Los conflictos generados en torno a la propiedad de la tierra son un problema recurrente en Nicaragua. Tradicionalmente ha estado en disputa tierra usada para fines agropecuarios. Pero ahora se suman también los conflictos relacionados con el fuerte crecimiento del sector turístico en el país. En las zonas costeras del Pacífico Sur, especialmente en los municipios de San Juan del Sur y Tola (Departamento de Rivas, Nicaragua), se ha concentrado un modelo de desarrollo económico basado en el turismo residencial, dirigido básicamente a extranjeros de origen norteamericano.
En pocos años este tipo de turismo ha cambiado radicalmente la vida de los pobladores de estos dos municipios, en su mayoría de origen campesino. Pero han pasados ya los días de promesas y esperanzas de poder participar en el crecimiento económico de la zona. En la actualidad, su población tiene que hacer frente a consecuencias indeseadas: un notable incremento del coste de la vida y un enorme proceso especulativo, que los está desplazando del acceso a recursos esenciales como la tierra o el mar. Convertida en una de las principales áreas de atracción de inversiones, la tierra de Tola y San Juan del Sur es fuente de codicia y de conflicto.
A principios de diciembre del presente año, los principales medios de comunicación nicaragüense se hicieron eco de un incidente armado entre campesinos e inversionistas turísticos por un terreno situado en Tola, en una zona de gran potencial para el desarrollo de actividades turísticas. Este incidente ha permitido poner en evidencia la dimensión de conflicto social que entraña una estrategia de desarrollo turístico de carácter excluyente como el que se ha ido imponiendo en estos dos municipios. Hasta el Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, intervino sobre el asunto haciendo un llamado al pueblo nicaragüense “a ser respetuoso de la propiedad privada, evitar la toma de tierras y denunciar a los vivales que se toman terrenos para después venderlos” (La Prensa, 4 de diciembre de 2006).
Presentamos a continuación diversos artículos publicados por El Nuevo Diario dando seguimiento a este conflicto.
Luis Galeano, 1 de diciembre de 2006
Lo primero que equipo de El Nuevo Diario vio al entrar al lugar, fue el largo rastro de sangre dejado por las víctimas de la violencia. Ambos grupos involucrados en cruento suceso del miércoles se culpan, y ánimos continúan caldeados. Dicen que Armel González, el que presuntamente ordenó el desalojo, se atiene a parentesco de socios con presidente Bolaños.
El fresco rastro de sangre dejado por tres heridos de bala en los subes y bajas de una colina de la costa de El Gigante, ubicada al norte de este municipio, refleja una situación que para muchos debió haber quedado en el pasado, pero que no es más que la realidad que viven sus pobladores. Aquí a cualquiera que quiere reclamar como suyo un pedazo de tierra, le ofrecen machetes o pistolas.
Lo peor es que todos dicen tener la razón y ser dueños de la verdad, y el asunto se complica más cuando los lugareños te brindan sus impresiones omitiendo sus nombres, y por supuesto, con su respectivo “filoso” en la mano.
“La verdad es que nosotros somos los dueños de este lugar, tenemos cuatro años de estar en posesión y es nuestro, nada ni nadie nos va a sacar”, nos dijo enérgica la líder de un grupo de familias que se encuentra asentado en la playa Amarillo, a unos 35 minutos al norte de Tola.
Machetes amenazantes
“Lo mejor es que se vayan, porque los medios nunca dicen la verdad”, recomendó un pequeño hombre con camisa desabotonada, de unos 35 años, mientras se volteaba la gorra y mostraba el filo de su machete. Y entendimos el mensaje, por ello nos retiramos del lugar.
Encarnación Hernández y Léster Antonio Córdoba están internados en el Hospital “Gaspar García Laviana”, de Rivas, con heridas de balas en las piernas, mientras que Eduardo Rodríguez, un tercer herido, se encuentra en su casa muy cerca de donde vigilantes de una finca del Grupo de Inversiones Sol, accionaron sus armas en contra de ellos al encontrarlos en una propiedad que supuestamente se encuentra en disputa.
“Andábamos ‘rondeando’ en la propiedad, que es de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, de la que somos miembros, y de pronto nos salieron unos matones de Armel González que sólo nos dijeron que estábamos en una propiedad de su jefe, y después nos dispararon”, relató don Encarnación desde su lecho de enfermo en el Hospital de Rivas.
