Una vez más, la política expansionista de una empresa transnacional española, en este caso Barceló Hotels & Resorts, afecta negativamente las pequeñas economías campesinas y su entorno ecológico. En el presente artículo, publicado recientemente en la web del Observatorio de Multinaciones en América Latina - OMAL, explica el caso de los efectos de la política inversionista de Barceló Hotels & Resorts en la comunidad costarricense de Paquera, en el Cantón de Puntarenas, conocida en el ámbito turístico por sus excelentes playas, con la complicidad del gobierno costarricense.
Asociación Desarrollo Integral de Paquera
La Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP por sus siglas), organización sin fines de lucro, se creó en 1974 gracias a la iniciativa de los pobladores de la comunidad de Paquera ubicada en la provincia de Puntarenas, Costa Rica. El problema principal que enfrentaban los pobladores, era que necesitaban una embarcación de uso común para trasladarse al otro extremo del Golfo de Nicoya donde se ubica el Puerto de Puntarenas. Teniendo este medio, podían vender sus productos, abastecerse de víveres y realizar las visitas al médico. En aquellos años, los gobiernos promovieron la creación de Asociaciones de Desarrollo en todos los pueblos, para que los ciudadanos en una forma participativa y patriótica, ayudaran a resolver sus propios problemas con ayuda del Estado.
Al año de fundada y gracias al aporte del Gobierno de ese entonces adquirieron una embarcación. La empresa de Cabotaje (así se llama el servicio de transportar personas y carga en el mar) fue tan próspera que con el tiempo compraron una terrenos en el que los pobladores de pocos recursos construyeron sus casas con ayuda del gobierno, donaron un terreno en el que se construyó una moderna clínica, se daba mantenimiento a los caminos y escuelas. También, gracias a ADIP se facilitó la instalación de la primera central de teléfono, de la estación de policía, la oficina de correo y la institución que vela por el cuidado y buena alimentación de los niños menores de 5 años.
En los años 80, ADIP inició la construcción de un pequeño muelle usando bueyes y tractores. Solicitó al gobierno permiso para ampliar el servicio de lancha a ferry para que los vehículos no hicieran un recorrido de 29 kilómetros por mal camino, sino que llegaran a 5 kilómetros de Paquera. El gobierno se negó porque tenía presupuesto para construir los muelles de atraque.
Finalizando el gobierno del presidente Oscar Arias, en 1990 inició en la zona la construcción de un hotel 5 estrellas, propiedad de la cadena hotelera Barceló. Para construir este hotel se rellenó una zona de manglar prohibido por ley. En 1992, los dueños del Hotel Tambor (como se llama) pidieron permiso al gobierno para ofrecer el servicio de ferry a sus huéspedes que se trasladaban autobús. El gobierno no solo les concedió el permiso, sino que les construyó los muelles de atraque. La compañía hotelera fundó la empresa Naviera Tambor, S.A, e inició el servicio de ferry compitiendo con ADIP en el traslado de pasajeros y carga. La competencia empezó a mermar los ingresos de ADIP, porque el los horarios del ferry Tambor se ajustaban a los horarios del hotel. Por otro lado los pobladores que debían usar el ferry para trasladar un camión con cosecha o ganado, debían esperar cupo porque los autobuses con turismo tenían prioridad sobre el resto de pasajeros. Esta práctica aún se mantiene.
En 1996 el gobierno sacó a concurso la ruta de ferry entre Puntarenas y Paquera. Tras un año de trámite el concurso lo ganó ADIP, gracias a un crédito obtenido con un programa de cooperación internacional del Reino de los Países Bajos. El gobierno puso como condición que debía dejar a operar a Naviera Tambor por los 5 años de concesión. De acuerdo a las actas de asamblea de ADIP se comentaba a los pobladores que si no se dejaba de operar a la Naviera Tambor, se perdería un crédito del Gobierno Español para comprar equipo médico. Años después el crédito Español desató un escándalo por la compra de equipo médico innecesario y de mala calidad.
Vencida la concesión de ADIP, el gobierno igualó a las dos compañías dándole extendiéndole un permiso a ambas. Durante la concesión de ADIP, otras instituciones como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y la Defensoría de los Habitantes advirtieron al gobierno de la ilegalidad en que operaba Naviera Tambor. A pesar de las advertencias, en el 2003 el gobierno sacó a concurso de nuevo la ruta y se la adjudicó en el 2004 a Naviera Tambor por 10 años prorrogables a otros 10.
