el Mediterráneo. Los ayuntamientos de la costa, de todos los partidos, tienen aprobadas decenas de miles de viviendas, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, del PSOE, que en los últimos años ha intentado reconducir su situación. "A pesar de las agresiones sufridas, el litoral almeriense se salvó del desarrollismo de los 60 y 70", comienza el diagnóstico de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el gran diagnóstico sobre el estado del litoral que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado durante dos años y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La zona, agreste y con problemas de agua hasta hace poco, ha cambiado mucho. Hoy las grúas compiten con los invernaderos. "El actual desarrollo agroturístico e industrial en algunos puntos está generando un rápido deterioro de las condiciones naturales que caracterizan este litoral con agresiones que, en muchos casos, son irreversibles o de difícil corrección", prosigue el plan de Medio Ambiente.
Sólo el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora (11.000 habitantes) planeó la construcción de 145.000 viviendas. El planeamiento debe ser restringido, entre otras cosas, porque quedan terrenos radiactivos por el accidente de Palomares.
Tras el sombrío diagnóstico, el plan aborda metro a metro las agresiones que ha sufrido el litoral. En Villaricos propone trasladar la fábrica de antibióticos que la multinacional DSM tiene sobre la playa. No es la única industria que estorba: la cementera de Carboneras también debe ser trasladada.
Sin embargo, las principales "degradaciones" son urbanísticas. El hotel nudista Vera Playa invade el dominio público marítimo terrestre, ocupa la misma playa. La estrategia propone demolerlo. Lo mismo ocurre con el hotel El Palmer y los apartamentos directamente sobre la playa, en Enix. Sobre este último, de 10 plantas, el plan afirma que es "una ocupación ilegal del dominio público" y plantea "recuperarlo todo expropiando el hotel y los apartamentos".
Ante los anuncios de las demoliciones que, por centenares, propone la estrategia, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió ayer en que la mayor parte de los casos sólo se podrán hacer con la colaboración de las comunidades. Sin embargo, sobre estos dos hoteles la competencia es exclusiva del Gobierno. Si Medio Ambiente quiere cumplir su plan puede hacerlo sin acuerdo de la autonomía.
El texto critica también el modelo urbanístico en los 75 kilómetros de litoral del Parque Natural del cabo de Gata, el mayor parque del Mediterráneo: "El deterioro del medio natural, el excesivo turismo de segunda residencia y la estacionalidad de los visitantes, están consiguiendo frenar la actividad turística en cabo de Gata, por lo que debe buscarse un turismo más sostenible". Allí detecta "degradaciones paisajísticas en San José e importantes ocupaciones urbanísticas del litoral; deterioro de paisajes agrarios tradicionales, sobreexplotación de caladeros de pesca, sobreexplotación y salinización de acuíferos, abandono del patrimonio arqueológico e insuficiente planificación urbanística".
Entre los ejemplos destaca las expansiones previstas en un plan parcial de Níjar, junto a la Fabriquilla, "las ocupaciones de dominio público y de la servidumbre de tránsito en San José, Isleta del Moro, Cala Higuera, Las Negras y Agua Amarga; el desarrollo turístico de San José, basado en segunda residencia, los desarrollos urbanísticos desproporcionados en algunas poblaciones o la insuficiente planificación urbanística". Además, afirma que hay "actuaciones inmobiliarias inapropiadas". En San José, propone "retirar las edificaciones" que llegan hasta el acantilado.
La estrategia destaca que el parque natural tiene enemigos en el Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, y el de Níjar, ahora del PP, que "tienen una visión negativa de la normativa del parque al considerarla perjudicial para su desarrollo industrial y urbanístico o para su economía". Carboneras autorizó, con el visto bueno de la Junta, el polémico hotel del Algarrobico, paralizado por orden judicial y con un proceso de expropiación abierto por parte del ministerio y con otro pleito de la Junta.
El diagnóstico sobre la situación en Andalucía supone un problema para el Gobierno, que denuncia el urbanismo salvaje en Murcia o Valencia, pero pasa de puntillas sobre el andaluz. Aunque oficialmente la Junta de Andalucía (PSOE) pone más restricciones al urbanismo, si uno circula desde Murcia a Almería hay muchas más grúas en territorio andaluz. En junio de 2006, Narbona criticó el urbanismo en la costa andaluza y, ante las críticas desde la Junta, acabó reconociendo que se refería a años anteriores y que la situación ha mejorado mucho.
El plan también carga contra el mar de plásticos que en algunos casos llega hasta el borde del mar. Los invernaderos no sólo afean el paisaje sino que amenazan con contaminar el mar.
La situación no es mejor en Granada, la provincia costera con menos litoral. Sus 81 kilómetros de costa acogen un muestrario de atropellos urbanísticos: desde hoteles que invaden el dominio público marítimo terrestre a invernaderos "que llegan hasta las olas", en palabras de Francisco Javier Egea, de Ecologistas en Acción.
La difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, ya no es obstáculo para los promotores. La población de Almuñécar ha crecido un 18% en cinco años y otros pueblos del litoral, como Rubite, de 468 habitantes en 2006, prevé construir 3.500 viviendas en la próxima década. En Albuñol y Sorvilán, en el límite con Almería, la gran actuación de Medio Ambiente consiste en recuperar el dominio público y las servidumbres de tránsito costero, invadidas por los invernaderos.