La Policía de Rivas reportó como único detenido por el incidente a Douglas Lúquez Meza, de 21 años, a quien remitieron al Ministerio Público para que lo acuse en los tribunales por lesiones y exposición de personas al peligro. El joven es originario de Matagalpa y trabaja para la empresa de vigilancia “El Tiburón”, contratada por el Grupo Sol para custodiar sus propiedades.
Familiares de Bolaños en escena
González es director del Grupo de Inversiones Sol, junto a familiares del presidente saliente Enrique Bolaños, entre ellos Alejandro Bolaños Davis y Adriana Bolaños Chamorro.
El inversionista dijo ayer a EL NUEVO DIARIO que sus vigilantes se extralimitaron, pero que actuaron en defensa propia debido a que los miembros de la cooperativa llegaron armados de machetes a reclamar como propia la propiedad que fue vendida por ellos mismos.
“Lo que hicieron los vigilantes no estuvo bien, pero creo que nadie puede llegar con machete a decir esto es mío, porque ya ha pasado en otras ocasiones que se han querido tomar lotes por la fuerza o vía arriendo”, dijo.
En esta zona, el Grupo Sol desarrollaría un proyecto turístico denominado El Castil, que son unas 200 manzanas de tierra contiguo a otro importante proyecto de turismo denominado Buccaneer Point, donde se invertirían unos ocho millones de dólares.
“Nosotros allí no tenemos un juguete, tenemos un proyecto con inversionistas de todos lados, y ahorita estamos en pánico porque nos preguntan ¿en qué ilegalidad estamos?, y eso, por supuesto, nos causa daño a nosotros”, dijo González.
¿Aprovecha parentesco de socios?
“La verdad es que se trata de un asunto de poder, aquí el que tiene plata e influencias logra lo que quiere, y si no es por ese método, pues le ofrecen a uno machetes o pistolas”, dijo Fabio Ulloa, otro de los miembros de la cooperativa. “Armel González se agarra de que es socio de familiares del presidente -–que dice que lucha contra la corrupción-- para hacer estas barbaridades”, añadió.
El veterano cooperativista asegura que desde el pasado dos de noviembre existe a favor de ellos un secuestro judicial ordenado por el juez Local de Tola, Alejandro Wolfgang Bonilla, y tras ser ejecutado por la juez suplente Marcia Morales Navarro, se bonificó en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas, donde se encuentra el proceso judicial.
“Ese fue un libretazo del juez que ordenó el secuestro de la propiedad, cuando nosotros ni siquiera nos habíamos enterado de las acciones que habían emprendido estos señores”, dijo González.
Los orígenes del problema
El problema se remonta a febrero de 2005, cuando miembros de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro” comparecieron en nombre y representación de la cooperativa ante los oficios del notario Carlos Luis Fuertes González, para vender el resto de una propiedad que supuestamente les había sido asignada con título de Reforma Agraria a cuatro de sus miembros: Faustino Bolaños Santos, David Jaenz, Sergio Rodríguez Espinoza y Emerson Martínez, esposo de la actual alcaldesa de Tola, Loyda García.
La propiedad les fue vendida a estos cuatro socios de la cooperativa en 250 mil córdobas, “libre de todo gravamen, con todos sus usos, servidumbres, anexidades y conexidades”. El inmueble fue inscrito “provisionalmente” a favor de los compradores.
Pero González señaló que la cooperativa que se constituyó en agosto de 1991, fue disuelta y liquidada en octubre de 2001, es decir, que la persona jurídica a la que representaron los campesinos ya no existe, según una certificación de la Dirección del Registro Nacional de Cooperativas de la Dirección General de Cooperativas del Ministerio del Trabajo (Mitrab).
La solicitud de disolución y liquidación de la sociedad cooperativa fue presentada ante la Dirección General de Cooperativas del Mitrab el 18 de octubre de 2001, y tres días después fue cancelada su personería jurídica. La resolución fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 97, del 27 de mayo de 2003.
“Venta sin validez”
Fidel Lanzas, otro de los miembros de la cooperativa, afirmó que la venta que hicieron Bolaños Santos, Jaenz, Rodríguez y Martínez “no tiene ninguna validez porque falsificaron nuestras firmas, y la gente de Armel González lo sabe”.
