En abril pasado, el semanario mexicano Proceso denunciaba que, en contravención a la Constitución del país, 2 mil 200 kilómetros de litoral en Baja California han sido “privatizados” desde el sexenio de Carlos Salinas. Noventa por ciento de los nuevos propietarios serían estadunidenses. Con la coartada del “turismo ecológico”, “el desarrollo sustentable y la creación de empleos”, la región presencia, sin que reaccione la sociedad civil, una alteración definitiva de su medio ambiente.
Artículo publicado por Anne Vigna, de la ONG francesa Echoway, en Le Monde Diplomatique (edición mexicana), este mes de diciembre.
Diciembre de 2008