El enorme crecimiento de la inversión en turismo residencial que se ha producido durante los últimos años en los municipios de San Juan del Sur y Tola, en el Departamento de Rivas, en Nicaragua, no ha estado exento de conflictos. Durante el pasado mes de diciembre de 2006, desde este mismo portal web, ya informamos de un enfrentamiento armado entre campesinos de Tola y guardias de seguridad de un complejo turístico.
En este momento, el problema del acceso a la costa por el cierre de caminos tradicionales por parte de los inversionistas turísticos ha sido de nuevo motivo de polémica en los principales medios de comunicación nicaragüenses. Varios hechos relacionados entre sí han protagonizado este nuevo episodio de un conflicto que viene gestándose desde hace tiempo. En primer lugar, el nuevo Procurador General de la República, el sandinista Hernán Estrada, declaró ante los medios de comunicación el pasado 30 de marzo que todas las playas del país eran públicas y que, por tanto, ni empresarios ni alcaldías podían impedir su libre acceso a la población. Igualmente, anunció más rigor en la actuación del Estado para garantizar este derecho. Poco después, se conoció la noticia de la creación de una nueva asociación, “Hijos del mar”, formada por campesinos y pescadores de diversas comunidades de San Juan del Sur que, cansados del cierre de los caminos que les impiden el acceso a las playas, se estaban dedicando a abrir las barreras que les impedían la circulación. Al parecer esta asociación habría sido apoyada por el ex – alcalde y ex – diputado sandinista Gerardo Miranda, que en la actualidad es cónsul de Nicaragua en la ciudad costarricense Liberia, y quien ha protagonizado diversos episodios controvertidos en la política nacional.
La reacción airada de diversos sectores del país no se hizo esperar. Desde los inversionistas turísticos agrupados en torno a la Cámara Nicaragüense de Turismo (Canatur), pasando por el conservador periódico La Prensa (de quien reproducimos varios artículos que han llegado a ocupar la primera página del diario)o el actual vice-presidente del Gobierno, el liberal Jaime Morales Carazo, han tratado de deslegitimizar las palabras del Procurados o las actuaciones de los pobladores de las comunidades de San Juan del Sur.
El conflicto ha estallado en un momento especialmente sentido por los sectores populares de Nicaragua, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, en las que es tradicional que la gente se desplace a las playas y pase allí unos días, aliviando el tremendo calor de esta época del año. La perspectiva de encontrar cada vez más restringido el acceso a la costa hace que las actuaciones de asociaciones como “Hijos del mar” ganen cada vez mayores simpatías.
Eloisa Ibarra. Publicado por El Nuevo Diario ( 31 de marzo de 2007)
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó ayer que todas las playas de Nicaragua son públicas, y ni los empresarios privados ni las alcaldías pueden impedir a la población pobre el disfrute de ellas, porque el acceso es libre y le darán seguimiento con rigor para que eso se cumpla.
Estrada indicó que revisarán los títulos supletorios a través de los cuales durante los últimos 17 años se ha negado el acceso a las mejores playas a los pescadores y a los veraneantes de escasos recursos.
Recordó que en 1990 todo era público, y ahora hay que revertir todo ese daño que se ha causado a los intereses del Estado y a lo más elemental, que es el disfrute de las playas. “Tenga la plena seguridad que actuaremos si algún alcalde o empresario se extralimita en lo establecido en la ley”, enfatizó el Procurador.
Recordó que la Contraloría General de la República (CGR) emitió una resolución en el caso de San Juan del Sur que es efectiva para Tola, y afirmó que la Ley no ha cambiado y las playas son para todos los ciudadanos.
Denuncia de Argüello Poessy
El contralor Guillermo Argüello Poessy afirmó que hay unos tres o cuatro “vivos” de todas las tendencias políticas que se han adueñado de las costas del país, a través de títulos supletorios y ventas forzosas, con títulos de reforma agraria de dudosa reputación. “Eso lo han hecho en toda Nicaragua, se han repartido las costas, en Tola se unieron cuatro caballeros de distintas tendencias políticas y se repartieron todo. En Guazacate se lo repartieron todo. El colmo, se repartieron la playa Pie de Gigante”, afirmó Argüello Poessy.
