Hace unas semanas, miembros del equipo de Acció per un Turisme Responsable - ATR y de otras organizaciones sociales tuvimos la oportunidad de visitar Marina d'Or-Ciudad de Vacaciones y el enorme stand publicitario de Marina d'Or Golf, aún por construir. Ambos megaproyectos, cuyo promotor es el Grupo Marina d'Or dirigido por Jesús Ger, están situados en las poblaciones de Oropesa del Mar y Cabanes (Castellón, Comunidad Valenciana). Sentimos el tiempo que hicimos perder a las vendedoras que, en nuestra condición de posibles clientes, nos estuvieron atendiendo. Tremendamente interesante que uno de los "ganchos" con el que nos quisieron vender un apartamento fuese su segura rentabilidad en poco tiempo; Marina d'Or se vende más como una inversión, que como un centro vacacional. A quien tenga la oportunidad, recomendamos la visita del stand de Marina d'Or Golf, y especialmente a sus maquetas. Marina d'Or Golf, situada aproximadamente a un par de kilómetros de la costa, contará con diversos campos de golf y lagos artificiales de hasta 30.000 m2 (¿de dónde saldrá tanta agua, con la crisis estructural que padecen la Cuenca del Júcar?).
Las consecuencias de estas prácticas inmobiliarias y turísticas no es escaso, por lo que sectores sociales y políticos locales y nacionales se muestran en contra de lo que para muchos no es más que especulación urbanística plagada de ilegalidad y corrupción.
A continuación presentamos algunos artículos que se han publicado en diversos medios de comunicación recientemente alrededor de estos dos proyectos, y que denuncian posibles actos de corrupción. Al final, las preguntas que el eurodiputado Willy Meyer elevó en el Parlamento Europeo sobre este tema.
Publicado en el periódico Diagonal. 12 de octubre de 2006
El nuevo megaproyecto turístico Marina D’Or Golf tiene dimensiones similares a las de Castellón capital. / El impulsor del proyecto, Jesús Ger, y Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, han sido socios en explotaciones turísticas inmobiliarias. / Un diputado del Partido Popular pasó información privilegiada a Ger para sus negocios.
EL TABLERO DE JUEGOS DE GER Los campos de golf son simples excusas para construir viviendas su alrededor (hasta 50.000). Toda una comarca se pone al servicio de los intereses hosteleros y su gasto de recursos como el agua. Es el caso de la autopista y la desalinizadora, ambas en proyecto, y del nuevo aeropuerto dirigido a las mercancías y al turismo.
Según señala la consultoría inmobiliaria internacional Richard Ellis, la legislación urbanística valenciana -cuyo modelo resultante ha sido puesto en entredicho por Bruselas- ha favorecido crecimientos desorbitados de muchos promotores.
Entre ellos destaca Jesús Ger, dueño y señor del emporio Marina D’Or, la empresa que da nombre a una macrourbanización turística ubicada entre los municipios castellonenses de Oropesa del Mar y Cabanes. Este promotor y gestor inmobiliario lleva comprando suelo desde los ochenta, pero ha sido hace apenas tres años cuando su complejo turístico inmobiliario ha experimentado una explosión en toda regla y el lema publicitario “Marina D’Or, ciudad de vacaciones” bombardea a todas horas los medios de comunicación.
Cuesta creer que hace 20 años la zona donde se ubica Marina D’Or estuviera prácticamente desierta. Por entonces Jesús Ger apenas había construido en ella unos cuantos apartamentos y un hotel de tres estrellas. Los que conocen a este empresario dicen que sabe contentar a los vecinos (por Navidad regala juguetes a los niños de Oropesa y Cabanes) y que está muy bien conectado con la cúpula del PP castellonense. El resultado no ha podido ser más efectivo, Marina D’Or crece a un ritmo vertiginoso y sus datos económicos del 2005 son contundentes: una facturación de 410 millones de euros (un 105% más que el año anterior) y un beneficio, antes de impuestos, de 108 millones de euros. En 2004, se vendieron 1.500 apartamentos y medio millón de visitantes hicieron noche en sus hoteles.
Con todo, la ciudad -100.000 metros cuadrados, 5.000 apartamentos, 30 restaurantes, campo de golf, balneario y tres hoteles- será pronto sólo la hermana pequeña. Junto a ella se está erigiendo Marina D’Or Golf, un gigante urbanístico de 18.800.000 metros cuadrados (una dimensión de ciudad comparable a Castellón, la capital de la provincia).