David Ruiz Barrios, ex vicepresidente de la cooperativa, señaló por su lado que cuando vendieron la propiedad todos los miembros firmaron, y que lo que ocurre ahora es que se arrepintieron porque no vendieron a buen precio las tierras, que ahora han levantado la plusvalía por el proyecto de construcción de la carretera Costanera y el Canal Interoceánico.
“Esa venta se hizo en 2001 a la Sociedad González-Bolaños, y participaron 60 miembros de la cooperativa”, afirmó Ruiz Barrios. Por medio de ese método supuestamente el Grupo Sol se adueñó de 85 manzanas de tierra, pero González señaló al respecto que “si hubo o no una falsificación de firmas, ese es un problema interno de la cooperativa, y a quien tienen que reclamarles entonces estos señores es a quienes hicieron eso, no a nosotros, porque nosotros compramos, es cierto que a bajo precio las tierras, pero lo hicimos de buena fe”.
Agregó que el problema tiene que ver con la inseguridad jurídica que existe en Nicaragua, lo que tiene que ser resuelto a fin de que el país sea viable para invertir.
Lesber Quintero, 2 de diciembre de 2006
La jueza notificó a afectados a través de edicto publicado en diario, y nadie conoce a presuntos dueños del predio disputado. Indígenas de Nahualapa se declaran los verdaderos propietarios, y aseguran que nadie los notificó de la demanda. Alcaldesa denuncia que gente poderosa y hasta funcionarios públicos se encuentra tras la venta de lotes frente al mar.
Tola y Managua. Un nuevo conflicto por tierras costeras en el municipio de Tola se registró ayer en zonas de la comunidad indígena de Las Salinas de Nahualapa, hasta donde se trasladó la juez de Distrito Civil de Rivas, Marianela Paredes, a realizar un deslinde y amojonamiento de una zona costera que reclama la empresa Flor de Mayo de Nicaragua S.A.
Afortunadamente, esta vez no hubo sangre, pero las armas no faltaron, ya que por un lado los indígenas se oponían a la decisión de la judicial armados de machete, mientras la jueza Paredes se amparaba en el apoyo de los vigilantes de la empresa Flor de Mayo, quienes amenazaban a los lugareños con pistolas. Las partes no llegaron a enfrentarse cuerpo a cuerpo porque la Policía intervino para calmar los ánimos.
Curiosamente, la juez notificó a la parte afectada a través de un edicto que se publicó el 29 de noviembre en un medio escrito, y más raro aún es el hecho que la demanda presentada por la empresa Flor de Mayo invoca como dueños del predio colindante del sector sur a seis personas que nadie conoce en Las Salinas.
Esto caldeó los ánimos de unos 150 lugareños que llegaron al lugar, ya que a ellos, que realmente eran los perjudicados con la demanda, no se les notificó. En este sentido, Bartolo López Castillo, Presidente de la Comunidad Indígena de Nahualapa, indicó que ellos eran los afectados, y no estas personas “fantasmas” que demandaron.
Por otro lado, el señor Denis Prado, otro de los afectados por el deslinde y amojonamiento, indicó que a él tampoco lo notificaron, ya que es quien realmente colinda por el costado sur con la propiedad Flor de Mayo.
No obstante, pese a la oposición de los campesinos y del mismo Prado, la judicial procedió a finalizar su misión, y los afectados aseguraron que recurrirán a la justicia para buscar cómo solucionar el problema por esa vía.
El hecho se dio a sólo dos días de que tres campesinos de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, de la costa de El Gigante, en Tola, resultaron heridos por vigilantes de una propiedad que supuestamente se encuentra en disputa, y que reclaman como suya los cooperados y el inversionista Armel González.
Alcaldesa dice que violencia puede seguir
Las posibilidades que se continúen registrando hechos de violencia derivados de conflictos por tierras costeras, se tornaron mayúsculas después que la alcaldesa de Tola, Loyda García Obando, afirmó que gente poderosa y hasta funcionarios públicos se encuentra tras la venta de lotes frente al mar.
La venta, reventa, arriendo de lotes y otorgamiento de títulos falsos en los sitios costeros ha despertado la voracidad de quienes están claros que por esa zona se construirá un sueño de décadas para este país, llamado “Carretera Costanera”, sumado a algo todavía más utópico: el famoso “Canal Interoceánico”.