Aseguró que conoció muy bien todo esto, cuando estuvo en el Viceministerio de la Propiedad. De tierras confiscadas a los Somoza aparecieron adueñándose dos o tres vivos que son los dueños de todas las costas, con un título de reforma agraria, títulos de dudosa reputación.
“En la Loma de San Juan del Sur, en la cabeza del Indio, con un título de reforma agraria extendido por el INRA, en una simple hoja, aunque ahí nunca ha existido donde sembrar porque es árido, ahí aparece una venta de un caballero de industria, ahí están las mejores casas de Nicaragua” afirmó Argüello.
Detalló que esa propiedad era de los gemelos Pinkes, legítimos dueños que fueron indemnizados con millones, pero después vino el truco, y con un título de reforma agraria y se lo venden a un conocido empresario, refirió Argüello.
Un “terrenito” de 10 mil manzanas
Los miles de manzanas de tierras se fabricaban en el juzgado de Masatepe, donde se fabricaban títulos de venta forzosa, yo lo demando a usted, usted se allana a la demanda para un terrenito de diez mil manzanas, acepto la dación en pago, y así obtuvieron propiedades millonarias del Estado.
Argüello finalizó diciendo que ahora sólo queda Pochomil para ir a bañarse, porque se han adueñado de todas las playas y hasta de las reservas naturales, pero, recordó que el derecho del Estado es imprescriptible y se debe proceder.
Vale mencionar que la mayoría de las playas, especialmente las mejores de la zona costera de Rivas, Tola, San Juan del Sur y Chococente, se encuentran cercadas; con vigilantes armados que impiden el acceso a la población que pretenda ingresar como huésped a uno de los lujosos hoteles en construcción o sea dueño de un lote vendido a precios millonarios.
Estrada afirmó que revisarán toda esta situación dentro de la investigación que siguen por el tráfico delincuencial bien articulado, donde hay una mafia de trasiego de lotes y terrenos que se han legalizado con supuestos títulos donde se afecta al Estado.
Refirió que algunos de esos casos se han hecho con falsos títulos, para lo cual llamaron la atención de los miembros de la Corte Suprema, a los jueces y registradores para que trabajen en conjunto. “Es toda una red bien grande que se ha venido formado durante todos estos años, y que ahora tenemos que enfrentar de una forma integral todas las instancias que están en la ruta del registro de la propiedad”, dijo Estrada.
Indicó que en el norte del país se han generado títulos supletorios al margen de lo que establece en el Código Civil, para que pequeños propietarios puedan hacer uso del derecho que les asiste de vivir ahí después de permanecer mucho tiempo, pero aquí no se habla de eso, sino de títulos supletorios para 600 manzanas.
Es una gigantesca red a la que se le están siguiendo los pasos con los registradores y catastro, y donde se conocen nombres concretos de abogados y notarios que ya son investigados, afirmó el Procurador.
Lesber Quintero. Publicado por El Nuevo Diario (1 de abril de 2007)
Nace Asociación “Hijos del Mar”, que actúa por cuenta propia ante indiferencia estatal. La mayoría vive de la pesca, y cercos y portones les impedían el paso hacia su sustento. Cansados de demandar la apertura de costas y nunca ser escuchados por nadie, unos 200 pobladores de nueve comunidades ubicadas al sur del municipio de San Juan del Sur decidieron abrir por cuenta propia varias playas, y para los próximos días esperan hacer lo mismo con las costas que están cercadas al norte del municipio, ya que así lo aseguró Edgar Bejarano, Presidente de la Asociación "Hijos del Mar", que fue la que encabezó la liberación. Los pobladores que se unieron para liberar las costas son los de las comarcas Escameca, Las Parcelas, Monte Cristo, Ostional, Tortuga, Collado, El Carrizal, entre otras.
