"Las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han ido incrementando la complejidad de este sector del ordenamiento jurídico al multiplicar, a veces innecesariamente, las intervenciones administrativas en las distintas fases de los procesos de desarrollo urbano, lo que, unido a la limitación de la oferta de suelo, ha contribuido decisivamente a demorar hasta extremos irrazonables la conclusión de las operaciones de urbanización y ulterior edificación, haciendo imprevisible su coste y dificultando una adecuada programación de las correspondientes actividades empresariales, con el consiguiente encarecimiento del producto final. (Debido a esto, se) reclama una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones públicas responsables de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez" (Extracto de la exposición de motivos de la Ley del Suelo de 1998 promulgada por el gobierno del Partido Popular)
En los últimos meses, en el Estado español parece que ha aumentado los procesos de recalificaciones de terrenos de vocación rural para su urbanización: construcción de urbanizaciones de segunda residencia, campos de golf, pistas de esquí,... el fin, el modelo que se lleva ahora. Cada día aparecen nuevos casos de corrupción o de posibles casos de corrupción alrededor de estas prácticas en las primeras páginas de los diarios españoles. Este crecimiento no es extraño: tras la sorpresiva pérdida del poder por parte del Partido Popular en el 2004, el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español declaró que iba a cambiar la permisiva Ley del Suelo de 1998, y eso aceleró el proceso especulativo.
A día de hoy, no tenemos nueva ley. Recientemente, en unas declaraciones al diario El País, la ministra de vivienda Maria Antonia Trujillo afirmaba que puede entrar en vigor en el primer trimestre de 2007... ¡tres años después de alcanzar el poder! A nuestro parecer, muy tarde: ha dado tiempo sobrado a ayuntamientos y promotores sin escrúpulos para llevar adelante sus oscuros negocios al amparo de la ley aún vigente. El gobierno del Partido Popular se mostró más eficiente en este aspecto: sólo tardó dos años en sacar su Ley. Esperemos que, al menos, la nueva Ley sirva para acabar de raíz con la permisividad reinante, y que se dote de mecanismos sancionadores rápidos y eficaces.
A continuación reproducimos algunos artículos periodísticos publicados en diferentes medios que reflejan casos destacados de especulación inmobiliaria relacionada con el sector turístico de los últimos meses. Empezamos con un reciente listado publicado por el diario gratuito “20 minutos” que repasa, por comunidades autónomas y provincias, algunos casos de los últimos tiempos. Seguimos con artículos centrados en casos en algunas de las comunidades donde más se están dando estas prácticas especulativas acompañando un determinado modelo de desarrollo turístico: Murcia, Valencia, Aragón y Catalunya.
Publicado en el diario 20 minutos. 19 de noviembre de 2006
La lista de ayuntamientos corruptos o sospechosos de cometer alguna irregularidad urbanística crece sin cesar. Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones. A continuación, una lista por comunidades autónomas y provincias de los ayuntamientos que son sospechosos de participar del ya famoso ladrillazo.
Andalucía
Almería
Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.
Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. Las irregularidades comenzaron hace ocho años, cuando fueron denunciados tanto por el Seprona como por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En 2003, la Junta inició 11 expedientes para revisar las licencias concedidas por el Ayuntamiento. La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Huércal Overa que los concejales que gobiernan en el Ayuntamiento de Zurgena; 5 del PA, 4 del PSOE y uno del PP, presten declaración en calidad de imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Garrucha: El alcalde socialista, Cristóbal Ruiz, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.
Roquetas: El alcalde de Roquetas del Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amar, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.
Cádiz
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
Córdoba
Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas. Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales. Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía pretende exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos. En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.
Granada
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.
Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
El actual alcalde, el independiente Juan Carlos Benavides, está acusado por la Junta de Andalucía de Delito Urbanístico.
Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega. Ambas se realizan sobre suelo no urbanizable.
Huelva
El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.
Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.
Jaén
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
Málaga
Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.
Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.
Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenid que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas.
Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.
Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.
Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpueso en mayo una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.
Sevilla
Camas:El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eugenio Gaviño.
Bormujos:El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE. El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.
Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.
La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.
Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
Aragón
Zaragoza
La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El sector impugnado forma parte de una inmensa urbanización con campo de golf proyectada por la inmobiliaria Wilcox. El proyecto prevé viviendas para 30.000 habitantes, con un gran centro comercial. Sin embargo, el plan no iba acompañado de dotaciones de servicios (hospitales y colegios). Fue aprobado bajo el amparo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR).