“El hecho de que Tola tenga 54 kilómetros de costa y que sus playas se encuentren entre las mejores del mundo, ha incrementado su plusvalía y el interés en el lugar de grupos de inversionistas honestos y de grupos poderosos –-no tan honestos-- que coludidos con funcionarios públicos han hecho negocios con las tierras”, dijo ayer García, al ser entrevistada por EL NUEVO DIARIO.
La alcaldesa, que no se atrevió por el momento a brindar nombres de los funcionarios públicos implicados, señaló que aunque una de sus prioridades como gobernadora de Tola ha sido que los conflictos por propiedades se resuelvan de manera pacífica, es decir, por la vía judicial, cuando los lugareños sienten que sus derechos son vulnerados, no tienen más remedio que reclamar lo que consideran propio.
EL NUEVO DIARIO pudo constatar que en las costas de Tola, a cualquiera que quiere reclamar como suyo un pedazo de tierra, le ofrecen machetes o pistolas.
“Me parece que los litigios de tierras no sólo de Tola, sino de todo el país, deben resolverse por la vía pacífica. Nosotros no podemos seguir matándonos, no puede seguir habiendo derramamiento de sangre, porque (eso) no contribuye en nada al desarrollo del país”, dijo al respecto la alcaldesa.
Indicó que el conflicto entre los miembros de la cooperativa e inversionistas no tiene nada que ver con el trabajo de la comuna, pero que el mismo es sólo un reflejo del enorme problema que tiene ese municipio por propiedades.
Niega que su esposo tenga intereses
García negó que su esposo, Emerson Martínez Canales, tenga intereses políticos y económicos en la costa de El Gigante, a como afirmó el directivo del Grupo de Inversiones Sol, Armel González.
“Eso es falso, mi marido es dueño de 21 manzanas que son parte de la propiedad de la cooperativa, y eso no es porque yo soy alcaldesa, es dueño desde hace más de 15 años porque las compró”, dijo García Obando.
Agregó que tampoco es cierto que su esposo le haya vendido en algún momento tierras o lotes a Armel González. “Nunca se ha dado algo así, y se le puede demostrar al señor González; él está tergiversando información, me asusta que llegue a este punto, porque es poco caballeroso, y si no está mintiendo, pues que se someta a los tribunales, que son los que dirán la última palabra”, dijo.
González es Director del Grupo de Inversiones Sol, junto a familiares del presidente saliente Enrique Bolaños, entre ellos Alejandro Bolaños Davis y Adriana Bolaños Chamorro.
“Nosotros tenemos documentos que demuestran que miembros de esa cooperativa nos vendieron los remanentes de esa propiedad, y no sólo a ellos les compramos parcelas, a varios vecinos y hasta a los Somoza, y les pagamos propiedades que tenían allí para que no vinieran después a reclamarnos ahora que estamos haciendo un hotel”, dijo González a EL NUEVO DIARIO.
En esta zona, el Grupo Sol desarrollaría un proyecto turístico denominado El Castil, en unas 200 manzanas de tierras contiguas a otro importante proyecto de turismo denominado Buccaneer Point, donde se invertirían unos ocho millones de dólares.
Agregó que lo que ha habido es un problema interno entre los miembros de la cooperativa, que después de haber aceptado vender la propiedad, ahora una parte de ellos dice que nunca decidieron eso y que hasta les falsificaron sus firmas.
“Si hubo o no una falsificación de firmas, ese es un problema interno de la cooperativa, y a quien tienen que reclamarles entonces estos señores, es a quienes hicieron eso, no a nosotros, porque nosotros compramos, es cierto que a bajo precio las tierras, pero lo hicimos de buena fe”, dijo González, quien afirmó que los inversionistas se encuentran preocupados por la inseguridad jurídica que les provoca esta situación.
Intríngulis del asunto
El problema se remonta a febrero de 2005, cuando miembros de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro” comparecieron en nombre y representación de la cooperativa ante los oficios del notario Carlos Luis Fuertes González, para vender el resto de una propiedad que supuestamente les había sido asignada con título de Reforma Agraria a cuatro de sus miembros: Faustino Bolaños Santos, David Jaenz, Sergio Rodríguez Espinoza y Emerson Martínez, esposo de la actual alcaldesa de Tola, Loyda García.
La propiedad les fue vendida a estos cuatro socios de la cooperativa en 250 mil córdobas, “libre de todo gravamen, con todos sus usos, servidumbres, anexidades y conexidades”. El inmueble fue inscrito “provisionalmente” a favor de los compradores.