Adjudicación irregular
En septiembre de 2005, los ayuntamientos de Oropesa del Mar y Cabanes adjudicaron al Grupo Marina D’Or la realización del megaproyecto Marina D’Or Golf, en un proceso de adjudicación plagado de irregularidades. Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida, denunció la más llamativa: “Dos de los seis concejales del PP de Cabanes que votaron a favor del proyecto trabajan para el dueño de Marina D’Or, dos hijas de los máximos dirigentes del PSOE de Cabanes también. La secretaria general del PSOE de Oropesa está en la nómina de Marina D’Or”.
En este proceso de adjudicación Ger se enfrentó a otros promotores locales y no tuvo piedad: contrató dos páginas en los periódicos locales para arremeter contra sus competidores. Ger ha contado también con ayuda de sus importantes contactos políticos. “En Castellón es vox populi que los negocios de Jesús Ger han crecido a la sombra de Fabra (presidente de la Diputación de Castellón)”, hizo público un promotor de la zona. “Muchos proyectos que ha impulsado Carlos Fabra, como el cuestionado aeropuerto de Castellón o la carretera que unirá este aeródromo con Marina D’Or, se han hecho a la medida del empresario”, también denunció Carles Mulet, concejal de Izquierda Unida en Cabanes.
El fastuoso complejo, muy criticado por colectivos ecologistas, será el principal beneficiario del aeropuerto que se construye a sólo 15 kilómetros y que se conoce popularmente como el aeropuerto de Marina D’Or.
La política de la especulación
A pesar del oscurantismo oficial, un simple repaso a la historia del proyecto muestra diversas actuaciones de dudosa legitimidad que han beneficiado al imperio Marina D’Or. En septiembre de 1999, el Ayuntamiento de Oropesa aprobó la exención del 95% de la licencia de obras para la construcción de un hotel, un apartahotel y un complejo de ocio, todo ello dentro del complejo Residencial Marina D’Or Park. La condonación supuso para Ger un ahorro de unos 500 millones de pesetas. Esta licencia de obras fue concedida a pesar de que el Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA) presentase hasta tres escritos ante el ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento en los que denunciaba que el proyecto incumplía varias leyes.
Según denunció el diario El País en noviembre de 2000, tras una reunión entre el entonces alcalde de Oropesa, Francisco Garrido, y Jesús Ger, el Ayuntamiento solicitó al Ejército de Tierra que instalase y Defensa que financiase un puente sobre el río Chinchilla hasta el complejo urbanístico Marina D’Or, con la finalidad de sustituir al que fue arrasado por la gota fría a finales de octubre del mismo año. Obra que se llevó a cabo inmediatamente.
El presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, admitió públicamente haber mediado ante la Secretaría de Estado para el Deporte para conseguir que los mundiales juveniles de ajedrez se celebrasen en Marina D’Or. Las gestiones realizadas por Fabra fueron definidas por el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, como “presiones”. En el momento de celebrarse el mundial, Ger y la esposa de Fabra, Amparo Fernández, eran socios de la empresa Aparthoteles La Coma, SL.
En septiembre de 2005, la comisión informativa de Urbanismo de Castellón aprobó un dictamen que denegó la cédula de urbanización solicitada por el Ayuntamiento de Oropesa para que Marina D’Or pudiera ampliar el desarrollo de esta zona. La superficie afectada abarca más de 350.000 metros cuadrados y se encuentra en la zona denominada Les Amplàries, situada al norte del complejo ya existente. El Ayuntamiento de Oropesa adjudicó el programa a una de las empresas del grupo Marina D’Or, pese a que la zona ya estaba catalogada y las propuestas presentadas no cumplían las condiciones.
La adjudicación salió adelante con los votos a favor del edil del PSPV, posteriormente expulsado del partido, y los del PP entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat (PP), que comparte propiedades con una empresa de ese mismo grupo.
Publicado en el periódico El País. 28 de octubre de 2006
Un total de 44.960 metros cuadrados de suelo dotacional público de Oropesa irán a parar, para su explotación, a manos privadas. Sobre ellos se construirán un mercado, un parque de aventura, recreativos o un minigolf, usos bastante alejados del concepto general que se debe atribuir a un terreno calificado como dotacional público, aunque sea deportivo. Además, una de las cinco parcelas ya está ocupada, desde hace cerca de cinco años, por unas pistas de tenis que el grupo Marina d'Or construyó de forma ilegal y que ha estado explotando durante este tiempo. Es decir, ha cobrado por el alquiler para uso de las mismas, pero no ha pagado nada al Ayuntamiento, propietario del terreno sobre el que se levantan. Ahora, el equipo de gobierno pretende "legalizar" esta ocupación y, por segunda vez, debatirá el tema hasta llevar a pleno, el próximo lunes, el estudio de viabilidad presentado por el propio grupo empresarial. El expediente sólo ha variado en una cosa desde que, a finales de agosto, el Partido Popular ya tratara de aprobarlo. Ahora, los informes técnicos admiten que las pistas ya están construidas mientras que una de las justificaciones de la empresa para que se le concediera el uso de la parcela fue que el proyecto contribuiría a generar "un importante número de puestos de trabajo relacionados con el sector de la construcción".
