Un nuevo escándalo salpica una de los principales regiones turísticas del mundo, Quintana Roo (la llamada “Riviera Maya”), en México, donde más de la mitad de las camas disponibles son de propiedad de empresas transnacionales de capital español. Una de éstas, el Grupo Hoteles Playa, de origen andaluz, es la protagonista del escándalo.
El hotel “Playa Senator Riviera Maya”, de la cadena “Playa Senator” propiedad del citado grupo, y cuyo presidente y principal accionista es José María Rosell, será un enorme hotel (3500 habitaciones) del tipo “Todo Incluido”. Hace unos meses recibió los permisos pertinentes del ministerio mexicano de medioambiente (SEMARNAT) para su construcción. Sin embargo, buena parte del terreno que pretende ocupar no sería legalmente de su propiedad.
A continuación reproducimos tres artículos publicados en el portal de noticias NOTICARIBE que explican esta situación.
Publicado en NOTICARIBE. 8 de octubre de 2006
Después de un largo proceso de análisis, la Semarnat entregó su anuencia para que la empresa Desarrollo Solimán Caribe S. A. de C. V. realice el proyecto “Hotel Playa Senator Riviera Maya” mediante el cual, al norte de Tulum, se construirían mil 134 habitaciones en una primera fase, pero que al final podrá sumar hasta 3 mil 500 cuartos.
Con una inversión que en su primera etapa será de 80 millones de dólares, los desarrolladores cuentan con un terreno de 253.33 hectáreas entre la caleta Xel-Ha y Punta Solimán.
Las primeras 1,134 habitaciones a construir, estarán integradas en 63 módulos distribuidos en 9 conjuntos con 7 edificios de 18 cuartos cada uno. Los edificios tendrán una planta baja y dos niveles.
El resolutivo de la Semarnat fue aprobado el pasado 28 de septiembre y tiene una vigencia de 28 años, de acuerdo con la información de la Gaceta Ecológica de la Semarnat.
Los cuartos del Hotel Playa Senator Riviera Maya tendrán una sala de estar, un baño completo con jacuzzi y un recibidor con armario, y están pensadas para el turismo masivo del segmento “all inclusive”.
Este proyecto estuvo suspendido del proceso de evaluación porque la Semarnat le solicitó al desarrollador información adicional, la cual fue finalmente entregada, con lo que la autoridad federal pudo despejar sus dudas y decidir finalmente por dar la autorización.
El proyecto está emparentado con el “Hotel Senator Cancún”, presentado por la empresa Consorcio Inmobiliario Hoteles Playa S.A de C.V., el cual aún se encuentra en fase de revisión, pero además sujeto a un proceso de consulta pública solicitada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
De acuerdo con Patricio Martín, representante del Cemda en Quintana Roo, este proyecto significa alrededor de cuatro mil nuevas habitaciones, pero la objeción que le encuentran es que buena parte del complejo se construiría sobre una densa y amplia zona de manglar.
Publicado en NOTICARIBE. 3 de enero de 2007
Después de un largo proceso de análisis, la Semarnat entregó el pasado mes de octubre su anuencia para que la empresa Desarrollo Solimán Caribe S. A. de C. V. realice el proyecto “Hotel Playa Senator Riviera Maya” mediante el cual, al norte de Tulum, se construirían mil 134 habitaciones en una primera fase, pero que al final podrá sumar hasta 3 mil 500 cuartos.
De acuerdo con la denuncia presentada en su momento, el 23 de septiembre de 1980, la señora Sara Cecilia Montoya Pérez, en un acta con número 4594 pasada ante la fe de Antonio Bolaños Parra, Notario Público número 58 del estado de Yucatán, obtuvo un Poder General para Actos de Administración y Dominio, pero ese documento se logró en base a la suplantación del señor Baltasar Arrápalo Vázquez, a quien le falsificó la firma, con lo cual pudo vender el predio denominado “San Francisco” en 32 millones de pesos al señor Adolfo Rafael Gorocica Montoya, quien posteriormente lo vendió a Edgar Manuel Méndez Garrido.