Sin embargo, la cooperativa que se constituyó en agosto de 1991, fue disuelta y liquidada en octubre de 2001, es decir, que la persona jurídica a la que representaron los campesinos ya no existe, según una certificación de la Dirección del Registro Nacional de Cooperativas de la Dirección General de Cooperativas del Ministerio del Trabajo (Mitrab).
La solicitud de disolución y liquidación de la sociedad cooperativa fue presentada ante la Dirección General de Cooperativas del Mitrab el 18 de octubre de 2001, y tres días después fue cancelada su personería jurídica. La resolución fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 97, del 27 de mayo de 2003.
Luis Galeano, 3 de diciembre de 2006
Otra denuncia sobre vigilantes agresivos y amenazas con armas de fuego, incluso a niños, narra Lidia Duarte. “Yo le mandé a decir que se estaba amparando en el poder de su suegro, que es sobrino carnal del presidente Bolaños”. Situación cada día se tensa más: en esa zona, a cualquiera que quiere reclamar como suyo un lote costero, le ofrecen machetes o pistolas.
Las denuncias de abusos y atropellos en contra del inversionista Armel González de parte de pobladores y arrendatarios de lotes de las costas de El Gigante, en Tola, Rivas, se incrementaron ayer, después que tres personas afirmaron que utiliza su parentesco familiar con el presidente Enrique Bolaños para tratar de adueñarse de valiosas tierras frente al mar.
Los afectados por González son Lidia Duarte Medina, Gloria Falcón y Danelia Torres, quienes aseguraron que en mayo de este año fueron víctimas de abusos por parte del inversionista, quien destruyó los ranchos de playa que tenían en sus propiedades frente al mar, aduciendo que se encontraban en su propiedad.
“El 10 de mayo este señor nos mandó un tractor para que destruyera los cercos y los ranchos que habíamos construido en la propiedad que tenemos en arriendo, por la que pagamos impuestos, sólo porque a él le pareció que estaban en zonas que son de su propiedad”, dijo Lidia Duarte al hablar con EL NUEVO DIARIO.
Ayer procuramos comunicarnos con González en reiteradas ocasiones, y aunque le dejamos mensajes en su celular, no fue posible hablar con él sobre la denuncia de las supuestas afectadas.
Duarte mostró el contrato de arriendo que hace ocho años le extendió la alcaldía de Tola, bajo la dirección del edil Eddy Trinidad Segura, de un lote de tierra de 700 metros cuadrados frente a las costas de El Gigante.
El miércoles pasado, tres campesinos de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, de las costas de El Gigante, resultaron heridos por vigilantes de una propiedad que supuestamente se encuentra en disputa, y que reclaman como suya los cooperados y el inversionista González. El señalado es Director del Grupo de Inversiones Sol, junto a familiares del presidente saliente Enrique Bolaños, entre ellos el diputado electo por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Alejandro Bolaños Davis y Adriana Bolaños Chamorro.
En esta zona, el Grupo Sol desarrollaría un proyecto turístico denominado El Castil, en unas 200 manzanas de tierras contiguas a otro importante proyecto de turismo denominado Buccaneer Point, donde se invertirían unos ocho millones de dólares.
La sombra de Bolaños
“Como es casado con una hija de Alejandro Bolaños Davis, que es sobrino del presidente Enrique Bolaños, él quiere hacer lo que le da la gana, y bajo esa figura quiere adueñarse de todo lote que a él le gusta”, dijo por su lado Gloria Falcón quien, al igual que doña Danelia Torres, fue afectada el mismo 10 de mayo por el tractor que supuestamente envió González.
Las denunciantes señalaron que González supuestamente ha estado interesado en despojarlas de sus propiedades, debido a que el proyecto turístico que desarrolla no tiene vista al mar en esa zona, y esa es la principal razón por la cual se ha interesado en quedarse con los lotes que miden 20 varas de frente por 30 de fondo.
Asimismo, señalaron que el incidente en el que los vigilantes balacearon a tres miembros de la cooperativa no es algo que les extrañe, ya que a ellas mismas y a sus familias los vigilantes pagados por González y liderados por Orlando Pineda los han amenazado de muerte.