Almuñécar es la localidad con más irregularidades, según el documento de trabajo de Medio Ambiente. La localidad, gobernada por el independiente Juan Carlos Benavides, es la que tiene un urbanismo más conflictivo en la provincia. La Junta de Andalucía ha abierto al menos 59 expedientes por excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones en el PGOU fuera de la legalidad. En el tramo costero, el ministerio prevé la "liberación de ocupaciones mediante expropiación y demolición" de un hotel en la playa de Pozuelo y la "recuperación de la servidumbre de protección" de otro establecimiento en la playa del Capitán. La construcción de residencias en la playa del Muerto, considerada por los grupos ecologistas como "uno de los atentados urbanísticos más fuertes de litoral", se quiere paliar mediante una "propuesta de restitución de la costa".
Junto al paraje natural de Maro-Cerro Gordo, en el límite con Málaga, según Egea, "se ha cortado el paso a la playa de Calaiza, que ha quedado privatizada para una urbanización cercana". Y eso es ilegal.
Cristina Vázquez. El País. 4 de noviembre de 2007
El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructuras viarias, paseos marítimos, puertos, apartamentos y chalés. Con cerca del 29% de su primer kilómetro urbanizado, casi todo el suelo que se tenía que desarrollar ya es urbanizable o se recalificará a corto plazo.
La ocupación urbanística se ha cebado en los últimos años en las playas del norte y el sur de la provincia de Valencia y amenaza los escasos tramos vírgenes que sobreviven en los 126 kilómetros de litoral. Paradójicamente, han sido la autovía V-21, que discurre a escasos metros del mar, y el parque natural de la Albufera los que han mantenido a raya el avance de apartamentos en algunos puntos del litoral. Aun así, en la costa de Valencia, con el 29% de su primer kilómetro urbanizado y cinco espacios naturales protegidos, resulta cada vez más difícil hallar lugares donde el mar tiene su frontera en suelo libre de cemento.
La idea de la Estrategia para la sostenibilidad de la costa -el gran estudio oficial sobre las agresiones al litoral, al que ha tenido acceso EL PAÍS- es evitar que la construcción invada los escasos tramos vírgenes del litoral con la compra de fincas en una docena de municipios y preservar espacios protegidos como los Marjales dels Moros, en Sagunto, y de Pego-Oliva o L'Albufera . La retirada de la línea de la costa que plantea Medio Ambiente supone en la práctica la condena de cientos de construcciones que invaden el dominio público marítimo y obliga al traslado hacia el interior de la autovía V-21 entre Valencia y Sagunto. El plan del litoral de la Generalitat Valenciana, en trámite cerca de año y medio, describe muy gráficamente la situación del litoral: casi todo el suelo que se tenía que desarrollar ya es urbanizable o se reclasificará a corto plazo y el suelo de primera línea que se tenía que proteger, ya lo está.
El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructuras viarias, paseos marítimos, puertos, apartamentos y chalés. El plan de choque de Medio Ambiente quiere dejar además fuera de ordenación toda la línea de costa desde el puerto de Sagunto hasta el norte de la ciudad de Valencia. También se pide que se frene la construcción en la zona residencial de la Pobla de Farnals y la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la ley de Costas de 1988.
Costas comprará el frente costero (3,5 millones de metros cuadrados) del Marjal dels Moros, área protegida presionada por urbanizaciones del entorno, y plantea el traslado al interior del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech, y de la antigua autopista, ahora V-21, entre Valencia y Sagunto. Medio Ambiente se propone la compra de cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo rústico contiguo a la costa para preservar la fachada marítima en los municipios de Massamagrell, Albalat, Foios y Meliana, así como al sur de la macrourbanización Port Saplaya, en Alboraia.
A pocos metros de esta zona, ahora ocupada por un gran parque comercial, está prevista una urbanización de lujo, con 800 nuevas residencias y una nueva marina. Para el realojo del parque comercial, el consistorio reclasificó millones de metros de huerta próxima a la costa.
Si la declaración de la Albufera y el Saler como parque natural ha salvado de la urbanización un amplio tramo del litoral cercano a la capital, el puerto de Valencia, uno de los más grandes del Mediterráneo, ha condicionado la fachada costera de la ciudad de Valencia, sobre todo sus playas. El informe de impacto ambiental sobre la nueva ampliación prevista, recién elaborado por Medio Ambiente, ya advertía de las consecuencias que las obras tendrán sobre las playas al sur del puerto, desde el Perellonet hasta casi Cullera.
El plan de choque propone en este punto la retirada de costa en las playas del Saler y Pinedo, sacrificadas por las sucesivas ampliaciones portuarias. Costas ya ha actuado en algunos puntos de este frente, con la adquisición de una antigua fábrica de plásticos, Plexi, situada a pocos metros del mar, para derribarla y dar continuidad a una vía litoral. Un plan de remodelación de toda esta fachada, con la adquisición de 800.000 metros cuadrados, servirá para proteger el parque natural de L'Albufera y su Devesa, cordón litoral que separa el lago del mar, donde está el Parador Nacional, el campo de golf del Saler y varias torres de apartamentos.
El envite urbanizador en la fachada litoral al sur de la desembocadura del Júcar, una zona con alto riesgo de inundación marina, es preocupante. Además del conocido como Manhattan de Cullera, una macrourbanización con 4.800 casas, distribuidas en 33 torres de 25 alturas, otros dos proyectos, el Brosquil y el Marenyet, suponen la reclasificación de 10 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable al sur de la desembocadura, con la edificación de 15.000 nuevas casas y varios campos de golf y hoteles. El plan de choque alerta de que la presión urbanística, especialmente entre Cullera y Tavernes de la Valldigna, es un peligro por la falta de permeabilidad territorial. En Tavernes se presentó hace meses un proyecto urbanístico sobre 4,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico, con otras 4.500 viviendas, dos campos de golf y una marina deportiva. El proyecto se paralizó, pero no está descartado. Un segundo plan en este municipio de La Safor prevé la transformación de otros dos millones de metros de suelo rústico para edificar 1.500 casas y un campo de golf.