Según Bejarano, ya en reiteradas ocasiones han demandado a diversas instituciones del Estado y a la municipalidad de San Juan del Sur la apertura de costas, ya que históricamente han sido públicas, y "la mayoría de la gente acá vive de la pesca, por lo que nos vemos afectados con los cercos o portones, u hombres armados que encontramos cada vez que tratamos de ingresar a las playas", comentó.
A la vez indicó que no son invasores de tierra ni depredadores, a como los han tildado sólo para mantener privadas las costas. Pues según él, en estas comunidades son amantes del medio ambiente y lo único que quieren es que los tomen en cuenta y no que les cerquen las costas. Por su parte, José del Carmen Espinoza, Secretario de la Directiva Comarcal de la comarca Las Parcelas y Escameca, dijo que el recorrido de la liberación de las costas inició en "Playa Remanso". No obstante, para sorpresa de los pobladores, Héctor Sánchez, propietario de una propiedad cercana a esa costa, ya la había dejado en libertad.
Según los pobladores, en otros lugares también ya habían liberado las costas antes de que ellos llegaran a retirar candados o portones, como en las costas de Escamequita, donde tiene propiedades el general retirado Joaquín Cuadra. Lo mismo sucedió en Playa "El Yankee", cuya costa era cercada y custodiada por hombres armados de Piero Cohen.
Cabe destacar que en dicho lugar siempre se notó un retrato de una calavera que indica la muerte para todo aquel que ingrese a las costas, pero el mismo fue retirado por los habitantes.
Según los pobladores, una de las costas que sí continuaba cercada era la de "Playa Hermosa", la cual estaba obstruida con una puerta de golpe que era asegurada con un candado, que fue forzado para liberar la playa, aunque se conoció que horas después la puerta volvió a ser enllavada. Otras las playas que fueron liberadas son la de Escameca Grande, Bracilito y La Redonda, ubicadas cerca de la comarca de Collado.
Al final Bejarano comentó que en el caso de "Escameca", las cosas fueron diferentes, ya que "Roberto Mendieta, administrador del lugar, nos manifestó más bien que no era justo que nos tuvieran aislados y que lo mejor era realizar trabajos comunitarios”.
"Él, más bien propone que se nos tome en cuenta para realizar proyectos en pro del fortalecimiento económico de las comunidades, y propuso la crianza de venados, iguanas, viveros comunitarios que vendrían a mejorar la calidad de vida de los pobladores", concluyó diciendo.
Noelia Sánchez Ricarte y Moisés Martínez. Publicado por La Prensa (1 de abril de 2007)
Previo al anuncio del Procurador General de la República, Hernán Estrada, quien afirmó este viernes que todas las playas de Nicaragua son públicas y que nadie puede impedir a la población hacer uso de las mismas, el ex alcalde y ex diputado del Frente Sandinista, Gerardo Miranda Obregón, ha liderado junto con algunos pobladores la invasión de propiedades privadas cuyos accesos comunican al mar, en San Juan del Sur, departamento de Rivas.
A mediados de la semana que recién finaliza, Miranda, quien ahora fue nombrado cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, inició una serie de actividades junto a algunos pobladores de comunidades de San Juan del Sur, con el propósito de tumbar las cercas de las propiedades privadas. Sin embargo, sus acciones han ido más allá de los lugares públicos y se ha extendido a propiedades privadas. Además, ha llegado a tratar de romper los linderos del refugio de vida silvestre La Flor, que es una Reserva Natural.
En la entrada a la playa Escameca Grande, ubicada en una zona rural de San Juan del Sur, Miranda y los comunitarios quitaron el miércoles pasado el candado y la cadena que estaban en la puerta principal del lugar de la propiedad que colinda con las costas del mar. “El acceso hacia la playa se encuentra dentro de una propiedad privada, no se discute que la costa sea pública, pero deben respetar la propiedad privada, se llevaron hasta el rótulo de reserva privada y nos dijeron que si poníamos de nuevo el candado, regresarían a quitarlo, pues estaban cumpliendo con un decreto que el presidente Daniel Ortega había firmado”, dijo Héctor Luis Gutiérrez, mandador de esa finca.