Amenazaron con armas con niños en medio
“Los vigilantes, a pesar que había niños, nos amenazaron con armas de fuego en el lugar, pero yo le mandé a decir que se estaba amparando en el poder de su suegro, que es sobrino carnal del presidente Bolaños, y que mejor recordara que le quedaban sólo 200 días para ser un ciudadano común y corriente, y que cuando eso ocurriera tendría que responder como cualquier otro ante la ley”, relató por su parte el esposo de doña Lidia, Roberto Gutiérrez.
Tanto Duarte como Falcón denunciaron a González por daños a la propiedad privada, y el caso se encuentra a la espera de una resolución judicial.
El señor Gutiérrez dijo que Armel González ha sido citado por el juzgado en cuatro oportunidades, y no se ha presentado aduciendo que cuando las citas han llegado él no se ha estado en el país, pero que mediante solicitudes del juez que lleva la causa han podido comprobar que efectivamente ha salido del país, pero no en las fechas en que se han presentado a citarlo.
“Nosotros lo estamos denunciando en los tribunales para que nos pague los daños que nos hizo de manera abusiva, porque nosotros hemos actuado apegados a la ley, y él, por sus influencias y relaciones familiares, actúa a como le da la gana”, dijo Gutiérrez.
Problema de propiedad enorme
EL NUEVO DIARIO pudo constatar que existen enormes problemas por tierras en las costas de Tola. En esa zona, a cualquiera que quiere reclamar como suyo un lote costero, le ofrecen machetes o pistolas.
El pasado miércoles ocurrió el incidente en el que resultaron heridos de bala los tres campesinos de la cooperativa que disputa parte de una propiedad con González, y el viernes estalló un nuevo conflicto por tierras costeras en zonas de la comunidad indígena de Las Salinas de Nahualapa, hasta donde se trasladó la juez de Distrito Civil de Rivas, Marianela Paredes, a realizar un deslinde y amojonamiento de una zona costera que reclama la empresa Flor de Mayo de Nicaragua S.A.
Luis Galeano, 5 de diciembre de 2006
Señala que sin notificación alguna desconocieron contrato con anterior edil, y motivo es que quieren vender tierras a extranjero. ¿Cómo evitar conflictos cuando aparecen varias personas esgrimiendo títulos de posesión sobre una misma propiedad?
A la denuncia que interpuso en la Contraloría la alcaldesa de Tola, Rivas, Loyda García Obando, sobre la concesión irregular de lotes costeros en El Gigante, por parte de los concejales sandinistas y liberales, se han sumado las de ciudadanos que se han visto afectados por este tipo de hechos, y que hasta sospechan que hay dinero de por medio.
En marzo de este año, un ciudadano de nombre Pedro Pablo Cerda Guido interpuso una denuncia ante el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, en la que acusó a los concejales sandinistas Rita Medina y César Lumbí, y a los liberales José Dolores Ruiz y Manuel Baltodano, de despojarlo de manera anómala de un lote costero en la playa El Gigante.
“Minipactos” municipales
“Resulta, honorable contralor, que los concejales me han despojado de mi lote por medio de una reunión extraordinaria que hicieron a mis espaldas y de la alcaldesa Loyda García, entregando arriendo a la señora Nelly Medina”, dice la denuncia, cuya copia se encuentra en nuestras manos.
El controlar Argüello Poessy dijo ayer que la denuncia de Cerda Guido forma parte de la auditoría que realizan actualmente en la comuna toleña, relacionada con la aprobación de arriendos en las valiosísimas costas de esa zona del Pacífico nicaragüense.
Cerda Guido dice ser arrendatario de un lote de terreno costero ubicado en la playa de El Gigante, de 17 varas de frente por 30 de fondo, de conformidad con el contrato de arrendamiento extendido bajo la escritura número 175 autorizada en la ciudad de Rivas a las 3:15 minutos de la tarde del nueve de agosto de 2000. Dicho contrato fue firmado por un período de 10 años en tiempos del ex alcalde Eddy Trinidad Segura.
¿Dinero de por medio?
Guido consideró que “es evidente la nulidad de las actuaciones de los concejales, quienes sin respetar mi contrato de arriendo y sin expresar motivo evidente, me despojaron del mismo. Tengo entendido que recibieron dinero por este despojo, ya que el lote de terreno pretendían vendérselo a un extranjero; buscaré las pruebas para asegurar estos dichos y que se pueda investigar las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados”.