Canarias
Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones. Recientemente, el alcalde y seis concejales han sido detenidos por la misma trama. Han sido expulsados del PP, y el gobierno canario se plantea pedir al Gobierno una gestora para el Ayuntamiento.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Cantabria
Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista ARCA (Asoc. para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. Se rumorea que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación.
Ribamontán al Monte: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico. Lo más curioso de este caso es que los dueños de las viviendas son la mujer del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales.
Castilla - La Mancha
Albacete
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.
Ciudad Real
Argamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol. Esta costrucción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.
Toledo
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde que intentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor. También un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor, mientras que Hernando organizó una manifestación de 1.000 trabajadores para pedir al alcalde las licencias necesarias.
Castilla y León
Ávila
La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
Burgos
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.
Salamanca
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
Valladolid
Arroyo de la Encomienda: El PSOE denuncia un pelotazo urbanístico , que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003. Además, la Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales, en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel. Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva). Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.
Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 k. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.
Comunidad Valenciana
Alicante
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.
Alicante: El juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Parcent: el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.
Torrevieja. El alcalde Pedró Hernández, del PP, está imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad.
Valencia
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Paiporta: El PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros. -Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar. -Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de Francia. -Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires. -Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
Galicia
A Coruña
Oleiros: La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor. El alcalde ha admitido que tiene tres casas y 13 fincas con más de 25.000 metros cuadrados, pero insiste en su inocenciadice que está limpio. Todas estas propiedades, salvo una que heredó, las tiene desde su llegada al Ayuntamiento. La investigación sigue abierta.
Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas. El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.
Pontevedra
Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha. La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
La Rioja
Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
Madrid
Valdemoro: El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el constructor David Marjaliza, según informó El País.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.
Colmenarejo: El Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.
Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre prisión para ambos, eludible bajo fianza.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos.
Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Níjar: Según denuncia ABC, el alcalde socialista de Níjar, Joaquín García, permitió a un ex concejal construir cuatro veces más de lo permitido.
Murcia
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo. Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
Navarra
Egüés: El ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de prevaricacion, e imputó a otras nueve personas.
Publicado en el diario El País. 27 de noviembre de 2006
La promotora Hansa Urbana está a punto de iniciar la construcción de la urbanización Novo Carthago -que consta de 10.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y varios hoteles de lujo- en unos terrenos protegidos. La UE considera que la mayor parte de los 5,7 millones de metros cuadrados son un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Además, el Ministerio de Agricultura ha calificado el paraje como de especial protección, al ser huerta que se riega con agua del trasvase Tajo-Segura.
Esta iniciativa urbanística se ha convertido en polémica tras conocerse que el Gobierno de la Región de Murcia (PP) y el Ayuntamiento de Cartagena (PP) aprobaron en 2005 la construcción del proyecto Novo Carthago, en el Mar Menor de Cartagena pese a que los informes técnicos de las consejerías de Obras Públicas y Agricultura aconsejaban no hacerlo.
Los informes contrarios de los técnicos del Gobierno murciano, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, manifiestan: "En una zona regable declarada de interés general y rodeada de plantaciones de cultivos hortícolas y frutales y con las redes de riego, desagües y caminos ya construidos con inversión pública, se debería limitar al máximo la desaparición de las zonas de cultivo".
Por su parte, el PSOE ha anunciado su intención de poner en marcha una comisión de investigación en la Asamblea Regional, con el fin de conocer todos los términos de la recalificación de los terrenos, en los que está prevista una inversión de 890 millones de euros. Los socialistas murcianos justifican esta decisión después de que se hiciera pública la participación en el plan parcial de empresarios como Francisco Javier Arteche, investigado en la Operación Malaya por haber pagado, presuntamente, comisiones al considerado cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, natural de Cartagena.
En la investigación policial aparece un cheque de dos millones de euros por la compraventa de dos terrenos en Cartagena, que según las pesquisas podrían tratarse de los proyectos de Lo Poyo y Montemayor, situada en Novo Carthago. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ya ha iniciado la investigación de la reclasificación de Lo Poyo. El propio presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, anunció en la Asamblea Regional la paralización del expediente de la urbanización de Lo Poyo calificándola de "ilegal" e "inmoral". Sin embrago, respecto a Novo Carthago, aseguró que todo era correcto y que seguiría con la tramitación porque en esta urbanización hay en juego "una inversión de mil millones de euros y 8.000 puestos de trabajo". Al día siguiente, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, anunció por sorpresa la modificación del PGOU de Cartagena para declarar no urbanizable la finca.