Lo que Miranda comentó, según Gutiérrez, fue “que andaban abriendo costas, porque eran libres; me pidieron las llaves pero como no las entregué, procedieron a arrancar lo que ya dije”. “Esto puede generar un problema, el camino hacia la playa queda en una propiedad privada y eso debe respetarse, ahora en los lugares donde abrieron hay vigilancia y la gente no está dispuesta a ceder”, advirtió Gutiérrez.
LA PRENSA intentó comunicarse con Miranda, pero no respondió a la llamada. Dejamos un mensaje de voz en su teléfono móvil, pero al cierre de la edición tampoco había respondido.
Les llamaron cobardes por no apoyar
A Federico Monastel y otros pobladores de la comunidad El Carrizal, los llamaron “cobardes” por no participar de la acción emprendida por Miranda y los comunitarios. El argumento de Monastel es sencillo: “¿Por qué voy a apoyar algo que no es real?, en el caso de playa Hermosa, sí nos dan el pase cada vez que lo solicitamos”.
Playa Hermosa, que se encuentra en El Carrizal es, según Carlos Luis Pérez, una propiedad de la familia Holmann Chamorro. Pérez, quien dijo trabajar desde hace 18 años para esa familia, comentó que el miércoles pasado también recibieron la visita de Miranda y sus seguidores, que arrancaron las cadenas y el candado del portón principal.
Pérez dijo que el acceso hacia la playa está ubicado en una propiedad privada y que en todo caso no hay problema porque se permite el acceso de los pobladores hacia la costa.
El papel de la PGR
El ex procurador general de la República, Alberto Novoa, explicó que basados en el precepto constitucional de que las costas y playas son propiedad del Estado, es solamente cuestión de operativizar las acciones legales necesarias para recuperar aquellas costas que han sido cerradas al público en general por ser supuestos terrenos privados.
El tema del libre acceso a las playas tomó fuerza este viernes luego que el actual Procurador General de la República, Hernán Estrada, advirtió que dado que playas y costas son propiedad del Estado, ni los empresarios privados ni las alcaldías pueden impedir a la población disfrutar de éstas, ni a los comunitarios de la zona adentrarse en las mismas para pescar.
Revisión de títulos
Estrada agregó que la PGR revisará los títulos supletorios emitidos durante los últimos 17 años de aquellos terrenos colindantes a mares, ríos o lagos, en los cuales se le ha impedido el libre acceso a la población.
LA PRENSA buscó contactar nuevamente a Estrada para que explicara con qué acciones concretas pretende hacer cumplir su promesa de reivindicar el libre acceso a las playas y costas, pero no contestó nuestras llamadas a su teléfono móvil ni tampoco fue posible localizarlo por medio de la vocería de la PGR.
Novoa coincidió con Estrada en que las playas y costas son propiedad del Estado, y por ende explicó que como bienes de la nación, son inembargables, inajenables e imprescriptibles. “Estamos hablando desde el punto que alcanza la marea alta, hasta 200 metros hacia adentro. Esto también se aplica a los ríos, lagos y lagunas”, señaló Novoa vía telefónica.
Arrendamientos
Relató que muchas de las denominadas playas privadas son terrenos que han sido arrendados a particulares o dueños de negocios turísticos, por las mismas municipalidades. Otro mecanismo para entregar el dominio de terrenos colindantes a las costas y playas, ha sido la emisión de títulos de reforma agraria y títulos supletorios entregados por las mismas alcaldías, con extensiones perimetrales que abarcan hasta las playas.