La proliferación de puertos deportivos -una media de 10 por cada 100 kilómetros- también se señala en el plan de Medio Ambiente como un peligro para el litoral, por lo que piden un plan de ámbito autonómico, sin el que no podrá construirse ninguna nueva instalación.
Andreu Manresa. El País. 5 de noviembre de 2007
Tiene un millón de habitantes y 11 millones de visitantes anuales. La mayor parte de la costa balear, paraíso del turismo, está protegida desde hace décadas contra el urbanismo salvaje. Pero muchas zonas han sucumbido ya a los hoteles, piscinas y urbanizaciones levantadas en primera línea de playa.
"Liberar" el litoral de Baleares y evitar su "privatización de hecho". Es la pretensión que la Estrategia para la sostenibilidad de la costa -informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente- expresa en su capítulo dedicado al litoral insular, donde están los yacimientos del enorme negocio turístico de sol y playa y residencial.
Medio siglo de éxito del turismo de masas y de élite, más el urbanismo salvaje reciente, han dejado su huella de hormigón sobre buena parte del paisaje costero. Pero la mayor parte del perfil insular, de 1.428 kilómetros, no ha sido explotada: está casi intacta, a salvo del desarrollismo que dejó inaccesible, sin uso público, muchas decenas de kilómetros.
La naturaleza en su esplendor mediterráneo queda a tramos interrumpida por barreras de construcciones: casas y hoteles con piscinas sobre el mar, instalaciones cimentadas en las playas y puertos deportivos que reducen los arenales, un repetido catálogo de destrozos. Esta frágil dualidad paraíso-caos está retratada en el análisis de Medio Ambiente, que incluye propuestas de actuación para resolver el desaguisado urbanístico.
Los expertos y el Gobierno plantean un ambicioso programa de máximos a largo plazo: reubicar la central eléctrica de Endesa de Mallorca, privatizar el puerto de una base militar de Hidros de Pollença, derribar media docena de hoteles en tres islas o reubicar dos puertos deportivos y varias urbanizaciones ahora en zonas naturales.
La cirugía reparadora para lograr que se aplique la Ley de Costas -que prohíbe construir en primera línea de playa- está zurcida en cientos de medidas que podrían tener un alto coste económico y político. En los puntos negros, saturados, se proponen derribos para poner fin a los tramos ciegos de costa privatizada, las agresiones de chiringuitos playeros, chalés irregulares, piletas y terrazas que besan el mar y hoteles que obstruyen cauces agravando la situación de zonas inundables.
El riesgo de inundación por lluvias intensas es una problemática "de carácter severo" en calas ocupadas por edificios turísticos en Es Corso, cala Marsal, Portopetro, cala Llombards, cala Murada, calas de Mallorca, Portocristo, Caló de Es Torrent de Ibiza, y en diferentes puntos de la bahía de Palma. Las marinas artificiales y los puertos deportivos han dejado el litoral "completamente hormigonado", según el informe.
La piqueta podría actuar en el hotel Cala en Fonoll de Puerto Andratx; en Menorca se estudiará la "reubicación" del agresivo hotel Cala Galdana, que durante el franquismo fue calificado de "barbaridad" por el entonces ministro Manuel Fraga. Otros dos hoteles de Son Bou de Menorca pueden ser escombros "por su gran impacto". En Ibiza se ha puesto la cruz en el hotel de Cala Molí y se rescatará la concesión del hotel Es Torrent en Cala Es Torrent y del Alocs de Es Figueral.
En Cala Tirant, en Menorca, se plantea el derribo a largo plazo de un complejo ilegal en franja costera. En Soller y en Pollença hay dos hoteles que el plan de Mallorca fija para demoler. Uno de ellos, el don Pedro de Cala Sant Vicenç, fue valorado por el dueño en 24 millones.
Las islas generan mucha renta privada y pública. Tienen más de 360 playas, un millón de habitantes y once millones de turistas al año. En el corazón turístico de Baleares, la bahía palmesana, hay tramos que suman 17 de los 62 kilómetros de litoral en los que no es posible acceder a la costa. Existen 14 kilómetros con vallas y piscinas que impiden el paso. Cuatro de las 28 playas de la bahía no tienen acceso debido a la ocupación por hoteles, en s'Hostalet, Costa d'en Blanes, Cala Viñas y Bendinat. El plan propone derribos.
Una acción a largo plazo plantea también cambiar de lugar o modificar puertos deportivos (en Palmanova y S'Arenal) para regenerar las playas.
La compra de una franja costera de 500 metros de terreno se indica para redundar en la protección de áreas rústicas y naturales; y, en las zonas urbanizadas, se deben recuperar servidumbres, recurriendo a expropiaciones si es preciso y liberalizando los viales en muchas urbanizaciones. El hotel club Pollentia se sacaría de la Albufereta.
La medida común en todos los tramos costeros del archipiélago es la apertura de senderos para darles un uso público. Facilitar los accesos al mar, ahora oculto por los muros de la obsesión constructora, es un reiterado objetivo estratégico. Las urbanizaciones residenciales de lujo de Formentor, Costa de los Pinos, Mahón o Formentera no quedan exentos de ese proyecto de apertura al tránsito.
En el caso de la exclusiva Costa de los Pinos, un enclave donde disfrutan de mansión las familias de Pedro J. Ramírez, Ana García Obregón o Carlos Sáinz, el documento de Medio Ambiente proclama la exigencia de restaurar los "usos comunes" y evitar "la privatización de hecho" de la costa. Para ello se "liberará la servidumbre de tránsito eliminando los obstáculos existentes y garantizando la accesibilidad a cualquier tramo del litoral".