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, admitió que el consistorio no ha cobrado ni un céntimo durante los cinco años de explotación y que su propio equipo podría haber convocado antes un concurso para legalizar la situación con una concesión administrativa a través de la cual, al menos, el Ayuntamiento cobrará. La votación contará con la negativa del concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, que señaló que sobre cualquier argumento está la ley y que "ocupar suelo público es delito".
Para otras dos de las cinco parcelas de suelo dotacional público, el Ayuntamiento de Oropesa ya aprobó los estudios de viabilidad para la construcción de un mercado y un pequeño parque de atracciones, sobre dos solares calificados como dotacional deportivo. El lunes se aprobarán los contratos de concesión para libre concurrencia, aunque la propuesta salió, en los dos casos, del grupo Marina d'Or ya que se trata de espacios en el área de desarrollo del complejo vacacional. La aprobación de estos estudios de viabilidad son el primer paso para que el suelo se destine a los usos propuestos por la constructora, tal como admitió el edil del PP Juan Manuel Miralles, quien afirmó: "Queremos hacer un mercado en un dotacional".
Sin embargo, además de la libre interpretación del uso al que se debe destinar un suelo dotacional público, tampoco en el caso del mercado el Ayuntamiento de Oropesa se embolsará grandes cantidades de dinero en concepto del canon que cobrará por ceder su uso. De hecho, el contrato condiciona la cantidad que percibirá el Ayuntamiento por la cesión del suelo al número de empresas que se presenten al concurso y, sin embargo, no fija ningún criterio para las bajas temerarias por el coste de la obra. Así, si sólo se presenta una empresa, el Ayuntamiento puede cobrar hasta 72.000 euros, mientras que si se presentan más, el Ayuntamiento descartará aquella que sea superior en tres veces a la oferta de menor cuantía.
Josep Lluis Romero ya ha manifestado su intención de votar en contra de estas cesiones de suelo que, en algunos casos, son de 40 años. Según sostiene, la aprobación de estas concesiones será el prólogo de otras cesiones que, posteriormente, el mismo grupo reclamará con la presentación de proyectos ajenos a los usos que se les otorga a los suelos dotacionales públicos.
Publicado en el periódico El País. 29 de octubre de 2006
La concesión de parcelas dotacionales al grupo Marina d'Or tendrá mañana un amplio debate. Además del peculiar uso que el equipo de gobierno del PP pretende otorgar a estas parcelas a petición del propio grupo, uno de los contratos que se aprobará forma parte de un expediente del que se ha retirado un informe en contra de la concesión y con reparos de legalidad.
El mismo fue redactado el 20 de octubre por la interventora del Ayuntamiento, tal como consta en la propuesta de acuerdo que el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, elevará al pleno que se celebra mañana.
Dado que este informe no se encontraba en el expediente que se facilitó al concejal el Bloc, Josep Lluis Romero, para su estudio antes de la votación, el edil lo solicitó expresamente.
La respuesta de la secretaria accidental del consistorio, plasmada por escrito, señala que el informe "fue retirado del expediente por la intervención municipal" y alega que se trataba de un borrador y no del informe definitivo.
Entre estas dos fechas, la intervención redactó, el día 24, un segundo escrito en el que alegaba la "imposibilidad de someter el expediente" a un dictamen, debido a la falta de tiempo para fiscalizar el contrato de concesión a causa de los cambios en los criterios de adjudicación.
Finalmente, el día 26, la interventora redactó un nuevo informe, desfavorable desde el punto de vista jurídico-económico.
En una argumentación con varias exclamaciones y reparos sobre el método de puntuación de las ofertas, señala que las advertencias "deberían motivar a reflexión por parte del órgano de contratación (...) todo ello sin olvidar que su diseño se produce en el ejercicio de una potestad discrecional, no arbitraria, que debe estar adecuadamente motivada".
Izquierda Unida, que forma parte del eurogrupo Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, ya ha elevado tres preguntas al Parlamento Europeo a través del eurodiputado Willy Meyer Pleite en relación a sendas irregularidades que vulnerarían las directivas europeas relacionadas con las infraestructuras necesarias para el desarrollo de Marina d'Or aprobadas por el gobierno autónomo de Valencia (Generalitat Valenciana). A continuación, las tres preguntas:
Primera pregunta
Asunto: Nuevo Proyecto Carretera Orpesa-Cabanes, vulneración Directiva 85/337/CEE, por falta de Estudio de Impacto Ambiental.