“Tomando en cuenta que los bienes del Estado son inembargables, inajenables e imprescriptibles, entonces el mecanismo legal es que la Procuraduría (General de la República), como abogado del Estado, concurra ante el Juez Civil de la localidad e interponga una solicitud de cancelación de los asientos registrales (de los terrenos arrendados o títulos supletorios emitidos). En la práctica estamos hablando de una tarea titánica, porque son kilómetros de costas, sin mencionar el problema de intereses de empresas turísticas que se pudieran estar afectando”, comentó el ex procurador.
Novoa reconoció que en algunos casos se han logrado estos arriendos utilizando prácticas ilegales. “Estamos hablando de casos en los que ha habido verdaderos atropellos a la ley, donde se han coludido funcionarios de las alcaldías, jueces. El caso más emblemático es el de Pie de Gigante, donde por medio de un título de reforma agraria lo extendieron hasta la costa. Pero también están los casos de Iguana y Amarillo, en Tola”, dijo el ex funcionario.
Noelia Sánchez. Publicado por La Prensa (2 de abril de 2007)
La falta de reconocimiento de que existe legislación desde hace más de un siglo sobre el dominio y posesión de las costas en los balnearios de Nicaragua, los deseos de confrontar a quienes poseen propiedades veraniegas, industria hotelera y casas particulares, y desalentar la inversión privada, parece ser otra de las políticas del Gobierno actual, según se desprende de las últimas acciones de militantes y seguidores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ocurridas en San Juan del Sur.
Pero los derechos de quienes poseen bienes que colindan con el mar, lagos o ríos, se amparan en la Ley Agraria de 1917, la cual tiene vigencia, según una circular emitida el 28 de mayo de 1998 y publicada en el Boletín Judicial número 1969, página 381.
Desde la semana pasada, el ex alcalde y ex diputado Gerardo Miranda Obregón y un grupo de comunitarios de la zona de San Juan del Sur, acechan propiedades colindantes al mar. Se han dado a la tarea de abrir los accesos que comunican hacia el mar, aunque éstos se encuentren en propiedad privada, bajo el argumento de que las costas no le pertenecen a nadie.
El anuncio del Procurador
Sus acciones se dieron días antes de que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, manifestara que todas las costas son públicas y que nadie puede impedir el acceso a ellas. El Refugio de Vida Silvestre la Flor recibió la visita de los llamados “hijos del mar”, apoyados por Miranda Obregón. Su principal argumento al llegar a esta zona protegida, donde anidan miles de tortugas marinas, fue precisamente que ese lugar debe estar en manos de los comunitarios y no bajo la responsabilidad de la Fundación Cocibolca.
Jurista advierte
De acuerdo con un jurista experto en Derecho Civil consultado por LA PRENSA, “si el Gobierno de Daniel Ortega con sus diputados en la Asamblea Nacional, impulsa la aprobación de una ley que afecte los derechos de los poseedores de propiedades en el mar, este cuerpo normativo, en todo caso, no podría aplicarse retroactivamente, de lo contrario se estaría generando otra vez un gigantesco conflicto de propiedad en Nicaragua. Sería lamentable y dañaría la imagen del país ante la comunidad internacional y la inversión extranjera”.
El reclamo que los comunitarios y el ex diputado sandinista hicieron en el Refugio de Vida Silvestre la Flor, según el responsable de ese centro, Ronald Vega Carballo, fue que no se les estaba permitiendo el aprovechamiento de los huevos de tortugas y debido a las anidadas masivas, éstos muchas veces se pudren.
Ex diputado y seguidores
Vega dijo que los comunitarios y Miranda dejaron entrever que ese refugio debía estar en manos de ellos y no bajo la tutela de la Fundación Cocibolca, que mantiene un comanejo con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena). Según Vega, en principio estas personas ingresaron “amenazantes, queriendo quitar las posterías que impiden el acceso de vehículos a la playa (que es el lugar donde las tortugas llegan a poner sus huevos), incursionaron a la playa, se regresaron y luego subieron a la oficina; al abordarme me reclamaron que por qué les había tomado una foto, les dije que era el responsable y debía responder, sólo hubo algunas agresiones verbales”. “El ex diputado deja entrever que él no anda dirigiendo a esa gente sino asesorándoles, llegaron a reclamarme el aspecto del manejo de los huevos, pero les aclaré que no era yo el que resolvería ese problema, le dije (a Miranda) no veo la idea de que vengás con esta gente a reclamarme, si nosotros sólo acatamos lo que nos dice el Marena”, dijo Vega.