Pero el presunto favoritismo del Gobierno regional a la iniciativa de Hansa Urbana -cuyo propietario Rafael Galea es amigo del número tres del PP murciano y consejero de la CAM, Antonio Sánchez Carrillo- fue evidente cuando el 12 de junio de 2003 el Ejecutivo murciano, casi en pleno y encabezado por su presidente, Ramón Luis Valcárcel, acudió a la presentación de la maqueta de Novo Carthago, dos años antes de conceder los permisos urbanísticos.
La cercanía entre los miembros del Gobierno regional y el promotor de Hansa Urbana se hizo también evidente cuando en enero de 2002, meses antes de la presentación de la maqueta, el vicepresidente de la CAM por la Región de Murcia, Javier Guillamón, iba a ser relevado por decisión del presidente Valcárcel y del número tres del PP en esta comunidad, Antonio Sánchez Carrillo, consejero general de la entidad financiera y socio en una promotora de Carlos Valcárcel, hermano del presidente.
Entrevista con Zaplana
Los motivos de este cambio de actitud -ya que años antes Guillamón fue designado por Valcárcel- fueron la determinación del banquero murciano de sacar a la CAM de Hansa Urbana, así como su animadversión a Galea, según manifestaron fuentes de la caja.
El vicepresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (también presidente de Hansa Urbana, aunque sin el control, que estaba en manos de la familia de Galea) temía un escándalo, lo que le llevó a pilotar la salida de la Caja de Hansa Urbana.
Guillamón, tras entrevistarse con el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que entonces controlaba la entidad crediticia alicantina, siguió en su puesto, pese a los ataques directos de Valcárcel y Sánchez Carrillo.
Guillamón vendió tras la decisión del consejo de administración la mayoría de sus participaciones en Hansa Urbana, quedándose con algo menos del 25% de las acciones. Precisamente esta semana, en pleno proceso de renovación de los consejeros y vicepresidentes de la CAM, Valcárcel ha vuelto a vetar la presencia de Guillamón en la dirección de la caja.
Publicado en el diario Levante. 9 de noviembre de 2006. Artículo de Manuel García Ferrando.
Si es cierto, como todo parece indicar, que la sanción que se pretendía ejemplar por el exceso de construcción -once plantas más de las que recogía el proyecto original- en el hotel Atrium en La Vila Joiosa, va a quedar en una multa fácilmente asumible por la promotora, unos 600.000 euros, y la cesión de unos terrenos al municipio, la ejemplaridad residual resultante va a ser, una vez más, de que casi todo vale en el urbanismo valenciano, siempre que se sepa interpretar en beneficio propio la Ley Urbanística Valenciana, y se tengan amigos en los consistorios municipales o en la consellería correspondiente.
Y es que cuando no existe una voluntad política asentada en firmes valores éticos y morales de compromiso con la sociedad y con el territorio, las aparentemente estrictas regulaciones legales en materia urbanística se convierten en realidad en obstáculos superables por todo promotor que sepa salvar el arbitrismo y la estulticia administrativa, y, por supuesto, sepa cómo redirigir parte de los muchos beneficios que produce un urbanismo de este tipo a las arcas municipales y bolsillos venales de aquéllos que en lugar de hacer cumplir la ley, miran a otro lado como si no fuera con ellos todo este entramado trufado de escándalos y corruptelas.
De este modo, las leyes urbanísticas aparentemente estrictas que se van aprobando promueven en realidad un urbanismo permisivo, que hace fácil que sobreviva la obra ilegalmente llevada a cabo, y pervertidor porque en el corto plazo son muchos los que se benefician de los pingües beneficios y plusvalías que produce dicha permisividad. Mientras tanto, el territorio valenciano se va llenando de obras ilegales promovidas tanto por grandes empresas constructoras como por modestos propietarios de pequeñas parcelas, con lo que el efecto a medio y largo plazo está siendo, en términos generales, el desarrollo de un denso urbanismo con insuficientes infraestructuras e inseguridades jurídicas que no promueven precisamente la imagen de una Comunitat Valenciana próspera, segura y avanzada como se pretende transmitir desde los poderes establecidos.