La Contraloría General de la República (CGR) realiza actualmente una auditoría especial en la alcaldía de Tola, relacionada con la concesión y arriendo de terrenos costeros, los cuales, al parecer, se han extendido en medio de una serie de irregularidades y una fuerte pugna entre la alcaldesa Loyda García Obando y los concejales de esa localidad.
La auditoría se inició el pasado octubre a raíz de una denuncia que interpuso García en el ente fiscalizador, mientras los concejales aludidos respondieron a los señalamientos tildando a la funcionaria de “ineficiente”, que busca cómo figurar ante la Contraloría para tapar su falta de gestión a fin de resolver los problemas de los toleños.
Tola es un municipio que posee 54 kilómetros de costa, y sus playas se encuentren entre las mejores del mundo. La venta, reventa, arriendo de lotes y otorgamiento de títulos falsos en los sitios costeros ha despertado la voracidad de quienes están claros de que por esa zona se construirá un sueño de décadas para este país, llamado “Carretera Costanera”, sumado a algo todavía más utópico: el famoso “Canal Interoceánico”.
Los problemas por la posesión de tierras frente al inmenso mar han provocado hechos de violencia entre vigilantes de inversionistas y campesinos, que dicen ser los dueños de los lotes, pero al parecer el problema va más allá, porque todos muestran documentos extendidos a veces por la misma comuna, que les dan la razón.
Urgen dictaminar Ley General de Costas (Edgard Barberena)
La solución para terminar con las irregularidades que se producen en Tola, con arriendos de terrenos costeros, es aprobar en la Asamblea Nacional la Ley General de Costas, que ya está dictaminada favorablemente.
Así lo manifestó ayer el diputado Gerardo Miranda, quien indicó que los problemas en Tola se dan debido a la falta de seguridad jurídica para lo relacionado al sector de las costas.
Agregó que mientras exista la Ley Agraria de 1917, son dos kilómetros (de las aguas hacia tierra firme) que pertenecen al Estado y los alcaldes no han hecho que prevalezca lo que dispone esa legislación.
A esto se añade que “por otro lado, los jueces han estado dando los famosos títulos supletorios a otras gentes, así como los ediles están dando arriendo de zonas costeras sin tener inscripción debida en el Registro de la Propiedad”.
“Por eso es que en Tola sale un papel de un lado sobre dominio de una propiedad y después salen otros, y es ahí donde vienen los conflictos, y por eso se produjo el caso donde una gente se metió a una propiedad y salio el otro dueño que los baleó”.
Intereses oscuros
Aclaró que la ley no ha sido sometida a plenario para su aprobación, debido a que “hay intereses de mucha gente, y ya recuerdan ustedes (los periodistas) cómo la empresa privada bombardeó esa ley y lo sigue haciendo, y por eso la iniciativa no baja a plenario, porque las bancadas no se ponen de acuerdo”.
Miranda, que no repetirá en la nueva Asamblea Nacional, anunció que después de que el presidente electo Daniel Ortega asuma su mandato, a partir del 10 de enero próximo, iniciará una labor de presión para que el plenario apruebe la Ley de Costas.
Luis Galeano, 7 de diciembre de 2006
Luis Ángel Montenegro asegura que hay abundantes evidencias de tráfico de dinero y de influencias. Señala a concejales del PLC y del FSLN de aprobararriendos sobre arriendos, pedazos de tierra como “coima” y otras tropelías. Ciudadanos de Tola emiten comunicado poniéndose a la orden de la Contraloría para confirmar esas irregularidades y otras.
El presidente en funciones de la Contraloría, Luis Ángel Montenegro, aseguró que enviarán a los tribunales a los concejales de Tola, Rivas, involucrados en actos irregulares, relacionados con arriendos de lotes costeros, y que denunciarán de nulidad todos los contratos de alquiler que no hayan sido autorizados por la alcaldesa de esa localidad, Loyda García.
Montenegro aseguró que tienen abundantes evidencias de anomalías cometidas por los concejales sandinistas y liberales de Tola, y que agilizarán la auditoría que realizan actualmente en esa comuna para determinar las responsabilidades que correspondan, aunque adelantó que por lo que han visto hasta este momento, lo que se avecina contra dichos funcionarios es una presunción de responsabilidad penal.
