El turismo es uno de los principales puntales, sino el primero, de las políticas de desarrollo en la Comunidad Valenciana. La construcción, resultado de ello, es un sector en crecimiento. Y detrás de ello aparece la especulación del territorio y la corrupción.
El parque temático Terra Mítica es un ejemplo de esta situación. Se construyó en una zona boscosa que oportunamente se quemó a principios de la década de 1990. Eso dio pié al gobierno autónomo de Valencia, entonces gobernado por Eduardo Zaplana y actualmente uno de los principales líderes del derechista Partido Popular, para recalificar los terrenos. Previa y oportunamente el gobierno valenciano cambió la ley que prohibia la recalificación de terrenos rústicos de este tipo. Curiosamente, los terrenos fueron adquiridos por la esposa del ex-presidente Zaplana unos meses antes de la recalificación, a un precio muy inferior al que luego se estableció una vez se permitió la construcción en ese espacio.
La polémica sigue acompañando a Eduardo Zaplana (conocida es su afirmación "estoy en política para forrarme", que dijo en una conversación telefónica privada grabada por la policía) a medida que va surgiendo más información y documentación sobre el ya conocido como "Caso Terra Mítica". A continuación presentamos dos artículos publicados en el diario El País sobre el tema, ambos del 2006.
Vicente Esteve Carbonell, inspector de Hacienda, ratificó ayer en el juzgado el contenido del informe que destapó la supuesta trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm. Esteve Carbonell, que declaró durante más de ocho horas, explicó que se facturaron servicios no realizados, que hubo importantes sobrecostes y que algunos de los servicios pagados se facturaron antes de que se constituyera la mercantil que debía prestarlos. José Emilio Llopis, uno de los empresarios imputados en la causa, se acogió a su derecho a no declarar.
El inspector de Hacienda Vicente Esteve Carbonell, autor del informe que destapó la existencia de una trama de facturas falsas durante la construcción del parque temático de Benidorm que defraudó 4,4 millones de euros y en el que se implica a 20 empresas y a 31 empresarios, declaró durante más de ocho horas en el juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El informe que elaboró Esteve Carbonell sirvió de base en noviembre pasado para la denuncia que interpuso la fiscalía de Valencia por defraudación a la Hacienda pública, falsificación de documento mercantil y alteración contable, delitos a los que el juez añadió hace un mes el de estafa. Ayer, a preguntas de la fiscal y del abogado del Estado, el inspector de Hacienda repasó uno a uno los folios del informe. Y ratificó su contenido. Entre otras afirmaciones, aseguró que quedaba acreditado que hubo sobrecostes en la construcción del parque, que hubo empresas cuya tipología evidencia que no estaban preparadas para realizar las obras que supuestamente les fueron encomendadas (o bien por el objeto social o bien por el número de trabajadores), y que en la contabilidad inspeccionada figuran facturas de mercantiles previas a su propia constitución.
El inspector de Hacienda también expuso, a preguntas de la fiscal y del abogado del Estado, irregularidades en el control de ejecución de obras y diferencias entre las cifras aprobadas en las distintas concesiones y las pagadas. A preguntas de la representante de Terra Mítica, Esteve Carbonell insistió en la existencia de facturas que aparentan no corresponder a servicios contratados o bien porque se pagaron antes de que se realizaran o bien porque el concepto no se ajusta al contrato.
Esteve Carbonell explicó que para la inspección de Hacienda estaba perfectamente clara la existencia de una trama cuya finalidad era reducir al mínimo posible el pago de impuestos. Según su testimonio, en el que tuvo, según fuentes del caso, duros enfrentamientos verbales con algunos de los abogados de los imputados, la trama estaba organizada en cuatro escalones y el primero lo formaban empresas que en su mayoría no han tenido ninguna actividad o, en algún caso, residual y nada relacionada con los servicios por los que facturaron. Además, Esteve Carbonell dejó claro que para Hacienda es un solo expediente porque ha sido necesaria la colaboración de todos los implicados para la consecución del fraude. El inspector de Hacienda, señaló ante las partes facturas concretas que a su juicio demuestran que un mismo servicio tuvo valoraciones distintas y que por él se pagó a firmas de muy escasa actividad cuyo objeto social en algunos casos ni siquiera estaba definido. Y dijo que las más sospechosas para él eran las relacionadas con el riego.
La sesión se interrumpió durante una hora y continuó por la tarde con las preguntas de los abogados de los imputados. Los interrogatorios más largos correspondieron a los representantes legales de Luis Esteban, ex presidente de Terra Mítica; de Miguel Navarro, ex director general del parque de Benidorm; de Justo Valverde, ex director de adjudicaciones; Antonio Rincón, ex responsable del departamento técnico; Miguel Izquierdo, ex responsable del departamento financiero; y Vicente Conesa, empresario que figura al frente de dos empresas a las que se adjudicó la mayoría de obras de jardinería del parque y que son las que están bajo sospecha. Conesa ya fue investigado en 1995 por la supuesta adjudicación irregular de varios proyectos por parte del Ayuntamiento de Benidorm cuando Eduardo Zaplana, actual portavoz del PP en el Congreso, era el alcalde.
Los abogados de los imputados, especialmente los representantes de Vicente Conesa y Moreno Carpio, preguntaron al inspector sobre el origen de algunas de las conclusiones recogidas en su informe que se refieren a los sobrecostes. Esteve Carbonell repitió en varias ocasiones que especialmente en el ejercicio de 2000 se podía comprobar el incremento injustificado sobre determinadas obras casi idénticas realizadas en fases previas de la construcción del parque. También señaló la relación de todas las empresas con las firmas de Conesa, que a su juicio queda acreditado a pesar de una arquitectura de testaferros.