El problema es más grave de lo que parece, y no son pocas la apariencias, porque las denuncias que se llevan a cabo por los diferentes partidos políticos son unilaterales -se denuncian las que realizan los otros pero se calla arteramente las que realizan los propios correligionarios- y selectivas, buscando más el efecto mediático del momento electoral y no yendo a los orígenes del problema. Así, por ejemplo, los socialistas han exigido estos días que se anule el plan del Manhattan de Cullera que promueve el ayuntamiento gobernado por los populares, quienes a su vez responden que la volumetría del proyecto es la misma que aprobaron los socialistas en su momento, para otro tipo de proyecto urbanístico, cuando eran ellos los que estaban al frente del Ayuntamiento. Además, argumentan los populares, están ya solventados los problemas de infraestructuras y agua justificándolos con informes técnicos municipales. Argumentos escasamente rigurosos por ambas partes, y ausencia de justificaciones sobre el alcance y fundamentos de un proyecto de tanta envergadura.
Y en medio de tanta denuncia y escándalo, una sociedad confortablemente instalada en su bienestar material, pero cómplice en cierta medida, por acción u omisión, de los poderes políticos y económicos dominantes. Porque mientras no se instale en el debate público la consideración, más allá del corto plazo, de las consecuencias del modelo urbanístico vigente, y se promuevan las bases éticas y morales por ahora ausentes en la dinámica social de los últimos años, va a ser muy difícil que se salga del círculo permisivo y pervertidor en el que se encuentra instalado actualmente el urbanismo valenciano y el de muchas otras partes del territorio español.
Publicado en el periódico Diagonal - Aragón. Otoño 2006. Artículo de José Luís Martínez
Estaciones de esquí, campos de golf o promociones de cientos de viviendas en pueblos deshabitados: el hormigón se ha convertido en la principal amenaza para las montañas.
Formigal está rota desde hace dos años. Obras mal planeadas y demoliciones salvajes han plagado de grietas la estación de esquí y su nueva zona de ampliación por Espelunciecha. Puentes, telesillas, edificios y aparcamientos sufren el deslizamiento de las laderas. Mientras Aramón rehace, la naturaleza herida discurre de acuerdo a la ley de la gravedad y torna a descoyuntar lo reparado. Los ‘parcheos’ en la estación son interminables. Los restos de obras agrietadas –junto a los impuestos de los aragoneses– van a parar a las escombreras que decoran el territorio. La frontera con Francia (parque nacional) en el Portalet se ha convertido en la ‘vergüenza nacional’. Aramón, el consorcio de la nieve, está desacreditado públicamente.
Nada como una relajada visita al territorio para contemplar esta espectacular marea urbanística. También podemos hacer un ejecicio virtual del impacto que futuras obras y proyectos van a causar en nuestra montaña.
Así pues, la cabecera del Gállego nos da la bienvenida a España, por el paso de Portalet, con una exquisita demostración de cómo la gasta el ladrillo por estas tierras. La monotonía del paisaje alpino del Parque Nacional de los Pirineos de Francia se torna en la imagen más bullanguera y cosmopolita de la estación de Formmigal. Trajín constante de gigantescas excavadoras y camiones destripando ladera y haciendo ‘trial’ a 2.000 metros de altura.
En el collado, las máquinas arañan el reducido territorio del (que pudo ser y quedó guardado en un cajón) Parque Natural del Anayet. Los ojos golosos de constructores y alcaldes del entorno imaginan ya el paisaje de pilonas, telesillas, apartamentos y hoteles de lujo embelleciendo el sobrio aspecto de Canal Roya y Canal de Izas. Ecologistas, montañeros y gentes en general afilan los sables aprestándose a la defensa.
Un poco más al sur, dirección Biescas, el paisaje virtual mostraría fastuosas obras de ampliación de la estación de Panticosa (en manos del otrora ‘rey de la tortilla mexicana’ Nozar-Nozaleda). Flamante nueva carretera de acceso por Hoz de Jaca flanqueado por algunos miles de apartamentos construidos en suelo rús-tico reclasificado para financiar dichas obras de ampliación y del soberbio funicular. Para esa fecha el Balneario de Panticosa tendría avanzada la acometida a la ladera. Quizás ya el ‘traca-traca’ de las megaperforadoras habría cesado, liberando de la tortura sónica a las gentes que se aventuran a as-cender el Garmo Negro.