Delante de las casas se hará un sendero y "se expropiará la banda de seis metros de ancho, generalmente ocupada por piscinas y excepcionalmente por alguna edificación". Se revisarán las concesiones que impiden el acceso y se eliminarán las piscinas y solarium en dominio público. "Se han de recuperar para uso público las terrazas y jardines de uso privado", dice el informe.
Salvar lo que queda del paraíso es el reto que plantea Medio Ambiente. El plan de actuaciones busca "abortar que se repitan los errores del pasado" y dar valor a las zonas vírgenes para que "sean ejemplo para la atracción del turismo de calidad".
El posible impacto "de forma crítica" del cambio climático en las playas es otra variante contemplada detalladamente. En las islas, el retroceso del límite de la orilla, en 50 años, podría ser de entre siete y 13 metros. La subida del mar de hasta 15 centímetros en medio siglo afectaría a grandes playas de Mallorca, como la emblemática playa virgen de Es Trenc o las de Palma, Alcúdia-Muro, Talamanca, d'en Bossa en Ibiza y los largos arenales protegidos de Formentera.
Los bañistas también impactan. En decenas de playas se dan ocupaciones de la arena de menos de cinco metros cuadrados por persona, cuando la recomendación está entre siete y 12 metros por usuario. Se ve necesario revisar la capacidad de acogida: ya se detectan "colapsos" por la presión "humana alarmante".
El lado intacto de las islas Baleares quedó sin explotación urbanística porque en democracia las instituciones impulsadas por los ecologistas dictaron leyes de preservación en los escenarios más interesantes y vírgenes. Sa Dragonera y Cabrera, Es Grau, Ses Salines de Ibiza y Formentera son parques naturales, y más de un tercio de Baleares está blindado: no es edificable.
Además, las baterías costeras del Ejército, y los terratenientes con su renuncia a fragmentar y capitalizar su patrimonio, dejaron decenas de kilómetros vírgenes: es el caso de las extraordinarias playas naturales y latifundios sin urbanizar -protegidos por ley- de los nobles Squella, Olivar, Torresaura y otros, en Menorca, y de la familia March en Mallorca. Eso sí, la necesidad de hacer accesible por caminos públicos la costa y las calas también les afecta a ellos.
María Fabra. El País. 6 de noviembre de 2007
El ladrillo ha sustituido a la agricultura en la provincia de Castellón. El más claro ejemplo es Marina d'Or, la macrourbanización que el plan de choque contra el urbanismo salvaje del Ministerio de Medio Ambiente quiere limitar. Para ello propondrá que no se permitan más recalificaciones.
Castellón es ejemplo de lo que no se debe hacer, si la intención es apostar por el desarrollo sostenible. Y el futuro pinta aún más negro en un litoral donde el cemento ha ganado la batalla a la agricultura, hasta hace poco dueña de los terrenos más preciados. El peligro es que invada también los espacios protegidos, que aún "sostienen" amplios márgenes junto a las playas.
El desarrollismo eclosionó en Castellón en los 90. Los remedios para paliar la barrera urbanística ya existente son muy escasos. Las vacunas, muy caras. Y el diagnóstico, muy grave. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa -el amplio diagnóstico sobre el estado del litoral que Medio Ambiente ha elaborado en dos años de trabajo y al que ha tenido acceso EL PAÍS- lo especifica en la radiografía sobre el litoral de Castellón.
"Presión urbanística muy fuerte", "playas encajadas", "riesgo de saturación", "incremento de demandas de playas" son algunos de los conceptos que utiliza el plan de choque de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje al analizar Castellón.
Las estrategias para salvaguardar este litoral, tal como señala el documento, pasan por la adquisición de terrenos en una franja de 500 metros, la protección de los parques naturales costeros amenazados y por dejar "fuera de ordenación" los puntos en los que existe una edificación masiva en el límite de la línea de costa como al norte de Peñíscola, Marina d'Or y su área de expansión, y la zona comprendida entre el puerto de Castellón y Burriana.
Esto significa que en decenas de miles de viviendas sólo se permitirían obras de conservación y mantenimiento de los edificios pero no grandes modificaciones ni cambios de uso.
Sobre Marina d'Or afirma que "las intervenciones urbanísticas de gran impacto que se están llevando a cabo al norte de Oropesa suponen un modelo urbano duro, que entra en fuerte contradicción con las condiciones ambientales de la zona. Generan una barrera en el frente litoral y provocarán una presión humana sobre el mismo, insostenible en términos de futuro". El ministerio de Medio Ambiente no sólo se ha fijado en el espacio ya construido, para el que propone una "mejora de la calidad paisajística" y su declaración como "fuera de ordenación", sino que hace referencia a las previsiones de desarrollo urbanístico que quiere "vigilar".
El hecho es que la expansión de la macrourbanización Marina d'Or se sitúa junto a un parque natural, el Prat de Cabanes-Torreblanca, que no cuenta con ningún "colchón" que imposibilite que a dos metros del límite del parque se estén construyendo edificios.
Además, en el mismo término de Oropesa, pero más al interior, está pendiente de aprobación una macrourbanización de más de 18 millones de metros cuadrados, proyectada bajo "el amparo" de la construcción de un parque temático. La urbanización, que promueve también Marina d'Or, prevé un aumento de población de hasta 200.000 habitantes, cuando la actual es de 10.000, e incluye 40.000 viviendas, tres campos de golf, seis hoteles con 7.500 plazas, una pista de esquí artificial, un casino, 12.000 plazas de aparcamiento privadas, además de otros aparcamientos públicos y residenciales, una zona nocturna de ocio con 34 locales y sus propios parques de atracciones, uno de civilizaciones y otro acuático.