Antes que el inspector de Hacienda, compareció el empresario José Emilio Llopis, de la empresa Gribal -incluida en el segundo escalón de la trama de facturas falsas- que se negó a declarar. Llopis, imputado en la causa, se acogió a su derecho a no declarar. Durante toda la jornada, apuntando a su abogado, estuvo el empresario Vicente Conesa, también imputado, y a quien varios de los 31 imputados han señalado como el eslabón entre Terra Mítica y la cadena de subcontratas. De los 4,4 millones de euros presuntamente defraudados, 2,8 millones de euros se imputan a dos empresas de Conesa.
(El País, 4 de julio de 2006)
El inspector de la Agencia Tributaria encargado de analizar la contabilidad de la trama empresarial que defraudó a la Hacienda Pública 4,4 millones de euros y cobró cerca de 10 millones a la empresa Terra Mítica (participada por la Generalitat Valenciana, que tiene el 20% de las acciones) por trabajos nunca realizados, informes nunca redactados o material nunca entregado ha detallado ante el juez todas las irregularidades descubiertas durante su investigación. En su declaración, el inspector, cuya identidad quiere mantener en el anonimato la Agencia Tributaria, señala que Terra Mítica ha cometido "dolo en cuanto que ha deducido unas facturas con conocimiento de que eran falsas y ha perjudicado a la hacienda pública".
Su relato ante el juez, del pasado 3 de julio, consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. Para la investigación, la Agencia Tributaria contó con la colaboración de la Seguridad Social y del Servicio de Empleo de la Generalitat, para conocer el historial de las empresas implicadas, muchas de las cuales carecían de trabajadores en el momento en que facturaron los trabajos o, en algún caso, acababan de constituirse. El inspector de Hacienda también pudo acceder a la información facilitada por los bancos en los que las distintas empresas ingresaban y sacaban el dinero obtenido por su actividad irregular.
Lo que sigue es un resumen de las principales revelaciones del inspector de Hacienda al juez:
- Trabajadores inexistentes. Uno de los datos que permitieron a Hacienda saber que las facturas eran falsas fue que algunas de las empresas no tenían trabajadores para realizar los encargos. La Agencia Tributaria solicitó a la Seguridad Social la relación de trabajadores que habían participado. "Estamos ante obras, obras públicas en algunos casos, en muchos casos, donde existe una cadena de contratación de contratistas y subcontratistas (...) sería de sentido común llevar una relación de trabajadores. Se han requerido a determinadas empresas que han recibido estas facturas. Por lo general, manifestaban que no las tenían. Incluso, preguntados los trabajadores, por lo general no reconocían haber estado trabajando en estas obras".
- Fraude en la facturación. Otro de los aspectos analizados es la propia facturación, donde Hacienda apreció "incongruencias". "Había empresas que emitían hasta tres facturas con el mismo número en el mismo año, estoy pensando en Altos del Carrichal, que tiene hasta tres veces repetida la factura 11, está en el informe 3. Una era por la obra real, porque sí tenía trabajadores contratados para la obra de unos adosados en Vinalesa. Existían trabajadores, existía la factura 11 por esos trabajos. Y luego existían otras dos facturas con el mismo número", dijo el inspector al juez.
- Anomalías en los precios. Y había "facturas cuyo orden secuencial numérico no coincidía con el orden temporal". "Había incongruencias en cuanto a precios. Los mismos trabajos, o prácticamente los mismos trabajos, que el proveedor facturaba a una de estas empresas eran posteriormente facturado por el que las recibía a su cliente a un precio que a veces hasta superaba el triple del importe. En algunos casos, hemos detectado errores que se repetían durante varios meses, que no es lógico".
El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama ha tomado ya declaración a casi los 32 imputados. El próximo día 25 lo hará a 13 testigos, entre ellos, el actual director del parque, John Fitzgerald.
La declaración ante el juez del inspector de Hacienda que firmó el informe que sirvió para que la Fiscalía de Valencia presentara una denuncia y se abriera una causa para investigar la trama no deja lugar a dudas respecto a la implicación de la empresa Terra Mítica en este proceso irregular. El inspector de Hacienda tiene claro que existía una trama organizada en cuatro escalones de empresas que iban endosándose pagarés para pagar facturas creadas por las más modestas por servicios nunca prestados. Las defensas de los imputados creen que el informe es parcial y que las conclusiones no han sido comprobadas, que muchas de las obras que el representante de Hacienda dice que no se han hecho no han sido inspeccionadas sobre el terreno. Y Terra Mítica, además de negar su participación en la trama, se considera, en todo caso, víctima de una estafa. Pero el inspector de Hacienda es contundente: esa cadena de facturas la acababa pagando Terra Mítica. Esa sucesión de endosos, ese trasiego de facturas que acababa cobrando una mercantil que ni siquiera había realizado el presunto servicio, acababa en Terra Mítica en muchos casos, cuando no en otras tres sociedades situadas a su mismo nivel. Ese entramado se ha convertido en un procedimiento por supuestos delito fiscal, falsificación de documento mercantil, alteración contable y estafa.
Testaferros. El informe que sirvió de base para denunciar a las 20 empresas y a los 32 responsables de las mismas, entre ellos cinco ex directivos de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que en su mayoría ya han declarado. Dos de los imputados han evidenciado el mecanismo de fraude: se constituían sociedades, al frente de las cuales había testaferros, cuyo objeto era servir a otras con mayor volumen de negocio para proveerlas de facturas falsas que, a su vez, servirían para estafar a Hacienda al menos 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001.
(El País, 5 de septiembre de 2006)
Septiembre de 2006