Denuncia ante policía
Vega comunicó lo sucedido a instancias superiores, incluso acudió a la Policía Nacional (a poner en conocimiento de lo ocurrido) y comunicó al nuevo delegado del Marena en Rivas, Mario Rodríguez, sobre la situación acontecida. Se acordó que a diario se harían patrullajes tanto del Ejército de Nicaragua como de la institución encargada de resguardar el orden público. “El ex diputado, cuando comenzó a liderar a esta gente, formó una asociación con personería (“hijos del mar”) y lo que pretenden realizar es un comanejo del área (del refugio), pero el Marena tiene un convenio de 10 años con la Fundación Cocibolca, yo lo que veo es que pretenden extraer todo el recurso, no veo viable esto, no es aconsejable, vienen pensando en aprovechar y no en proteger… Sería como poner a cuidar al zorro en el gallinero”, dijo Vega.
Luís Sánchez Correa. Publicado por La Prensa (4 de abril de 2007)
La instigación de pobladores para que invadan propiedades cercanas a las costas, bajo el argumento de que las playas son libres, promovida por el ex alcalde de San Juan del Sur y ex diputado sandinista Gerardo Miranda Obregón, fue catalogada por el Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, como fuera de lugar y de orden. Morales dijo que “es una actitud totalmente personal de Miranda”, al que calificó de “atrabiliario”. “El Gobierno tiene un compromiso pleno y total, aquí la propiedad es sagrada y ese es un principio fundamental”, aseguró.
Sin embargo, las acciones que coordina Miranda tomaron fuerza la semana pasada, después que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, advirtió que las costas son propiedad del Estado y que ni los empresarios privados ni las alcaldías pueden impedir el acceso de la población.
Los conflictos por propiedades costeras en el departamento de Rivas, no sólo afectan a San Juan del Sur, ya que en el municipio de Tola, se ha agudizado un problema similar que ya lleva varios meses sin solución. Hace días los concejales de la Alcaldía de Tola acordaron destituir a la alcaldesa sandinista Loyda García, a la que acusan de cometer malos manejos. No obstante, el contralor Luis Ángel Montenegro se pronunció a favor de la alcaldesa, argumentando que su destitución carece de legalidad. El conflicto en la Alcaldía de Tola se originó a raíz del arriendo de terrenos costeros en la localidad.
En San Juan del Sur han confirmado que las personas que acompañan a Miranda son reconocidos simpatizantes sandinistas, pero el vicepresidente Morales negó que las acciones de ese grupo de personas estén ligadas al partido sandinista. “Ese es el gran problema que hay, como eran tierras que valían menos que ‘guate mojado’ y ahora valen millones de dólares, entonces han despertado la voracidad y la codicia de una cantidad de elementos de diferente índole”, explicó Morales. Afirmó que la actitud del ex alcalde y ex diputado sandinista es motivada en parte por diferencias entre éste y el actual alcalde sanjuaneño. “Él tiene problemas, siempre ha tenido contradicciones y confrontaciones con Eduardo Holmann”, aseguró. Morales Carazo comentó que Holmann es “un alcalde progresista, por eso es que andan agitando la cosa, pero aquí no hay ninguna política que apañe ni auspicie ninguna invasión de tierras de parte de nadie”.