Las previsiones apuntan a que la macrourbanización precisará de 20 millones de metros cúbicos de agua al año, poco más de lo que consume la ciudad de Albacete.
"La invasión" del litoral no afecta sólo a este tramo, ya que la delegación de Costas ha realizado un inventario en el que especifica la existencia de unas 600 edificaciones que invaden el dominio público marítimo terrestre a lo largo del litoral castellonense. La estrategia se basa también en recuperar este terreno, actuar contra los infractores y en retirar concesiones.
Al norte de la provincia, el estudio de Medio Ambiente describe un tramo en el que la edificación "coloniza de manera casi continua" el litoral, mientras que la demanda de playas es superior a las posibilidades que ofrece la costa, por lo que propone "no realizar más construcciones cercanas" a la línea marítima. Entre Vinaròs y Benicarló, se apuesta por contener la urbanización en primera línea, ya que aún existe una franja de suelo no urbanizable que "constituye una banda de permeabilidad medioambiental muy positiva".
Entre Peñíscola y Alcossebre se encuentran más de 10 kilómetros de frente litoral protegido en la Serra de Irta, declarado parque natural y Lugar de Interés Comunitario. Allí "debe evitarse el proceso urbanizador, a toda costa". Sin embargo, existe un riesgo de saturación urbanística en sus límites, por lo que Medio Ambiente plantea endurecer los criterios de protección frente a la presión urbanística.
El norte de Oropesa está marcado por Marina d'Or, con "peligro de colmatación humana" y sin posibilidad de realizar espigones de estabilización de la playa para controlar la regresión de la costa. Mientras, el sur del término municipal se plantea como una zona muy vulnerable, en la que todavía existe la posibilidad de contener la urbanización. Para ello, el proyecto propone la compra de los terrenos de la línea de costa para ejecutar un recorrido turístico cultural y natural para peatones y bicicletas.
Entre Benicàssim y Castellón se perfila una "costa caótica", con edificaciones prácticamente en la línea del mar y una playa en constante regresión. Sin embargo, poco se puede hacer ya en una zona tan consolidada y, al margen de medidas para liberar las franjas de servidumbre, las propuestas de actuación apuntan a la realización de un estudio global de estabilización de la costa.
Al norte de Castellón aún existe alguna posibilidad, con lo que Medio Ambiente propone ampliar el parque del Pinar hasta la desembocadura del Riu Sec, en una zona que actualmente se usa como aeródromo. "Deberá conseguirse especialmente la no consolidación urbana", dice como propuesta. Sin embargo, ya existe un proyecto para este tramo, la Ciudad de las Lenguas que aún está por definir.
Al sur del puerto de Castellón, la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa apunta otra gran propuesta: declarar fuera de ordenación los terrenos situados desde el extremo sur portuario hasta la desembocadura del río Mijares, que está protegido, lo que abarca el frente litoral de Almassora. Más al sur, apuesta por recuperar los antiguos terrenos de dominio público de la playa del Arenal, en Burriana, y demoler un espigón del puerto de este municipio.
C. Blanchar & LL. Pellicer . El País. 9 de noviembre de 2007
El norte del litoral catalán, una zona pionera en la llegada de turistas a España, se enfrenta a la propuesta de derribar varias de las moles de ladrillo que desde hace décadas albergan a los visitantes. El informe de Medio Ambiente sugiere liberar las playas del cemento que resta espacio a los bañistas.
Hoteles y cámpings en Santa Susanna (Barcelona), ubicados dentro de los primeros 500 metros de costa que el Gobierno quiere dejar libres de ladrillo.El mismo ladrillo que sirvió para convertir la Costa Brava en la Meca del turismo español se revela varias décadas después como un atentado al territorio. La Estrategia para la Sostenibilidad, el informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, fija medidas drásticas sobre todo para el tramo norte de la costa barcelonesa y el sur de la gerundense, donde están las localidades que registran las mayores concentraciones de turistas en verano. El Gobierno de la Generalitat ya decidió blindar parte del litoral impidiendo o limitando nuevos planeamientos, pero el Ministerio de Medio Ambiente va más allá: propone derribos y en algunos casos la suspensión de algún plan vigente todavía no desarrollado.
La reparación que propone el informe incide de forma especial en la costa Brava y del Maresme, donde el plan prevé el derribo de decenas de hoteles, restaurantes, edificios de apartamentos y cámpings, en ocasiones urbanizados entre las playas y la línea del tren. En muchos casos se levantaron durante las décadas de los sesenta y setenta -con anterioridad a la Ley de Costas, de 1988- cuando esta parte del litoral se convirtió en la Meca para los turistas del resto de Europa. Además, el informe también sugiere la demolición de algunos puertos cuando finalice el periodo de concesión.
El mayor valor paisajístico está, en todo caso, en el norte de la Costa Brava. A pesar de la protección ejercida por la Generalitat, el Ministerio de Medio Ambiente ha detectado varios sectores urbanizables, con planeamiento aprobado, en áreas muy valiosas que están dentro del límite de 500 metros que pretende proteger. La zona más sensible es el cabo de Creus y las localidades que lo rodean, en especial Cadaqués. Pero además de anular estos planeamientos, se proponen operaciones parecidas a la demolición del Club Mediterranée, una ciudad de vacaciones que ocupaba unas 200 hectáreas en un rincón privilegiado y que se está desmantelando. El documento del Ministerio sugiere que el Gobierno adquiera las fincas colindantes con este espacio y que incorpore dentro de los espacios libres de ladrillo, a través de compras y demoliciones, la Ciudad de Vacaciones de Cala Montjoi, en Roses, un complejo con bungalós de obra, restaurantes, terrazas y pistas deportivas. También deberían pasar por la piqueta, según el texto del Gobierno, varios edificios y terrazas de Cadaqués y el Hostal L'Arola de Port de la Selva. En Colera, prevé derribar el Hotel Tocamar, los apartamentos Lido y el puerto deportivo cuando venza la concesión.