Sin embargo, este proyecto podría enfrentar serios problemas de prosperar un juicio promovido por quienes se dicen auténticos propietarios de las 412 hectáreas que conforman el predio “San Francisco” donde se planea desarrollar el complejo hotelero que tendrá inversión española.
Tomás Reynaldo, vocero de la familia que se dice despojada del predio, señaló que actualmente hay un juicio para revertir la ilegal venta que se realizó hace 26 años mediante documentos falsos y suplantando la identidad del propietario original, por lo que todo lo que haya ocurrido después es un fraude.
El denunciante explicó, de acuerdo con la denuncia presentada en su momento, que el 23 de septiembre de 1980, la señora Sara Cecilia Montoya Pérez, en un acta con número 4594 pasada ante la fe de Antonio Bolaños Parra, Notario Público número 58 del estado de Yucatán, obtuvo un Poder General para Actos de Administración y Dominio, pero ese documento se logró en base a la suplantación del señor Baltasar Arrápalo Vázquez, a quien le falsificó la firma, con lo cual pudo vender el predio denominado “San Francisco” en 32 millones de pesos al señor Adolfo Rafael Gorocica Montoya, quien posteriormente lo vendió a Edgar Manuel Méndez Garrido.
Sin embargo, dijo que no sólo no existe ningún documento de la entrega de ese dinero, sino que el acta notarial con el cual Montoya Pérez acreditó su personalidad jurídica de apoderado del señor Baltasar Arrápalo Vázquez resulta nula de pleno derecho porque se demostró que falsificó la firma del legítimo propietario.
En el expediente se asienta que el poder notarial impugnado fue analizado debidamente por el perito Manuel Dzib Zetina y por un perito que en su momento nombró la Procuraduría de la Zona Norte de Quintana Roo y ambos determinaron que la firma que se encuentra plasmada en el acta del protocolo de la Notaría Pública número 50 no fue puesta del puño y letra por el señor Baltazar Arzápalo.
Es decir, al ser falsa la firma, el poder notarial resulta falso, por lo que la escritura pública resultante de la venta también es falsa de pleno derecho.
Cabe mencionar que debido a la falsificación demostrada de la firma de Baltazar Arzápalo se levantó una querella ante el agente del Ministerio Público de la ciudad de Cancún, la cual quedó registrada con el número CAN 94/1168/94, que dio origen a la causa penal 401/94, en donde el denunciante ratificó que no conocía a la abogada Sara Cecilia Montoya Pérez y que a la única persona que a la cual le ha vendido el predio y además reconoce como poseedor y dueño es Luis Enrique Osorio Leal, quien estaba en posesión del predio durante una inspección ocular realizada por un agente del Ministerio Público cuando se ventiló esta querella.
Actualmente, ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Luis Enrique Osorio Leal, presunto propietario del predio “San Francisco”, de acuerdo con Baltasar Arzápalo, el propietario original, mantiene abierto el expediente 445/2003, por lo que mientras este litigio no se resuelva no se puede desarrollar ningún tipo de proyecto en el área del conflicto.
Tomás Reynaldo dijo que quienes vendieron esta tierra a los inversionistas extranjeros, que habrían comprado de buena fe al desconocer el litigio que existe, no son los verdaderos dueños, ya que el predio les corresponde a los herederos del señor Baltazar Arzapalo Vázquez.
Advirtió que los compradores están arriesgando su reputación y su dinero y están haciendo más grande un juicio que abarca todo el predio “San Francisco”.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, el proyecto “Hotel Playa Senator” representará una inversión que en su primera etapa será de 80 millones de dólares. Las primeras 1,134 habitaciones a construir, estarán integradas en 63 módulos distribuidos en 9 conjuntos con 7 edificios de 18 cuartos cada uno. Los edificios tendrán una planta baja y dos niveles.
Los desarrolladores cuentan para el proyecto con sólo una parte del predio “San Francisco” en litigio, en este caso se trata de un terreno de 253.33 hectáreas entre la caleta Xel-Ha y Punta Solimán.
El resolutivo de la Semarnat fue aprobado el pasado 28 de septiembre y tiene una vigencia de 28 años, de acuerdo con la información de la Gaceta Ecológica de la Semarnat.