Acciones delincuenciales
El vicepresidente afirmó que las acciones de Miranda y sus seguidores son actos delincuenciales, y los dueños de propiedades deberían proceder legalmente. “Se anda violando la ley totalmente, y el que hace esas cosas es delincuente, creo que los propietarios de las tierras tienen todo el derecho de tomar acciones legales”, indicó. Sin embargo, reconoció que hay un desorden legal en torno a propiedades que han sido adquiridas de forma indebida. “Lo que ha ocurrido también, es que muchos de los actuales propietarios no están muy legalizados, no todos han adquirido las tierras por las vías correctas, quedemos claros de eso, ahí han habido grandes abusos, grandes cuchumbaleos y grandes zanganadas”, advirtió Morales, quien considera que en estas irregularidades hay personas vinculadas a todos los partidos y a los gobiernos anteriores. “Lo que le conviene al país es tener un desarrollo seguro y confiable, que el que vaya a comprar propiedades, sea nicaragüense o extranjero, tenga la certeza de que esa propiedad está legítimamente registrada, constituida y adquirida”, añadió.
Destacó que muchas propiedades están registradas bajo figuras de títulos supletorios, cooperativas agrarias y “otros inventos”. En ese sentido refirió que “es un relajo tremendo; lo deseable es que (la propiedad) se ordene en un futuro cercano para darle seguridad a todo el mundo, pero no se va a apoyar a ningún zángano que ande promoviendo invasiones y haciendo lo que le dé la gana”.
Ilegalidad por dos lados
El problema del acceso a las costas ha sido una constante, porque algunos dueños de propiedades colindantes con la playa impiden la entrada de pobladores que tradicionalmente han visitado esos lugares para recreación o labores de pesca.
De acuerdo a la Constitución, las playas y costas son patrimonio del Estado y, por lo tanto, de libre acceso para todo ciudadano. En este sentido hay acciones ilegales tanto de los propietarios de terrenos colindantes con las costas, al impedir el acceso a éstas, como por los incitados por Miranda porque han derribado cercas de propiedades privadas.
Lo anterior fue reconocido por el constitucionalista Gabriel Álvarez, quien explicó que el principio general implícito en las leyes es que las playas son del Estado y por lo tanto debe haber pleno acceso, salvo cuando existan regímenes jurídicos especiales en determinadas áreas otorgadas bajo alguna modalidad, como arriendos y cesiones hechas por autoridades municipales. No obstante, éstas también implican algunos derechos adquiridos.
Las andanzas de Miranda
Miranda, luego de ser propietario de un bar en San Juan del Sur, logró ser alcalde de ese municipio bajo la bandera sandinista en el período 1996-2000. Posteriormente fue diputado por el departamento de Rivas. El ex alcalde y ex diputado sandinista ha sido cuestionado en ambos cargos. Durante su gestión municipal fue cuestionado por supuestas irregularidades, al otorgar terrenos ejidales en los que habría beneficiado a familiares y allegados. Luego, durante su período de legislador, fue catalogado de traidor por varios diputados sandinistas, a los que sorprendió al venderse efímeramente al Partido Liberal Constitucionalista durante la elección de la junta directiva del parlamento, en enero del año pasado. Miranda salió airoso de su desliz, luego de reunirse con el hoy mandatario Daniel Ortega. Recientemente fue nombrado cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica.
Malestar entre inversionistas
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, expresó su preocupación por las invasiones a propiedades cercanas a las costas en San Juan del Sur. “Esta situación ha generado gran preocupación y zozobra entre los que invierten en el desarrollo turístico en las costas de Nicaragua”, indicó. Señaló que tras un recorrido por San Juan del Sur a inicios de esta semana, los empresarios que desarrollan proyectos turísticos en la localidad le expresaron sus temores por la actitud del ex diputado sandinista Gerardo Miranda. Según Valenti, pese a que Miranda negó ante los medios su participación en el conflicto, “yo pude constatar de boca de los campesinos, que él es el que anda al frente de esta situación”. “Lo que anda causando este hombre es incertidumbre entre los inversionistas y propietarios de tierras en esta localidad”, agregó. La presidenta de Canatur sugirió que el Gobierno pare estos abusos y dé un mensaje contundente de que apoya el desarrollo del turismo y respeta las propiedades.
Abril de 2007