Pero las grúas para incorporar al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) varias zonas perjudicadas por el urbanismo deberían extenderse a lo largo de los 260 kilómetros de la Costa Brava. El objetivo es recuperar su paisaje original, que en general atrae a un turismo de alto poder adquisitivo, y el conocido Camí de Ronda, un sendero que discurre paralelo al mar. A diferencia del resto del litoral catalán, las construcciones están muy localizadas: puesto que muchos de sus rincones son muy escarpados, se construyó en las zonas con menor pendiente.
Se trata de un tramo muy urbanizado, sin apenas nuevos desarrollos pendientes. Sin embargo, se detectan ocupaciones del dominio público, por ejemplo aparcamientos en la Marina de Port d'Aro. El documento de Medio Ambiente es tajante: deben caer casas y aparcamientos en las playas de Roses, L'Escala, Pals, Palamós, Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols. Pero también propone que echen el cierre cámpings como La Laguna y Amatá, en Castelló d'Empúries, y sugiere la demolición del puerto deportivo de Llafranc.
De Lloret de Mar (Girona) hasta Calella de Mar (Barcelona) se extiende la que se considera la zona turística pionera de España. Esta zona turística conserva todavía hoteles y cámpings familiares nacidos al calor del boom de los sesenta, que los empresarios han señalado más de una vez como culpables de arrastrar al "turista de borrachera". El texto critica que las playas de algunas localidades se conviertan en varaderos en verano y que algunos clubes deportivos, como el náutico de Lloret, ocupen parte de la zona de baño. Se sugieren reordenaciones en algunas localidades y, además, que sean demolidas varias edificaciones en Lloret y Blanes.
Pero las mayores incorporaciones al DPMT están en Malgrat de Mar y Santa Susanna, con cuyas edificaciones el informe es especialmente severo. La primera localidad se verá afectada en los límites norte y sur del término municipal. Por el norte, el plan recoge que en el delta de La Tordera, que comparte con Blanes, "hay muchos cámpings situados en zona de servidumbre" y otros ubicados en un "espacio natural". Por ello, el documento reclama incorporar dentro del dominio público los terrenos ocupados por estos establecimientos.
Por el sur, el informe pide que se incluyan al DPTM los terrenos que lindan con Santa Susanna ubicados entre la vía del tren y la playa, donde hay cámpings, restaurantes, chiringuitos playeros, hoteles, una casa privada con pista de tenis, un club deportivo de petanca, apartamentos... Una zona que empezó a levantarse hace cuarenta años y que hoy, en Malgrat, ha quedado desfasada. Lo mismo ocurre con el suelo de Santa Susanna, con establecimientos turísticos también situados entre la vía de ferrocarril y las playas mucho más nuevos que están dentro del límite de los 500 metros que el Ministerio de Medio Ambiente quiere preservar.
Lo mismo ocurrirá en Calella de Mar, en un área en la que también hay restaurantes, aparcamientos, un club náutico e incluso un cementerio. El Ministerio de Medio Ambiente sugiere, además, ampliar la protección del paraje de Pinya de Rosa, en Blanes, que en 2003 logró salvarse de la amenaza de una urbanización de lujo por la presión que ejercieron los ciudadanos tras multitud de movilizaciones.
En el tramo comprendido entre Sant Pol de Mar y Badalona, los principales problemas son la presencia de cinco puertos que provocan "alteraciones" en los sedimentos marítimos. Es la zona que tradicionalmente viene sufriendo complicaciones por la regresión de las playas, que requieren de frecuentes reposiciones de arena. Para este tramo costero, muy urbano y sin demasiadas segundas residencias, también se sugiere incorporar al dominio público, mediante el derribo de inmuebles, una zona de Mataró y el antiguo barrio pescador de Montgat, una pequeña localidad a menos de 15 minutos de Barcelona. En Montgat y en Badalona, además, se contempla incluir en el DPMT edificios que ocupan la playa. En el caso de Badalona, son antiguos baños públicos en el barrio de La Mallorquina que ahora tienen un uso privado. Dependiendo del oleaje, pueden llegar a estar a menos de dos metros de distancia del mar.
M. J. Albert. El País. 11 de noviembre de 2007
El urbanismo salvaje ya manda en Huelva y el Guadiana, pero, incluso así, la costa onubense aún queda lejos del enladrillado que ciega el litoral español. El empeño de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa es parar urbanizaciones antes de que se construyan, ofreciendo suelo a los promotores tierra adentro.
La fiebre urbanizadora que ha asolado el litoral español ha sido en la costa de Huelva más lenta y ha dejado un paisaje algo menos denso que en el resto de Andalucía. Pero el crecimiento entre 1991 y 2002 ha sido imparable, pues el número de viviendas cerca de las playas ha aumentado un 60%, según denuncia Greenpeace en su informe Destrucción a toda costa 2007.
Huelva ha conocido una construcción que tiende no tanto a los edificios en altura, sino a ocupar grandes bolsas de terreno para adosados y viviendas unifamiliares enclavados, a veces, en la misma arena de la playa. No obstante, también existen buenas muestras del modelo urbanizador tradicional de edificios de apartamentos, como en Isla Canela, El Portil o Matalascañas.