El Boletín Oficial del Estado Español (BOE 140 de 13/6/2006), publicaba la Resolución de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, relativa a la Información pública del proyecto de la carretera Oropesa-Cabanes entre el p.k. 6+500 y la CV-10. Cabanes (Castellón). Clave: 41-C-1980.
Mediante esta publicación, al igual que la incluida el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 14/6/2006, se informaba que La Dirección General de Obras Públicas, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha aprobado provisionalmente el proyecto de referencia y como consecuencia se abre el trámite de información pública en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico para las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El citado periodo de información pública se abre a los efectos de la legislación general, legislaciones sectoriales, así como a los previstos en la legislación de impacto ambiental. Objeto: Consultar el proyecto y presentar alegaciones en los lugares abajo indicados, en un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOE, tanto para particulares como administraciones públicas, entidades e instituciones.
Este proyecto a exposición pública, no incluye el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, y por lo tanto, se está vulnerando la legislación europea, la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente modificada por la Directiva 97/11/CE, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente están sujetos a la obtención de una autorización y han de someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. Estos proyectos se definen en el artículo 4 y en los anexos I y II de la Directiva. No puede argüirse en ningún caso que un simple anexo dentro de la memoria, que recibe por título “Valoración ambiental de la actuación”, sustituya el EIA, ya que en ningún momento éste tiene las características, profundidad, alcance ni sentido de un Estudio de Impacto Ambiental.
- Ante esta vulneración de la normativa europea, ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión al respecto?
Segunda Pregunta
Nuevo Proyecto vial Orpesa-Cabanes, vulneración Directivas Europeas al no contemplar examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada
El Boletín Oficial del Estado Español (BOE 140 de 13/6/2006), publicaba la Resolución de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, relativa a la Información pública del proyecto de la carretera Oropesa-Cabanes entre el p.k. 6+500 y la CV-10. Cabanes (Castellón). Clave: 41-C-1980.
Mediante esta publicación, al igual que la incluida el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del dia 14/6/2006, se informaba que La Dirección General de Obras Públicas, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte ha aprobado provisionalmente el proyecto de referencia y como consecuencia se abre el trámite de información pública en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico para las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El citado periodo de información pública se abre a los efectos de la legislación general, legislaciones sectoriales, así como a los previstos en la legislación de impacto ambiental. Objeto: Consultar el proyecto y presentar alegaciones en los lugares abajo indicados, en un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOE, tanto para particulares como administraciones públicas, entidades e instituciones.
Este proyecto además de vulnerar la Directiva 85/337/CEE al no contar con un Estudio de Impacto Ambiental, viola totalmente el artículo 7 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento par la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, ya que no incluye el “examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada”. En consecuencia, no cumple de igual forma con el último punto del artículo 8, en el que indica que “El Estudio de Impacto Ambiental contendrá examen de las distintas alternativas técnicamente viables, y una justificación de la solución propuesta, con descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada” , pues no se describe ni estudia alternativa alguna al trazado del proyecto. En consecuencia, al no cumplirse la legislación española de impacto ambiental, que transpone las normativas europeas, se incumple de igual forma esta legislación.
- Ante esta vulneración de la normativa europea, ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión al respecto?
Tercera pregunta
Nuevo Proyecto Carretera Orpesa-Cabanes, vulneración e la Directiva 93/37/CEE, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
El Boletín Oficial del Estado Español (BOE 140 de 13/6/2006), publicaba la Resolución de 5 de junio de 2006, de la Dirección General de Obras Públicas, relativa a la Información pública del proyecto de la carretera Oropesa-Cabanes entre el p.k. 6+500 y la CV-10. Cabanes (Castellón). Clave: 41-C-1980. tratándose, pues de un nuevo proyecto, que supera en su presupuesto una inversión superior a los 25 millones de euros.
La adjudicación del contrato de dicha obra está sometida a la directiva 93/37/CEE, modificada por las directivas 97/52/CE y 2001/78/CE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la directiva (5 millones € revisados) para que ésta le sea aplicable. En consecuencia, la Conselleria d’Infraestrucutres i Transports de la Generalitat Valenciana está obligado, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado.
En cambio, dicha administración, no ha realizado el pertinente trámite, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la directiva que pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación.
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar el respeto por parte de esta administración pública de la legislación comunitaria en materia de adjudicación de contratos públicos de obras, cuya finalidad es garantizar la existencia de una verdadera competencia intracomunitaria?
Noviembre de 2006