En enero 2006, la ARESEP resolvió que Naviera Tambor no podía explotar el servicio de ferry porque no contaba con autorización para cobrar tarifas, la infracción a la ley ameritó que le suspendiera el permiso. El Gobierno a través del Ministerio de Transportes (MOPT) le extendió otro permiso burlando el castigo de ARESEP y prosiguió con los trámites para que explotara la ruta en un 100%.
Luego de dos años de adjudicado el concurso Naviera Tambor ha cambiado la oferta en 3 ocasiones, incrementando la oferta casi en un 70% respecto a la oferta original. En una ocasión Naviera Tambor presentó un contrato de arriendo de ferry con el que pretendía operar por 15 meses, el contrato lo firmó con una compañía en Panamá que no era la verdadera dueña del ferry. Sobre este hecho la Contraloría General de la República (CGR) detectó la anomalía y rechazó el contrato al MOPT, pero éste último ni rescindió el contrato ni castigó a Naviera Tambor por la falsedad.
Estando nuevamente en la Presidencia de la República el Dr. Oscar Arias, en setiembre de 2006 la CGR refrendó el contrato en un tiempo record. Muchos de los requisitos técnicos del cartel como planos y certificados del ferry no fueron solicitados a Naviera Tambor para obtener el refrendo, tampoco se solicitó un estudio económico por los continuos el cambio de oferta que cuantificara el efecto en las tarifas.
Consecuencias de sacar a la ADIP y la creación del monopolio
Aunque un número de importante de Diputados se ha opuesto a las intenciones del gobierno sumados al clamor un sinnúmero de organizaciones sociales como la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal y ecologistas, ADIP está a unos cuantos días de ser despojada de su fuente de ingreso.
Las consecuencias de excluir a la ADIP de este servicio, son muy grandes. Repercutiría directamente en la labor social y comunal que la entidad ha realizado por tantos años. Además, dejaría sin el sustento diario, a más de 80 trabajadores que dependen de esta actividad y algo muy grave, el monopolio sin regulación traería un peligroso descontrol en el precio de las tarifas.
Además, se esta afectando el desarrollo de la zona, pues los recursos que han sido utilizados para beneficio de las comunidades, ahora irían a dar a los bolsillos de una empresa privada.
En los últimos nueve años, la ADIP no ha recibido un solo centavo de parte del Gobierno y todo lo que ha hecho, lo ha logrado con recursos propios, obtenidos mediante el servicio de cabotaje.
Lo más irónico del asunto es que la empresa comunal que empezó con ayuda del gobierno en 1975 y que años después fue impulsado por un proyecto de cooperación internacional, ahora se pretende liquidar para dar paso a una empresa trasnacional con fines de lucro.
¿Qué es lo que propone ADIP?
Primero ADIP reclama el derecho a seguir promoviendo el desarrollo de su comunidad, el derecho universal al trabajo de sus empleados. Luego que se meta en cintura a empresa Naviera Tambor del grupo Barceló y prosiga la operación conjunta de las dos empresas en igualdad de condiciones. ADIP nunca se ha opuesto a los buenos inversionistas extranjeros, que vengan a respetar el ambiente, que tributen lo que corresponde, que paguen salarios justos y que no vengan a establecer con su capital y sus influencias políticas que destruyen las empresas nacionales y el desarrollo integral de nuestras comunidades.
Por más justificación legal que busque el MOPT, es inaceptable que se quiera sacar a la ADIP del servicio de ferry, sin importarle la labor social que ha realizado y le falta por realizar en la comunidad de Paquera. Situación que no contrasta con las continuas quejas del Gobierno, al aducir que no tiene recursos para invertir en las comunidades, ala vez que existe una alta tasa de evasión fiscal de las empresas con fines de lucro.
Citando una nota enviada por la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Jiménez de Grecia el 23 de octubre 2006 al Presidente Arias, se podría resumir el sentimiento popular que impera en estos momentos a nivel nacional:
“Señor Presidente, recuerde que las organizaciones comunales, son elegidas y conformadas por el pueblo, por lo que se convierten en la voz del pueblo de Costa Rica, el mismo pueblo que durante generaciones ha elegido a tantos mandatarios y en los que se deposita la esperanza de lograr un país cada día mejor”
Enero de 2007