Ingresados a la frontera española, eso sí, cuenten ustedes que nunca faltará un bar de carretera donde tomar un café o un bocadillo de tortilla (a precios de plaza San Marcos de Venecia). Tampoco un bloque de adosados para hacer menos adusto el panorama. campos de golf o promociones de cientos de viviendas en pueblos deshabitados: el hormigón se ha convertido en la principal amenaza para las montañas.
Publicado en la web pobleviu.org. 14 de noviembre de 2006
Alguns ingenus crèiem que el model de desenvolupament dels anys 60 no es repetiria, que la societat actual havia madurat cap a un model sostenible, un model que deixava enrera els traumes de la postguerra i que es fonamentava en el que alguns anomenaren a la dècada dels 90 “l’estat del benestar”. També, ingènuament, guaitàvem com els nostres veïns del País Valencià suportaven estoicament l’aparició de grans complexos hotelers, macrourbanitzacions, camps de golf, balnearis, ports esportius, parcs temàtics, circuits automobilístics, i tota mena de “monstres turístics”. Doncs ara ens toca a nosaltres, i de ple...
Quina és la situació de l’especulació turística a Catalunya? Doncs, com ve sent habitual en els darrers temps, hi ha dues Catalunyes: la Catalunya on el Departament de Medi Ambient i la Direcció General de Costes aposten per un turisme de qualitat integrat amb la preservació de l’entorn, n es desballesten parcs eòlics i on s’enderroquen edificacions a primera línia de mar; i la Catalunya on es segueix construint a pocs metres de la línia de costa, on els aqüífers són inesgotables i on la febre constructora dels anys 60 retorna amb més força que mai. És la catalunya del Sud.
Què hi fa el Departament de Medi Ambient? Carregar el mort a Urbanisme i argumentar que el planejament urbanístic no és de la seva competència.
Què hi fa l’Agència Catalana de l’Aigua? Justificar com poden que els aqüífers no es troben sobreexplotats, permetre que es segueixi construint en zona inundable i rentant la seva imatge amb campanyes participatives.
Què hi fan els Ajuntaments? En principi paren la mà. Alguns la paren de forma tan descarada que acaben en mans de la justícia. Tanmateix, hi ha alguns casos excepcionals. Estenguem un fil d’esperança. Parc Samà, Cambrils, 2006. Projecte urbanístic amb 500 habitatges i un camp de golf. Definim la situació actual com de “taules” o “empat tècnic” entre l’Ajuntament i l’empresa promotora, que casualment és Medgroup. La Generalitat aprova el projecte però l’Ajuntament el paralitza..... ¿per què?
Una teoria plausible és que l’Ajuntament de Cambrils hagi tingut una visió de conjunt del model turístic al seu municipi, i hagi apostat per un turisme de qualitat, sostenible i integrat a la història, paisatge i cultura del seu municipi. Creiem que aquesta via és la més correcta per a mantenir l’oferta actual d’oci, restauració i natura que ofereix la vil·la de Cambrils als seus visitants i viletans.
Malauradament, i donat que el cas de Cambrils és excepcionalment aïllat, GEPEC-EdC continuarà intentant obrir escletxes en els plantejaments continuïstes de Medi Ambient i ACA (amb el DPTOP i Urbanisme no hi ha escletxa possible, a no ser que la Llei d’Urbanisme es reformi obrint la participació a la ciutadania, cosa que faria perdre molts diners als Ajuntaments en requalificacions, desafectacions, expropiacions, subhastes, etc...).
Des de GEPEC-EdC hem mantingut reunions recents amb l’ACA precisament per demanar explicacions sobre la concessió d’aigües al complex de Bonmont Terres Noves, pel fet que aquest camp de golf (com la majoria dels que s’implanten a Catalunya) fa servir aigua de pous per al seu manteniment. Quan al consum d’aigua per als habitatges d’aquest complex, els promotors acostumen a emprar la política de fets consumats, consistent en construir primer i demanar concessions després. L’ACA autoritza, una vegada rera l’altra, donant una justificació absurda a aquesta política de fets consumats que es nodreix de les deficiències de l’ordenament urbanístic actual. No hi ha limitacions. Tant se val que l’aqüífer es trobi protegit o que es quedi eixut en períodes de sequera..... ja faran venir l’aigua d’on calgui....
En resum, lamentem que la Costa Daurada segueixi immersa dins el model especulatiu dels anys 60 i animem a que els responsables del sector turístic es plantegin models de desenvolupament més integrats amb la dinàmica i les directrius europees de sostenibilitat i progrés.
Noviembre de 2006