Publicado en NOTICARIBE. 4 de enero de 2007
De comprobarse el presunto despojo y la posterior venta ilegal del predio “San Francisco”, ubicado en el corazón de la Riviera Maya, donde actualmente se pretende realizar un proyecto hotelero de hasta tres mil 500 habitaciones, sería solamente el último de una serie de casos similares en la disputa y especulación que durante años ha existido en torno a la valiosa franja costera de Quintana Roo.
De acuerdo con el relato de Tomás Reynaldo, uno de los herederos de la familia que fue despojada del predio de 412 hectáreas mediante un fraude procesal que empezó a gestarse desde 1980, en este caso están involucrados funcionarios del estado de Quintana Roo, autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estados, jueces, notarios y abogados.
Explicó que el propietario original del predio es el señor Baltasar Arzápalo Vázquez, quien en 1962 solicitó las tierras que integraban el predio “San Francisco” a la Secretaría de la Reforma Agraria Nacional, ya que allí vivía y trabajaba, pero no fue sino hasta el año de 1984 cuando le fueron concedidos los derechos de posesión, según consta en el expediente 127977 de esa Secretaría y en el título de propiedad 000128.
Sin embargo, cuatro años antes, el 23 de septiembre de 1980, Antonio Bolaños Parra, Notario Publico No. 58 de la ciudad de Mérida, Yucatán, otorgó un poder general para pleitos y cobranzas, administración de bienes y de riguroso dominio a favor de Álvaro Castro Marín (fallecido) y Cecilia Montoya Pérez, quienes para ello falsificaron la firma de Arzápalo Vázquez.
Estas personas, según la denuncia, hubieron de esperar hasta 1987 para sacar de sus tierras a Baltazar Arzápalo con violencia por órdenes de Adolfo Rafael Gorocica Montoya, quien aparece como comprador de la operación fraudulenta, cuando ni siquiera había un título de propiedad, lo que evidenciaba la irregularidad.
Desde entonces, Baltasar Arzápalo y su familia han intentado recuperar sus tierras por la vía legal, pero se han topado con innumerables trabas, impuestas muchas veces por autoridades del estado de Quintana Roo, jueces y abogados involucrados en este caso.
Aún así, el denunciante dijo que en el 2002 obtuvieron de parte del Registro Agrario Nacional una copia certificada del título de propiedad a favor de Baltazar Arzápalo Vázquez, con lo que demostraron que la venta y el despojo había sido parte de un gran “fraude procesal”.
No obstante, la lucha siguió en los enredados pasillos de la justicia mexicana hasta que en octubre del 2003 se logró que el Tribunal Colegiado de Segundo Circuito emitiera la resolución número 35 en la que se dejaban abiertos los estrados para oír y recibir notificaciones como tercero perjudicado a Baltazar Arzápalo, lo cual revivió las esperanzas de la familia para recuperar el predio.
Pero en el 2004, debido a problemas de salud que se agravaron a lo largo del tiempo por el desgastante litigio, el legítimo propietario murió en la ciudad de Valladolid, no son antes hacer su testamento a favor de su hija política Felicitas Morales y la señora Rufina Cen Cen, la última esposa de éste.
Pero debido a problemas de salud y la desesperación por no contar con recursos suficientes para seguir con el juicio, ese mismo año del 2004 falleció también la señora Felicitas Morales.
El denunciante, Tomás Reynaldo, hijo de Felicitas Morales, dijo que ahora les toca a ellos seguir con el juicio para demostrar el despojo y fraude procesal en torno al predio “San Francisco”, por lo cual advirtió a quienes pretenden desarrollar el proyecto turístico “Hotel Playa Senator” que podrían toparse con serios problemas y hasta perder su inversión cuando quede en claro que los verdaderos propietarios de esa tierra no son quienes se las vendieron.
En poder de este diario están algunos documentos de este grueso expediente que aún está en curso de resolverse por el Tribunal que probarían la falsificación de la firma de Baltazar Arzápalo para obtener en 1980 un poder notarial ilegal que a la postre se usó para simular la venta de tierras y consumar el despojo.
Abril de 2007