Isla Canela, en Ayamonte, se empezó a elevar en la década de los 60 junto a la frontera con Portugal y tiene planes de seguir creciendo. Su proyecto turístico, que llega hasta la Punta del Moral, albergará en un futuro 43.351 nuevas plazas turísticas, un campo de golf y un puerto deportivo en 600 hectáreas, como alerta Greenpeace.
Isla Canela es uno de los lugares de la provincia donde el Gobierno va a tener que emplearse a fondo para reparar la situación, como apunta la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, encargada por el Ministerio de Medio Ambiente y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno quiere eliminar las edificaciones en zona de servidumbre (inmediatamente pegada a la playa) que tras una revisión de un deslinde en 1996 han quedado dentro de la zona protegida. Además, prevé ampliar el área de servidumbre pública a 100 metros "en aquellas parcelas en las que todavía no hayan sido iniciadas las obras de urbanización, por lo que esta ampliación puede estar plenamente justificada", según el documento.
El Gobierno también prevé revisar el Plan Parcial del enclave, sobre todo en las zonas contiguas a la marisma. El objetivo es "reducir o eliminar la edificabilidad de las parcelas situadas frente a la marisma, en las que todavía no han comenzado las obras de urbanización". Lo mismo se quiere hacer en la playa de Isla Canela, justo en los terrenos donde todavía no ha comenzado la construcción.
"Ya es tarde", sentencia Iñaki Olano, portavoz de Ecologistas en Acción en Ayamonte: "En la playa de Isla Canela queda poquísimo espacio sin construir". Para Olano, las acciones que se van a tomar en la costa onubense, aunque sean positivas, llegan con retraso. "Esto demuestra que durante mucho tiempo los ayuntamientos y la Junta de Andalucía no han aplicado la ley, sino que, o han mirado a otra parte o han toreado la ley para que todas estas obras se pudieran realizar".
Volando hacia La Antilla, en Lepe, al este, se encuentran bloques de apartamentos en segunda y tercera línea de playa, precedidos de un frente de viviendas unifamiliares clavadas, muchas veces, a pocos metros de donde rompen las olas. Estas últimas pueden tener sus días contados. La liberación de la zona de servidumbre de La Antilla contempla la "expropiación de las edificaciones" en esta área, así como de las casas con derechos reconocidos incluidas en el dominio público (la playa). Además, la Estrategia contempla la "eliminación de las ilegales" dentro de este dominio.
Un poco más hacia Levante, se elevan tres núcleos contiguos de gran proyección turística: El Rompido (Cartaya), El Portil, en Punta Umbría, y la propia Punta Umbría. En todos se pretende eliminar las edificaciones en dominio público. El Rompido y Punta Umbría presentan sobre todo casitas bajas en primera línea y, en el caso de Punta, bloques altos hacia el interior.
En la marisma del río Tinto, muchísimo más degradada por las industrias del polo Químico, el Gobierno planea una actuación relacionada con las balsas de fosfoyesos, residuos que la fábrica de fertilizantes Fertiberia ha vertido allí desde hace décadas. La concesión terminó en 2003, por lo que el rescate del lugar supondrá el sellado del vertedero y su restauración ambiental.
Juan Manuel Pardellas. El País. 12 de noviembre de 2007
La costa canaria está salpicada de vertidos incontrolados, hoteles y casas en dominio público y proyectos urbanísticos sin planificación. Así lo revela el plan del Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el litoral español, que propone derribos y compras masivas de terreno para salvarlo
Canarias, de paraíso natural a pasto del ladrillo. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca que en muchos tramos de los más de 1.500 kilómetros de litoral canario la presión urbanística supera la capacidad para albergar turistas, algo que conduce a la masificación.
GRAN CANARIA "Continua artificialización"
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el plan del Gobierno propone adquirir el suelo rústico de El Rincón y prohibir edificaciones de más de dos plantas en los 5.200 metros de ensanche del litoral de la capital.
Las dunas de Maspalomas, uno de los grandes tesoros naturales del Archipiélago, están "seriamente amenazadas" por la presión urbanística, el tránsito de visitantes, la destrucción de vegetación, los incendios y la invasión de especies foráneas.
Más al sur, el informe critica la "continua artificialización" del litoral de uso turístico, en una zona que "no soporta" más presión urbanística. Y lo resume en una frase: "La intensidad de la demanda de usuarios es mucho mayor que la capacidad de uso y disfrute del litoral".
En algunos puntos al sur de la isla, el litoral se considera "irreversiblemente erosionado", como en Puerto Rico y Tauro. Peor, mucho peor, ha sido la actuación de los residentes con su territorio, con numerosos vertidos de aguas residuales. En Telde hay rocas manchadas y cuatro zonas de vertidos directos; en el Barranco de Guiniguada hay 17 focos de residuos urbanos incontrolados, y el puerto afecta al mar con vertidos muy contaminantes. El paisaje marino de las islas de Las Palmas se ha visto invadido de decenas de jaulas de acuicultura. Medio Ambiente sugiere realizar un estudio del impacto de la presencia de estas industrias a menos de 1.000 metros de la playa, y en la costa de Telde recomienda no aumentar el número de explotaciones.
FUERTEVENTURA Derribo de hoteles
En Fuerteventura, Medio Ambiente propone una compra masiva de terrenos para salvarlos de la especulación, como en la costa noreste, fuertemente presionada por la industria turística y de uso residencial. En esta isla propone revisar las concesiones de chiringuitos en dominio público, derribar el embarcadero de El Muellito, eliminar casas y casetas en Morro de Potala, Casas de las Salinas, Cueva Negra y Morro Jable, y demoler las obras que ocupan el dominio público en Playa de Tarajalejo, Gran Tarajal, Cala de Las Playas y Jacomar y rescatar las concesiones en playa de La Oliva.