Extorsiones a granel
“Tenemos documentos que hablan de dinero para estos señores (concejales) a cambio de que aprueben arriendos de lotes, de coimas, de arriendos sobre arriendos, chantajes en donde ofrecen aprobar arriendos a cambio de que los arrendatarios les entreguen parte de su terreno, es decir, una cadena de actos irregulares por los que más adelante tendrán que responder ante la Fiscalía, dijo Montenegro en rueda de prensa.
Los concejales a los que se refiere Montenegro son los sandinistas Rita Medina y César Lumbí, y los liberales José Dolores Ruiz y Manuel Baltodano. El pasado 19 de septiembre, dichos concejales incorporaron a la suplente de Medina, y autorizaron a esta última para que como secretaria firmara contratos de arriendo a pobladores que tienen tomadas tierras particulares en las costas de El Amarillo, es decir, le quitaron la firma a la alcaldesa.
Ante esa decisión, la alcaldesa García consultó 10 días después a la Contraloría si la secretaria del Concejo estaba facultada para firmar los contratos de arriendo con al menos 550 cabezas de familias de la costa de El Amarillo, a lo cual el ente fiscalizador le contestó que sólo ella es la única facultada para hacerlo.
Los denunciarán de nulidad
“Todos esos contratos de arriendo, los 550, van a ser denunciados de nulidad porque no fueron firmados por la máxima autoridad del Concejo que es la alcaldesa”, afirmó Montenegro.
A la vez, recordó que ya existe una resolución relacionada con la administración anterior de la alcaldía de Tola, en donde denunciaron de nulidad varios contratos de arriendo y enviaron a los tribunales al ex secretario del Concejo, Jorge Luis Villagra, por entregar certificaciones de actas en las que se aprobaba el arriendo de costas, pero que eran falsas porque no rolan en el Libro de Actas de la municipalidad.
Ante las afirmaciones que hicieron los concejales de que la Contraloría no puede ordenarles suspender el arriendo de lotes costeros de Tola, porque se trata de bienes administrados por el gobierno local, Montenegro recordó que cuando se trata de bienes públicos la Contraloría está facultada para intervenir en el manejo de los mismos.
“Creo que estos señores deberían leer la ley y documentarse sobre cuál es el trabajo de la Contraloría, porque nosotros somos los fiscalizadores de los bienes del Estado, y el hecho de que ellos sean un gobierno autónomo no quiere decir que pueden hacer y deshacer con lo que les dé la gana”, dijo Montenegro.
El colegiado aseguró que por las denuncias de la misma alcaldesa y de ciudadanos particulares de Tola, “se puede deducir fácilmente que los concejales no están trabajando por el bienestar y desarrollo de ese bello municipio costero”.
Pobladores piden cuentas a concejales
Ayer, un grupo de 80 ciudadanos de Tola nos enviaron un comunicado en el cual demandan que la Contraloría aclare toda la situación en la cual se han visto involucrados sus concejales, y a la vez los involucran en actos irregulares con los que han beneficiado a personas que dicen ser inversionistas, y que lo único que hacen es aprovecharse de los campesinos.
“Ellos (los concejales) han manchado el voto que les dimos para que llegaran a defender nuestros derechos en el gobierno municipal”, dice el comunicado.
“Si la Contraloría desea testimonios y pruebas de nosotros, relacionadas con actos irregulares de los concejales, aquí estaremos esperándolos”, agrega el comunicado, en el que a la vez le indican a la alcaldesa que no está sola en su lucha.
Asimismo, pidieron a los jueces y a la Policía que no dejen impune el ataque que los vigilantes del Grupo de Inversiones Sol perpetraron contra varios miembros de la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, en el cual hirieron de bala a tres de sus miembros.
Los campesinos resultaron heridos por vigilantes de una propiedad que supuestamente se encuentra en disputa, y que reclaman como suya los cooperados y el inversionista Armel González, quien es Director del Grupo de Inversiones Sol, junto a familiares del presidente saliente Enrique Bolaños, entre ellos el diputado electo por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alejandro Bolaños Davis, y Adriana Bolaños Chamorro.
“Que no dejen impune el acto criminal del señor Armel González, que es quien da las órdenes a sus guardas, y por tanto tiene que ser procesado por el crimen cometido contra los miembros de la Cooperativa ‘Pedro Joaquín Chamorro’”, concluye el comunicado.
Diciembre de 2006