A principios de los ’80 medio mundo fijaba su interés en lo que estaba sucediendo en un pequeño país de América Central: Nicaragua. Aunque desde el triunfo de la Revolución Cubana, incluso antes, en América Latina habían germinado decenas de propuestas revolucionarias de carácter socialista, hasta ese momento sólo en Nicaragua había triunfado. Pero este país se encontraba en el patio trasero de los Estados Unidos, por lo que la viabilidad de la revolución era más que dudosa.
Fue entonces cuando empezaron a surgir organizaciones de apoyo a la revolución “nica”. La mayoría empezaron a enviar grupos de militantes, las llamadas “brigadas de solidaridad”, con el objetivo de dar apoyo a la Revolución. Formalmente consistían en grupos de trabajo voluntario que durante un periodo breve de tiempo, generalmente un mes, se desplazaba a alguna localidad para contribuir como mano de obra no cualificada en la construcción de infraestructuras (escuelas, centros sanitarios, carreteras,...), en labores agrícolas (recolección del café, zafra, etc.) o en campañas educativas (alfabetización). Pero a nadie se le escapaba que el principal papel de los brigadistas era dar cobertura internacional a un proceso revolucionario que, en el contexto de la Guerra Fría, se estaba enfrentando o era acosado por la hegemonía norteamericana.
Al poco tiempo esta modalidad de viajes solidarios empezó a reproducirse a favor de otros procesos insurreccionales como los de Guatemala y el Salvador. También el conflicto sahariano, que se incrementó tras la invasión marroquí y el triste papel descolonizador del Estado español, generó un movimiento de solidaridad que propició este tipo de viajes de apoyo político a los campamentos de refugiados de la Hamada de Tinduf (Argelia).
Ya en la década de los ’90 y terminada la Guerra Fría los procesos revolucionarios de carácter socialista en América Latina empezaron a decaer. En el nuevo contexto político unipolar las organizaciones sociales que habían apoyado esas luchas empezaron a cambiar de naturaleza: muchas se convertirán en organizaciones no gubernamentales, estructura formal que permitía acceder a fondos públicos destinados a la cooperación al desarrollo, fondos, estos, en rápido crecimiento en concordancia con un Estado Español que escalaba a marcha forzadas posiciones en la lista de países ricos. Aquellas “brigadas” también empezaron a cambiar su naturaleza cuando las nuevas ONGD empezaron a vislumbrar que el viaje podía ser útil a sus nuevos intereses y objetivos.
Por un lado, podía ser una interesante herramienta de sensibilización. A partir de la década de los ’90, la sensibilización fue convirtiéndose en un ámbito de trabajo cada vez más importante para la mayoría de las ONGD españolas. Con este objetivo, los viajes aparecieron como una posible herramienta de sensibilización, que permitía dar a conocer in situ la realidad de los países del Sur. Acompañado de actividades más o menos intensas de preparación antes del viaje, el objetivo iba más allá de sensibilizar a los turistas: se les quería convertir en agentes de sensibilización a su regreso. Se suponía que la formación y el viaje debía convertir a esos viajeros, o a una parte substancial de ellos, en activistas de la cooperación.
Y esto concordaba con un nuevo segundo objetivo del viaje: la posibilidad que parecían ofrecer estos viajes de incrementar la base social y de voluntariado. En algún espacio estos nuevos activistas tendrían que desarrollar su actividad, y lo lógico era pensar que fuera en la ONGD que los había reunido y formado.
Y es que el proceso de institucionalización de las ONGD, caracerístico de los ’90, supuso cambios en cuanto a las fuentes de obtención de legitimidad. Durante los ’80, para las entidades de izquierda, especialmente los movimientos de solidaridad internacionalista, ésta legitimidad parecía darla el nivel de compromiso político y la relación de alianza política establecida con las organizaciones del Sur que participaban en la lucha que se apoyaba. La legitimidad se conseguía, por tanto, por “contagio”, en la medida que el socio o socios locales ya poseían esa legitimidad. A partir de los ’90, las fuentes de legitimidad parecen cambiar como resultado de ese proceso de institucionalización. Entre otras, ahora lo será el número de socios y voluntarios, o la capacidad de obtener ingresos propios.
Otra nueva finalidad se encontrará al viaje en la presente década. Con el tiempo se fue observando como esos viajes generaban, aunque modestos, ingresos económicos para las organizaciones, comunidades, grupos de interés o unidades domésticas del Sur que recibían a los turistas y gestionaban la actividad. Ante esta situación, se fue gestando un nuevo objetivo para los viajes solidarios: también podían ser una herramienta de cooperación internacional, en la medida que podían convertirse en una fuente de ingresos para la población beneficiaria. En el Estado español, entidades que organizaban viajes empezaron también a desarrollar proyectos de cooperación en este sector como una acción complementaria. Estas acciones consistían en formación, construcción de infraestructuras, dotación de equipos, acciones de promoción, etc.
Es importante señalar que la aparición de nuevos objetivos no implicó la prescripción de los anteriores, sino su coexistencia: la oferta actual se compone de viajes que, implícita o explícitamente, presentan todo el abanico de fines que han ido surgiendo. Simplemente, a medida que fueron apareciendo estos nuevos objetivos, los anteriores vieron como iban perdiendo espacio y prioridad, pero sin llegar a desaparecer.
Importante es destacar como el “viaje solidario” fue reduciendo y perdiendo su rol ideológico original a medida que se le fue incorporando nuevos objetivos más neutros. Esta despolitización es evidente cuando vemos que también sirve a objetivos de organizaciones explicitamente conservadoras. Así, por ejemplo, encontramos que es utilizada por organizaciones con políticas de apadrinamiento, como la Fundación Vicente Ferrer o la Fundación Intervida, herramienta ésta que entronca con propuestas caritativas y asistencialistas muy alejadas de los planteamientos que defienden las organizaciones de izquierda. O vemos que también hacen uso del viaje obras sociales corporativas, como la de Bancaja o la Fundación ADECO, entidades que, por su propia naturaleza (surgen y dependen de la gran empresa privada), tampoco se les puede achacar tendencias progresistas.
Este proceso de despolitización del viaje se ha acentuado todavía más en los últimos años, cuando ha surgido el convencimiento de que era un producto comercializable con un nicho de mercado por desarrollar. Académicos y estudiosos provenientes mayoritariamente del ámbito turístico empiezan a fijarse y a estudiar este fenómeno, que parece estar en crecimiento, y a valorar sus posibilidades como producto específico. Cabe señalar que para estos estudios académicos, el turismo de ONGD ya aparece como un producto turístico indistinto desde el punto de vista ideológico, más allá de la consideración, cada vez más neutra políticamente, de “solidario”. En realidad, la etiqueta “solidario” aparece en sus estudios como el valor añadido que permite a estos viajes generar un nicho de mercado; es decir, aparece como un valor comecializable.
El mundo unipolar que parecía consolidarse tras el fin de la Guerra Fría se está rompiendo, especialmente en regiones como América Latina. En este nuevo contexto político, y con el fortalecimiento de unos movimientos sociales antisistema cada vez más propositivos, las ONGD que apuestan por una cooperación transformadora se ven en la tesitura de reconsiderar su situación y sus herramientas. Y entre estas, el “viaje solidario”. Toca repensar este instrumento, lo que pasa por repolitizarlo rompiendo esa tendencia que lo está llevando a convertirse en otro producto con valor añadido para una sociedad occidental cada día más deseperada por consumir.
Artículo publicado originalmente en el Boletín Digital Turismo Responsable editado por Alter Nativas
Julio de 2009