La península de Jandía (conocida turísticamente por sus kilométricas playas de arena rubia y mar esmeralda) se encuentran los hábitats naturales más importantes de la isla. Sin embargo, el uso turístico ha provocado la huida de la numerosa avifauna. Como ejemplo, el hotel que se construye en Caleta de Guirra está a 20 metros de la orilla y el Parador Nacional de Puerto del Rosario está en mitad de ella.
En el sur, con apenas 15.000 habitantes, hay 19.000 plazas hoteleras, y el diagnóstico advierte del alto grado de urbanización de la costa "con excesiva ocupación de la fachada marítima". El desarrollo turístico de Costa Calma supone un freno al transporte de sedimentos a las playas.
Sin embargo, el informe reconoce que las playas con alta capacidad de acogida están aún sin colapsar, pero advierte de que falta de previsión de infraestructuras "para el ritmo de crecimiento urbanístico relacionado con el turismo". Y concluye: "Es importante tener en cuenta la escasez de agua en la isla a la hora de realizar este tipo de desarrollos urbanísticos", como hoteles de lujo, apartamentos con piscinas, campos de golf...
El Parque Natural de las Dunas de Corralejo está sometido a una presión "que pone en peligro su conservación", ya que algunas zonas demuestran una erosión "preocupante". Hoteles como el Oliva Beach se encuentran enclavados en mitad de este parque.
LANZAROTE "Voraz desarrollo"
El informe también destaca "la sensibilidad con la que la obra humana se ha acomodado al medio" en Lanzarote, a pesar de detectar una creciente "amenaza de masificación", edificaciones próximas a la costa, pérdida de arena y el colapso de la capacidad de acogida de playas.
Medio Ambiente propone demoler los hoteles Papagayo Arena y Las Costas, recuperar zonas de tránsito ocupadas por los hoteles Los Fariones y Sol Meliá y el desmantelamiento del embarcadero de Pedro Barba (isla de La Graciosa).
El informe advierte del "voraz desarrollo turístico" que se cierne sobre el monumento natural de Los Ajaches y denuncia el "desarrollismo salvaje" de Teguise, donde coinciden "ocupación de dominio público, urbanización en playas, invasión de dunas y deterioro paulatino de todo el litoral". Se propone eliminar edificaciones en La Humosa, las salinas de Los Agujeros y entre ésta y la urbanización Los Cocoteros, las que se concentran en el tramo de costa de Los Barranquillos, en el Charco de Palo, Las Piteras y una docena de áreas más.
TENERIFE Alerta en Granadilla
Además de sus conocidos paisajes, la costa de Tenerife está plagada de vertidos contaminantes, construcciones en dominio público, contaminación producida por la refinería, puertos, aeropuertos, zonas urbanas, industria turística y acuicultura. Y una parte de su ecosistema está amenazada por la construcción de nuevas infraestructuras, como el puerto industrial de Granadilla. Medio Ambiente ya ha autorizado el proyecto y ahora la estrategia lo define como "la actuación de mayor impacto territorial acometida en el sur desde la construcción del aeropuerto", en 1978. El informe advierte de que este puerto "reduciría el aporte sedimentario a la costa de El Médano", la única playa natural del sur de la isla, ya que el resto han sido construidas, y se convertirá en un motor económico "una vez agotada la línea de costa disponible" para el turismo.
Otro de los asuntos estrella en la isla es el caso Teresitas. El alcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (de Coalición Canaria), y 11 personas más entre políticos, funcionarios y empresarios están imputados en la compra de un terreno para evitar que los legítimos propietarios levantaran hoteles, apartamentos y viviendas. La operación, con apoyo de PSOE, PP y CC, costó más de 50 millones de dinero público. Pero la Fiscalía Anticorrupción detectó numerosos fallos en el proceso.
El ministerio sólo alude a esta polémica para calificarlo como "proyecto municipal de alto alcance", sin valorar su conveniencia o no y propone la "ejecución del proyecto de remodelación". Sí advierte que habrá que "revisar" el expediente de concesión que impiden el libre uso y acceso, como también lo propone para el club náutico de Radazul.
Curiosamente, Medio Ambiente propone ahora una fórmula similar a la de Miguel Zerolo para adquirir suelo en riesgo de ser urbanizado y evitar más deterioro del litoral de Tenerife. Así, señala la conveniencia de adquirir 5.970.000 metros cuadrados de terreno costero alrededor de la isla. El informe alerta del "incumplimiento de la normativa sobre la observación de cetáceos", una actividad que al año atrae a más de 700.000 turistas y genera pingües beneficios. Además, los restos de plásticos y artes de pesca que turistas y pescadores abandonan en el mar provocan cortes y muerte de fauna marina, como tortugas y cetáceos.
LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO Aún a salvo
Para La Palma, el informe sobre las costas destapa la oportunidad de ordenar adecuadamente la industria turística en una isla de "naturaleza extraordinaria", tras los ejemplos "nocivos, caóticos o desordenados" de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Aun así, se detectan los males de las otras islas, como vertidos, y propone la demolición de al menos 613 edificaciones, casas, casetas y chabolas diseminadas por la costa.
La Gomera aún tiene un urbanismo e industria turística controlados "pero crecientes". Por último, la isla de El Hierro "no se encuentra especialmente presionada por la actividad humana", a lo que han contribuido su aislamiento y escasa población. El principal problema es la proliferación de edificaciones dispersas, en numerosas ocasiones como segunda residencia, y los vertidos de puertos y barcos.
Noviembre de 2007